Vivienda: un plan conJUNTOS? /Martín Apecech

“La política de vivienda para los sectores más humildes no es una política de viviendas: es un plan ético.” (Presidente José Mujica en su espacio radial).

De esta forma el Presidente Mujica, en el marco del “Plan Juntos”, define conceptualmente el punto de partida de la estrategia para encarar una problemática que nos es común a muchos orientales, la vivienda. Estas expresiones supondrían anunciar un proyecto que implique un desembarco de medidas contenidas en una política nacional de vivienda, pero como carece de tal carácter, nos permitimos algunos comentarios de forma y de fondo sobre la iniciativa.

Compartimos, claro está, su preocupación y saludamos las energías que el mandatario invierte en procurar con cierta premura soluciones habitacionales a un sector de la sociedad; lo que no acompañamos, como cuestión primera, es la forma que el propio Presidente le imprime a esta idea. El hecho de ensayar por decreto artilugios que asignan una seudo oficialidad a este plan, nos resulta poco procedente. Esta bueno que el Presidente apoyé y facilite instrumentos para que cualquier ciudadano o institución impulse iniciativas que aborden ésta u otra problemática, pero existiendo Ministerios y Organismos desconcentrados con idéntica misión y áreas específicas para gestionar una iniciativa de ésta naturaleza, entendemos que agregar un ámbito más a ese universo ya existente nos parece sumamente redundante e innecesario. Nos queda la sensación que el Presidente en vez de apoyar y apoyarse en las estructuras estatales, mandatadas a esos efectos, opta por la paradoja de crear una especie de ONG dentro del propio Estado.

Quizás resulte una frivolidad y tengamos como respuesta múltiples visiones poco concluyentes, pero vale la pena preguntarnos: Esta bien que el Presidente done parte de su salario para contribuir a un proyecto de viviendas? Es correcto que el Presidente recorra empresas con el pretexto de “adquirir” bienes y recoger la buena voluntad de empresarios amigos para un proyecto de este nivel?

Aunque se cumpla la premisa seguro las respuestas tengan afirmaciones comunes; la referencia inmediata a la necesidad y a la urgencia de atender un problema sumamente angustiante en nuestra sociedad, por otro lado, probablemente coincidirán en otra pregunta de rigor y un tanto naif: Bastará parte del salario presidencial y la solidaridad caritativa de uruguayas y uruguayos para hacer frente a este problema? Lo que no resulta superfluo ni ingenuo es preguntarnos si este mismo criterio, el adoptado por el Presidente Mujica, será el que se instrumentará en las demás urgencias que el país y la sociedad requieren?

En lo que a vivienda compete, nuestra norma legislativa, artículo 45 de la Constitución, define claramente los derechos ciudadanos y establece las obligaciones del Estado en esta materia. Creemos que no existe expresión más clara y contundente al respecto, un texto muy general por cierto, pero que implica derechos y deberes específicos, asigna responsabilidad intransferible, tiene un basamento solidario y no deja dudas del carácter ético con el que inspira la norma.

La responsabilidad del Estado en implementar políticas que continenten, de modo integral, las necesidades de vivienda, tiene su tradición en el Uruguay; hacia fines del siglo XIX se crea el Banco Hipotecario del Uruguay y luego se nacionaliza, otro hecho trascendente y más contemporáneo se remonta a la Ley 16.112 del año 1990 que da paso a la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, lo más reciente, lo constituye la creación de la Agencia Nacional de Vivienda, en abril del 2007, con el cometido de facilitar el acceso a la vivienda de los uruguayos; en los últimos años se agrega la incorporación del Banco de la República interviniendo con líneas de créditos sociales en la misma dirección. Por lo tanto, esta claro que nuestro Estado cuenta con el marco jurídico y los instrumentos necesarios para actuar en este sentido. No se puede negar que estos ámbitos no han desarrollado su misión adecuadamente, la existencia y proliferación de asentamientos y de vivienda precaria, entre otros, es el resultado de una mala administración y gestión de estos sectores.

Entendemos la particularidad, por lo complejo, que representa la necesidad de erradicar los asentamientos, pero no compartimos el camino que elige nuestro respetable Presidente. A nuestra modesta opinión, orientar un programa de esa magnitud, requiere la implementación de líneas muy específicas y fundamentalmente interconectadas con un conjunto de medidas que involucren cuestiones de territorio, educación, salud y servicios entre otros.

Ahora bien, si las iniciativas, como la que constituye el Plan Juntos, no se enmarcan en un proyecto global de viviendas, es decir, si el país y fundamentalmente los ámbitos oficiales que indicábamos anteriormente, no establecen planes integradores e integrales para todos, vale subrayar la dimensión de “todos”: los que viven en asentamientos y los que no, atendiendo a los sectores de asalariados medios y medios bajos que hoy por hoy no cuentan con las posibilidades crediticias o subsidios que resuelvan sus necesidades habitacionales, las inversiones y los pequeños y dignos esfuerzos colectivos e individuales, como lo significa la actitud Presidencial, serán totalmente en vano.

Uno de los componentes, que vale la pena insistir, de la integración social que el Uruguay debe procurar, son las políticas de vivienda y ordenamiento territorial. Las Políticas de Vivienda son parte insoslayable de las Políticas Sociales del país. La puesta en escena de medidas en este ámbito, más aún cuando se trata de abordar la precariedad de vivienda, requiere de criterios bien orientados. Al momento de intervenir debemos considerar reglas claras que dinamicen la construcción, restauración y reciclaje, incentivando a mejorar la calidad arquitectónica y la oportunidad de los proyectos sobre la trama urbana. Es decir: urbanizar donde corresponda, propender a una planificación sostenible del crecimiento urbano. En este marco conceptual nuestra visión sobre el Plan Juntos del Señor Presidente es poca alentadora, coincidimos en la importancia de tomar acciones urgentes, pero el “hacer ya” no es suficiente y hasta puede ser contraproducente, lo fundamental es hagámoslo bien.

“JUNTOS”, ante todo debería suponer la incorporación de medidas que profundicen la reestructura de entidades estatales, Ministerio de Vivienda, BHU, ANV y BROU, desburocratizando su gestión crediticia y dotando de recursos para construir nuevas unidades. De igual modo, el plan propuesto debería contar con referentes indiscutidos como lo constituyen la institución MEVIR que cuenta con años de trabajo aportando de modo eficiente al mejoramiento de las condiciones habitacionales, también del emprendimiento civil llamado “Un techo para mi país “que en los últimos años ha aportado muchísimo como paliativo al problema.

El sentido de solidaridad y ética debe darse en cumplimiento de la responsabilidad que Estado y Gobierno tienen. Nos resulta sumamente elogioso que al Señor Presidente Mujica le aflija concretar medidas en un corto plazo sobre las urgencias que la gente demanda, pero las acciones aisladas y que enmienden a un solo sector de la sociedad contribuyen y alientan a un Uruguay mas fragmentado e injusto.