Cárceles: las responsabilidades políticas existen / Pablo Mieres

La tremenda tragedia ocurrida la semana pasada en la cárcel de Rocha con el horrendo saldo de doce presos muertos calcinados es un espantoso indicador de la incalificable situación de nuestras cárceles.

Un horror inaceptable para un país que se pretende avanzado en materia social; un dato que no puede ser admitido como parte de una sociedad que ha logrado niveles de bienestar y crecimiento que son totalmente incompatibles con estas situaciones.
Se ha intentado deslindar las responsabilidades políticas señalando que este gobierno solo lleva cuatro meses de gestión. Sin embargo, es imposible obviar que este gobierno es explícitamente y voluntariamente continuador del gobierno anterior, por lo que la gestión del Frente Amplio ya lleva cinco años y cuatro meses, tiempo más que suficiente para haber resuelto, al menos las aristas más dramáticas y urgentes de este tema.

Cierto es que la nueva Administración no ha tenido tiempo para revertir la situación existente y también es cierto que en base a los acuerdos multipartidarios se han consensuado diversas medidas que están en proceso de ejecución, incluida la sanción de nuevas leyes que permitan avanzar con la celeridad debida.

Pero no menos cierto es que el drama carcelario era ya muy grave cinco años atrás, cuando asumió el primer gobierno del Frente Amplio. Impacta recordar lo que el Dr. Tabaré Vázquez comprometía al asumir la Presidencia el 1º de marzo de 2005 en su discurso de la Explanada del Palacio Legislativo:

“La grave situación existente en las cárceles y la falta de atención a las víctimas del delito, nos determina declarar, a partir del día de hoy, el estado de emergencia humanitaria en todo el país. Para superarlo, para superar este estado, cumpliremos medidas de urgencia e iniciaremos inmediatamente el proceso de medidas de corto y mediano plazo: a) Medidas de urgencia para encarar resueltamente los problemas de hacinamiento, alimentación y salud en todos los establecimientos penitenciarios, procurando involucrar a instituciones y a las personas privadas de libertad y sus familiares en forma ordenada y respetuosa de sus necesidades humanas, comisiones por unidad, comisiones por módulo, y atención inmediata de los procesados sin condena, informándoles del estado del expediente judicial y ayudándoles al más rápido trámite del mismo, recurriendo a estos efectos a la colaboración voluntaria y honoraria de abogados jóvenes y de estudiantes. Tener en cuenta uruguayas y uruguayos que la Tasa Media Mundial de población carcelaria de un país, respecto a la población total del mismo es de 0.5 por mil. De acuerdo a esa estadística, Uruguay debería tener unos 1500 presos, hoy tiene casi 7000, la mayoría jóvenes y pobres, y la pobreza no se combate construyendo cárceles para jóvenes.”

Nada, ni una sola de las medidas anunciadas fue aplicada durante el mandato del gobierno anterior. La única modificación ocurrida en el pasado período de gobierno fue que en vez de siete mil, ahora hay más de ocho mil presos.

Es cierto que se aprobó una ley que irónicamente se denominó de “humanización de las cárceles” cuyo fracaso es tan notorio como la horrible realidad actual.

Posteriormente poco o nada se hizo al respecto. Fue necesario que nos visitara un observador de Naciones Unidas y nos dijera, para gran vergüenza nacional, que nuestras cárceles eran de las peores del mundo, para que empezaran tímidas reacciones que, transcurrido casi un año del mencionado informe, no generaron ningún efecto.

Es más, desde que nos visitó el observador internacional, con las muertes de la semana pasada, ya van diecinueve presos muertos como resultado de tres incendios en diferentes cárceles de nuestro país.

Demasiado escandaloso para obviarlo o para hacer como si nada hubiera pasado. No se gana nada pidiendo la renuncia de un Ministro que está trabajando con el apoyo de los demás partidos para revertir esta situación; pero la responsabilidad del gobierno anterior es inexcusable y nadie debería negarlo o, menos aun, “mirar para otro lado”, puesto que casi todos los jerarcas del actual gobierno tuvieron responsabilidades de gestión directa en la anterior Administración