La nueva coparticipación / Pablo Mieres

También se alcanzaron los acuerdos que permitieron la renovación de la integración de los organismos de contralor después de quince años de desencuentros.

El alcance de este hecho, que se celebró debidamente el pasado lunes en el Palacio Legislativo, supone desde nuestro punto de vista, el comienzo de una nueva época en la que se ha reinstalado la coparticipación política.

En efecto, si analizamos las características más profundas de la democracia política uruguaya debemos concluir que esta se ha sostenido fundamentalmente sobre la base de dos grandes instrumentos que componen nuestra cultura política democrática.

El primer componente refiere a la construcción de las garantías del sufragio, la transparencia de los procedimientos electorales y la fortaleza de nuestro régimen electoral que da certezas sobre los veredictos que surgen del voto de los ciudadanos.

El segundo componente, tan importante como el anterior porque contribuyó grandemente a pacificar nuestra vida política, fue un sistema de coparticipación por el que el partido ganador daba espacios de gestión y participación en los entes y servicios del Estado al otro partido que permanecía en la oposición.

Durante el largo ciclo del viejo bipartidismo, blancos y colorados desarrollaron la coparticipación como un mecanismo que ayudaba al buen funcionamiento de nuestra democracia.

Sin embargo, esa vieja práctica se fue desnaturalizando al tiempo que el bipartidismo entró en crisis. En efecto, cuando ya colorados y blancos dejaron de ser el 90% del electorado y fueron reduciendo sus apoyos electorales a niveles cada vez más cercanos al 50%, mientras emergía un tercer y un cuarto partido, los viejos partidos tradicionales siguieron cultivando un sistema de coparticipación que se convirtió en excluyente en tanto dejó fuera a las nuevas colectividades políticas que representaban a crecientes sectores ciudadanos.

Después de una señal positiva producida en el primer gobierno del Dr. Sanguinetti a la salida de la dictadura que incluyó al Frente Amplio en cargos de la Administración, en los años noventa los sucesivos gobiernos de los partidos tradicionales no integraron en la conducción de los entes y servicios a representantes de los demás partidos.

Esta postura excluyente llegó al máximo en el año 2000, cuando el nuevo gobierno ocupó todos los cargos de la Administración entre blancos y colorados cuando estos representaban apenas el 55% de los votos.

El primer gobierno del Frente Amplio en el año 2005 ratificó la política excluyente y con el 50% de los votos ocupó en forma monolítica todas las responsabilidades de gestión en el aparato del Estado.

Esta lógica excluyente ha estado acompañada de un discurso de polarización y descalificación de los adversarios que ha construido una disputa entre "buenos y malos" sustentado en la proclamación de proyectos alternativos y contrapuestos. Así se construyó el "país de las dos mitades" que muchas veces ha trabado las oportunidades de los entendimientos.

Pues bien, la decisión y la obstinada voluntad del Presidente José Mujica junto a la buena voluntad de todos los partidos de oposición, han transformado esta situación y han reinstalado la vieja coparticipación política, ahora adecuada a la nueva realidad multipartidaria y pluralista.

El 7 de junio se instaló la nueva coparticipación adaptada a la realidad política del siglo XXI que incluye la presencia de cuatro partidos en la corresponsabilidad de gestionar las empresas y servicios del Estado.

Esto no significa cogobierno. En absoluto. La entera responsabilidad del gobierno es del Frente Amplio que tiene a su cargo el Poder Ejecutivo, pero la oposición está incluida en la administración de los entes públicos con la principal función de controlar a la mayoría que es la encargada de gobernar, pero también con la sana intención de aportar y acompañar aquellas iniciativas positivas que ayuden al mejor funcionamiento del organismo correspondiente.

Esta coparticipación tampoco implica la desaparición de las diferencias. Como bien dijo el propio Presidente, no se espera que los partidos de oposición moderen sus discrepancias o sus críticas a la gestión de gobierno. No se ha impuesto ningún tipo de condición a esta coparticipación.

Pero, aunque no exista condicionamiento alguno, la mera coparticipación implica un cambio en las relaciones entre los partidos que seguramente sustituirán la mecánica de la confrontación y la polarización por la competencia y la lucha por la alternancia sin que ello implique una discusión agonal entre modelos excluyentes.

Este es un aporte sustancial que el actual Presidente ha hecho al funcionamiento político de nuestro sistema democrático y es justo y leal reconocerlo así, pues nada obligaba a que así actuara.