miércoles, 1 de setiembre de 2010

Interés público y privado: no cobrar al grito

Interés público y privado: no cobrar al grito.

Los episodios relacionados con la participación del Dr. Gonzalo Fernández en el trámite legislativo que culminó con la derogación del ya tristemente famoso art. 76, ha puesto sobre la mesa uno de los temas más complejos de resolver jurídicamente en una democracia, que consiste en la definición de normas que permitan evitar que los actores políticos hagan uso de su poder o influencia para favorecer sus propios intereses privados.

En el caso concreto la situación del Dr. Gonzalo Fernández es delicada por cuanto ha tenido una participación, aunque indirecta, reconocida y notoria en el impulso de una norma que derogó un delito del que se ha beneficiado un defendido de su esposa que, además, integra el estudio jurídico que él dirige.

A su vez, en las diferentes circunstancias en que el Dr. Fernández intervino, omitió informar de estos hechos. Antes, cuando sugirió la derogación y luego cuando asumió su propia defensa desde un escaño en el Senado. Es más, cuando el entonces Diputado Alvaro Lorenzo lo consultó expresamente sobre si existían casos alcanzados por la norma que se estaba derogando, manifestó que se trataba de una norma que hacía años que no se aplicaba, sin dejar constancia de que uno de los encausados del único caso en el que se había aplicado el artículo, era justamente un defendido de su estudio.

Es cierto que su actuación al sugerir la derogación de la norma no se realizó en su carácter de Ministro, sino como especialista en Derecho Penal con gran reconocimiento en nuestro medio. Pero no menos cierto es que, en ese momento, ejercía un cargo ministerial y ocupaba una posición política muy relevante en el gobierno.
No tenemos elementos que nos permitan opinar si se trata de un hecho ilícito o de una irregularidad administrativa, para eso están las instancias institucionales que se encargan de establecerlo. Está bien que el Parlamento investigue lo ocurrido, para garantía de todos lso uruguayos. Pero no tenemos dudas de que se trata de una falta ética muy evidente.

Sin embargo, la tipificación de conductas que cuentan con sanción en un orden jurídico difícilmente se superpone totalmente con la ética. Es decir que los ordenamientos jurídicos suelen dejar impunes numerosas actitudes y conductas que pueden merecer juicios morales adversos.

Lo que sí está claro es que en nuestro país parece haber una asignatura pendiente en materia normativa que regule con mayor precisión y energía los límites entre la actividad privada y la actividad pública. No alcanza con la figura penal, actualmente vigente, que castiga la "conjunción del interés público con el interés privado"; tampoco parece razonable "cobrar al grito" y salir a promover la sanción de normas jurídicas sobre caliente o asociándolas directamente al caso concreto.

Debemos ingresar en un serio y profundo debate público que permita analizar las diferentes y complejas aristas del problema. Es una asignatura pendiente que lleva varios años; ¿puede un Ministro, un Presidente o un legislador mantener actividad privada? ¿Qué tipo de actividades son compatibles y cuáles no son compatibles con el ejercicio de un cargo público? ¿Es justo que se prohíba trabajar en el sector privado a quien ejerce un cargo público, pero no se le prohíba ser titular de una empresa o, mejor aun, traspasarla a sus familiares para obviar una eventual vinculación? ¿Es justo que los legisladores tengan, como lo establece la Constitución, una prohibición de ejercer un cargo público al ser electos? ¿Qué incompatibilidades deben agregarse a las ya establecidas en la Constitución de la República? ¿cuáles son los niveles de remuneración apropiados para el ejercicio de funciones públicas? ¿se puede exigir exclusividad absoluta, con qué límites?

Lo que no parece positivo es desatar una epidemia de iniciativas legislativas que, al calor de los acontecimientos recientes busque resolver de manera fácil y "al barrer" un conjunto de circunstancias que merecen un fuerte debate en profundidad.

Pero lo que sí debemos saludar es que finalmente, este tema emerge como asunto pendiente. Porque en los últimos años ha sido demasiado lamentable la pasividad con que nuestro país ha asistido a una creciente confluencia malsana de estos cruces de intereses.

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