Democracia y periodismo / Hebert Gatto

En la segunda posguerra gana terreno la idea de la democracia como un modo de organización social complejo cuyo valor se incrementa con la participación y el debate informado de sus ciudadanos y cuyas decisiones, como ha enseñado el liberalismo, reconocen como límites infranqueables los derechos humanos. El nuevo modelo, conocido como democracia deliberativa, admite en la ética comunicativa de Jurgen Habermas o en el diálogo contrafáctico de John Rawls, su fundamentación teórica.

En lo que refiere a los periodistas esta concepción encierra fuertes implicaciones porque potencia su función. La deliberación popular que propone como constitutiva de la opinión pública, aún cuando supone la participación no implica retornar a la democracia directa reinstalando la asamblea o algún sucedáneo de ella como órgano de gobierno.

La deliberación ciudadana no puede pensarse a nivel del Estado sin afectar la representación, modalidad institucional irremplazable de la actual democracia parlamentaria; de allí que el rol de los ciudadanos sea informal y su ámbito de acción se localice en la sociedad, precisamente donde la influencia pedagógica y formativa del periodismo en todas sus modalidades es sobresaliente.

Lo que significa asignar a los profesionales de los medios el objetivo de promover una cultura dialogal y participativa en la población de modo de facilitar la interacción entre el heterogéneo mundo social y las estructuras formales de poder.

Será respecto a este marco plural que constituye la sociedad civil, donde surgen como necesarias normas que regulen la profesión. Adela Cortina, reconocida especialista española en esta problemática las resume, adelantando lo que constituyen los grandes principios, la arquitectura mínima de un código universal de ética profesional.

La primera de sus normas refiere al modo de concebir a cada uno de los lectores potenciales como destinatarios de la creación periodística. En este sentido le es vedado al periodista manipular al público. Todos sus integrantes, sin excepción, son personas, fines y no medios, interlocutores válidos con los que merece la pena entenderse sin ocultar nunca desde qué posición se enuncia.

En ello radica el presupuesto básico de la actitud dialogal del periodista, promotor de una comunicación que invite a la reflexión y la respuesta y no a una aceptación acrítica de sus palabras. Lo que significa reconocer que se relaciona con seres humanos provistos de dignidad a los cuales no debe en ningún caso violentar en sus convicciones, como si de objetos se tratara.

Para ello, para respetar a sus interlocutores, el periodista ha de ceñirse a las cuatro pretensiones de validez del habla, tal como las desarrollan las éticas comunicativas: inteligible en sus trabajos sin que esto implique empobrecer el mensaje, sincero y fiable, porque si no lo fuera no estaría sirviendo a la opinión pública sino a sí mismo, además de verdadero en sus dichos y correcto en sus evaluaciones, con las limitaciones del concepto de verdad y moralidad que son inherentes al hombre.

Esto, a su vez, implica reciprocidad; principios que la sociedad y la justicia deben recoger cuando juzgan o evalúan al periodista. Por lo que en tanto éste no se valga de una actitud maliciosa, es suficiente con exigirle, además de respeto a las reglas generales de su disciplina, razonabilidad y sentido común en sus apreciaciones y en la valoración de sus fuentes.

Extremo que debería apartar definitivamente a la profesión de la siempre pendiente amenaza del derecho penal.

De lo que se trata entonces, es de fijar por los propios interesados un canon, un conjunto sistematizado de principios regulativos, para que en su paulatino respeto vaya generando por habituación una actitud virtuosa que facilite la autorregulación de la profesión.

Lo que no significa ni complacencia ni privilegio sino internalizar una disposición generalizada que otorgue garantías al gremio y a espectadores y lectores.

Algo que el periodismo uruguayo practica intuitivamente desde hace años por más que aún no esté contenido en un deseable código ético que armonice con los requerimientos de la democracia contemporánea.