Como resultado de la experiencia reciente de la campaña electoral 2009-2010, varios dirigentes partidarios, analistas y periodistas señalan la necesidad de encontrar soluciones que permitan acortar un período electoral que se evalúa como demasiado extenso.
Hay indicadores objetivos que así lo demuestran, la gente ha terminado harta de escuchar la tanda publicitaria y los correspondientes actos y movilizaciones propios de la campaña electoral; del otro lado del mostrador los dirigentes, los candidatos y los militantes también han sentido que el esfuerzo realizado se ha extendido de manera exagerada a lo largo del tiempo.
De modo que la idea de que la campaña electoral ha sido muy larga está extendida en el mundo político y es por ello que han comenzado a expresarse propuestas que buscan dar respuesta a esta circunstancia.
La búsqueda de soluciones, como es tradicional en nuestro país, se ha dirigido inmediatamente al examen de las reglas de juego vigentes y su eventual modificación. Es un reflejo clásico de los uruguayos recurrir a la reforma del marco jurídico cada vez que se detecta algún problema, carencia o deficiencia en el funcionamiento del sistema político.
En este caso, la cuestión se ha concentrado en la discusión sobre la mantención o no de las elecciones nacionales separadas de las elecciones departamentales. El argumento es atractivo; las elecciones departamentales son la cuarta instancia electoral del proceso y se realizan casi un año después del evento inaugural que son las elecciones internas. El adelanto de las elecciones departamentales a octubre, volviendo a la simultaneidad anterior, aunque manteniendo la libertad del elector para combinar sus opciones de voto en lo nacional y en lo departamental, reduciría el tiempo electoral a cuatro o cinco meses, en lugar de los once meses actuales.
Pues bien, si analizamos con objetividad lo ocurrido en el reciente proceso electoral, tendremos que concluir que la mayor parte del incremento del “tiempo de campaña” no tuvo que ver con la fecha de las instancias electorales sino con el hecho de que algunos de los partidos se “pusieron” en situación de campaña de forma muy temprana, generando el clima preelectoral con una anticipación sorprendente.
En efecto, si recorremos la agenda mediática de 2008 encontraremos que desde comienzos de año, más concretamente desde enero de 2008 ya se había disparado la situación preelectoral en los dos partidos más grandes.
En el Frente Amplio a comienzos de 2008 la incertidumbre sobre un eventual impulso reeleccionista, junto a la señal creciente de que José Mujica podría ser precandidato ya había generado un clima preelectoral en la interna del partido de gobierno y, por lo tanto, también en la opinión pública. En el Partido Nacional en esa misma fecha ya se anunciaba que el Dr. Luis A. Lacalle había revisado su posición de retiro y que “volvía a la cancha” con el objetivo de ser precandidato presidencial de su partido.
Estas acciones, como es obvio, generaron la activación de sus competidores, de forma tal que a mediados de 2008 la situación de campaña electoral ya era un hecho y comenzaban a sucederse los actos públicos y las movilizaciones. Incluso la cartelería de vía pública, como nunca antes, a fines de 2008 ya ocupaba importantes espacios en la capital y en diversas ciudades del Interior del país.
Estas circunstancias no se resuelven con modificaciones normativas. Se podrá reducir el tiempo que transcurre entre una elección y otra, pero las decisiones políticas de los sectores y partidos que generan una dinámica y un clima preelectoral no se resuelven con ninguna reforma de las normas electorales.
Esto no quiere decir que no sea necesario estudiar el problema de que las elecciones departamentales se realizan muy cerca de las elecciones nacionales. Aunque debe tenerse presente que la separación en el tiempo de ambas instancias ha permitido, como no ocurría antes, que la discusión sobre los temas de gobierno departamental adquiera una centralidad inédita.
Debe tenerse presente, además, que ya en el año 2004, con el afán de acortar los tiempos de campaña electoral, se movió la fecha de las elecciones internas de abril a junio acortando los tiempos en dos meses.
Entonces, afinemos el diagnóstico sobre las causas de la extensión de las campañas electorales para que la decisión sobre las modificaciones necesarias no sea errónea.
Si no queremos que las campañas electorales sean tan extensas, más allá de los cambios normativos que puedan realizarse, es imprescindible que la acción política de los partidos no adelante los tiempos electorales; y para ello no hay reforma electoral que valga.
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