Alcances y desviaciones de los acuerdos en educación / Pablo Mieres

De los cuatro grupos de trabajo multipartidarios que se formaron por iniciativa del Presidente Mujica, el de educación era en el que más difícil iba a resultar alcanzar acuerdos. Las diferencias existentes en materia educativa entre los diferentes partidos resultaban muy notorias y visibles; particularmente la Ley de Educación que había aprobado el partido de gobierno al final de la pasada legislatura marcaba una fuerte discrepancia en sus contenidos que era el reflejo de desacuerdos sobre muy variados aspectos de esta materia.

Sin embargo, a pesar de los pesares los representantes de los cuatro partidos destinaron un enorme esfuerzo a identificar y consignar las coincidencias y acuerdos existentes para plasmarlos en un texto o documento que contara con el aval de todo el sistema político.

Dicho documento fue finalmente acordado hace poco más de un mes, y si bien reconoce la existencia de “importantes diferencias, especialmente en cuanto a la Ley de Educación”, se ha reconocido que recoge acuerdos relevantes aunque notoriamente insuficientes.

Los acuerdos se consignan a lo largo de 24 páginas y abarcan los diferentes niveles de enseñanza, desde la educación en la primera infancia hasta la educación terciaria. Incluso recoge el acuerdo para realizar algunos cambios en la Ley de Educación.

En tal sentido, desde ya anunciamos que nos disponemos a redactar un proyecto de ley que recoja los acuerdos alcanzados en este sentido para que la Ley de Educación sea efectivamente corregida en consonancia con los consensos obtenidos.

Sin embargo, lamentablemente el gobierno parece dispuesto a desconocer uno de los contenidos que explícitamente se acordaron en dicho Grupo Multipartidario y ha enviado al Parlamento un Proyecto de Ley que contradice en forma flagrante lo que el Documento expresamente dispone.

Nos referimos a un tema muy importante. Se trata de la norma que crea la Agencia de acreditación y evaluación de las instituciones universitarias. Hoy en día todo sistema de educación superior que quiera ser reconocido como de calidad, serio y moderno debe contar con un ámbito independiente técnica y políticamente que cumpla con la función de acreditar y evaluar a las instituciones que se encargan de la formación terciaria.

Todos los países modernos han puesto en funcionamiento un ámbito de estas características y su ausencia es una señal rotunda de falta de transparencia o incertidumbre sobre la calidad de lo que se enseña. También todos los países modernos poseen normas que establecen que el organismo evaluador debe ser independiente de las instituciones que van a ser acreditadas y evaluadas. Obviamente, además, la normativa comparada en esta materia establece que la agencia encargada de esta función debe tener competencia para evaluar y acreditar a todas las instituciones universitarias tanto públicas como privadas, con independencia de su origen y naturaleza.

Sin embargo, el año pasado el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que creaba esta agencia con el grave defecto de que dejaba fuera de su competencia a la Universidad de la República y, es más, otorgaba a esta un papel importante en la evaluación y acreditación de las restantes instituciones universitarias. Establecía el pésimo criterio de que una de las universidades no solo no fuera evaluada sino que participara con protagonismo en la evaluación de las restantes.

En el Grupo de Trabajo sobre Educación se alcanzó un acuerdo en el que expresamente se estableció que la Agencia a crearse debería abarcar tanto a las instituciones públicas como privadas y tan es así que el documento dice: “Promover y asegurar la calidad de las instituciones públicas y privadas. Con ese propósito existe acuerdo en la creación de una Agencia independiente del sistema político, de las propias instituciones educativas y de las corporaciones, que cuente con recursos y personal técnicamente capacitado …para asegurar la calidad de la educación terciaria”. Más claro echale agua.

Pues bien, demostrando un preocupante desconocimiento de lo acordado, el gobierno ha enviado al Parlamento la misma norma (idéntica) a la que se pretendió aprobar el año pasado, dejando fuera de la competencia de la Agencia a la Universidad de la República.

Habrá que preguntarse cómo hará el firmante del Documento en representación del partido de gobierno, que es además jerarca del propio Ministerio que envió el proyecto de ley, para explicar lo inexplicable. Más aun, con qué autoridad pretenderá ejercer sus funciones luego de poner en cuestión nada más ni nada menos que su palabra y su firma.

Estamos frente a un lío muy gordo, en donde además lo más grave es que la norma propuesta supone una “trampa al solitario” para la propia Universidad de la República, que debería ser la primera en reclamar ser objeto de evaluación por parte de dicha Agencia para poder dar plena constancia de su calidad y nivel de enseñanza.

Justamente, la más perjudicada a la larga es la misma Universidad de la República que, en lo inmediato zafa de la evaluación y puede encerrarse en la autocomplacencia, aumentando significativamente el riesgo de no asumir los mejores estándares de calidad en un mundo que cada vez más exige una puesta al día permanente en procesos de mejora continua de la gestión y de la calidad académica de todas las instituciones universitarias.