Secundaria a prueba

La comisión multipartidaria de educación plantea llevar a cabo una reforma estructural de la enseñanza media en el actual período de gobierno. Los ejes de la discusión al momento son: la concentración de profesores en un liceo, la creación del Instituto Universitario de Educación y la instalación de una prueba nacional de egreso de secundaria, que generó polémica en el ámbito docente.

Con la idea de transformar el sistema de educación media, la comisión integrada por los cuatro partidos políticos se encuentra elaborando un proyecto que tiene como fin subsanar los problemas que afectan hoy a la enseñanza secundaria. Se destacan el bajo número de egresos (un tercio del total de estudiantes) y la incapacidad para aumentarlo (en los últimos veinte años, pese a los sucesivos intentos, el número de egresos no ha variado sustantivamente), además de la gran diferencia de accesibilidad a la educación entre los distintos sectores sociales y las diferencias de nivel educativo entre los egresados.

Desde la comisión se subraya que el documento elaborado es un proyecto de los partidos y, a partir de que sea aprobado por los mismos, se pondrá a consideración de los docentes, las autoridades de la educación y la opinión pública, para proyectarse luego como política de Estado.

La propuesta principal es establecer una “prueba nacional de egreso” del liceo. En un principio sería a modo de diagnóstico, para evaluar las asimetrías existentes entre los jóvenes que egresan de sexto año en todo el país. Es destacada por sus impulsores como una medición sin precedentes para conformar una base de datos objetivos y claros.
Tal como declaró el delegado del Partido Independiente Javier Lasida a El Espectador, el objetivo es tener “en cuanto a aprendizaje de los estudiantes, una información precisa, rigurosa y comparable de cuánto aprendieron y qué aprendió cada uno de los que egresan de la educación media”. La propuesta es que la prueba se realice desde el Instituto de Evaluación (cuyo principal cometido es evaluar la calidad de la educación nacional, a través de estudios específicos) que se creó en la Ley de Educación y que requiere un dispositivo independiente a los docentes.

En contacto con Sala de Redacción, el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES) Manuel Oroño manifestó estar “radicalmente en contra” de la prueba nacional de egreso propuesta por la comisión multipartidaria: “Entendemos que el espíritu tiene que ser que la ANEP, el ente autónomo que constitucionalmente se encarga de lo educativo -por supuesto que atendiendo a todos los actores involucrados a la educación-, es la que tiene que llevar adelante la política educativa, teniendo su propio sistema de evaluación. No debe existir un organismo externo, con una objetividad que nunca existe, que diga ‘este liceo es bueno, éste es regular, estos profesores tal cosa, éstos tal otra’, y que eso empiece a circular en los grandes medios de comunicación y se diga ‘no, el liceo de Artigas obtuvo resultados espantosos comparado con el otro’”.

El funcionario declaró que el proyecto apunta a la “mercantilización de la educación, ya que es un elemento tomado de la política de calidad de las empresas. Lo que van a hacer es utilizar la educación como una mercancía más, y por lo tanto, usar los indicadores para hacer que el potencial consumidor (no usuario), en este caso de educación, evalúe qué producto consume”. Y aclaró: “En lo que no estamos de acuerdo es que sirva para generar un ‘ranking’ educativo a nivel nacional que contribuya a reflotar o reavivar un ‘mercado educativo’”.

La propuesta de FENAPES según Oroño es “que se discuta en concreto qué se quiere, y en función de eso si la ANEP puede tomar medidas para realizar algunas evaluaciones. Pero si es cuestión de apurar la cosa, para que este organismo externo, apolítico, objetivo dé información pública sobre los estándares de educación y calidad, no”.

Además de la prueba de egreso, los partidos también se encuentran discutiendo la creación del Instituto Universitario de Educación como ente autónomo. Según el documento se apunta a la “profesionalización” del cuerpo docente, evaluando su desempeño en el aula, y fomentando los cursos de posgrado y las investigaciones.

También se toma como iniciativa la “concentración docente” en un liceo. La misma permitiría que los docentes adquieran un sentimiento de pertenencia a una institución, que promueva un mayor conocimiento de la realidad de los alumnos.

Las tres propuestas apuntan -según el documento- a un cambio del sistema educativo que posibilite que para 2015 todos los alumnos culminen el ciclo básico y que la mitad de los adolescentes de 18 años termine el ciclo superior, mientras que para 2030 el objetivo es “que todo joven haya completado los catorce años de escolaridad”.

Marcelo Sajevicas