miércoles, 22 de setiembre de 2010

Acreditación y evaluación para todos / Pablo Mieres

Cualquier sistema universitario que se precie debe contar con una institución encargada de evaluar y acreditar a las instituciones universitarias y sus correspondientes carreras. Así ocurre en casi todas partes del mundo y su existencia promueve el desarrollo académico del sistema universitario de un país.



Por lo tanto, nadie puede negar la necesidad de que exista una Agencia de Acreditación y Evaluación Universitaria. Al contrario, esta tiene que cumplir un papel decisivo en varios sentidos. En primer lugar, una agencia de acreditación es una garantía para las instituciones universitarias porque les permite contar con un monitoreo y seguimiento que las ayuda a mejorar y avanzar en materia de calidad y excelencia académica. En segundo lugar, porque es una señal para los estudiantes y sus familias sobre cuáles son los niveles efectivos de calidad de cada propuesta educativa permitiendo que los ciudadanos elijan con mayor conocimiento de causa y con más elementos. En tercer lugar, genera una dinámica de sana competencia entre los diferentes actores universitarios que deben medirse contra un estándar común y objetivo y con respecto a los otros actores universitarios que ofrecen similares alternativas educativas.



Pero lo que no ocurre en ninguna parte del mundo es que el instituto encargado de evaluar y acreditar, solo evalúe a algunas instituciones universitarias y no a todas. Lo que tampoco ocurre en ninguna parte del mundo es que, además, ese organismo encargado de evaluar esté integrado por representantes de esa misma universidad que queda fuera del alcance de la evaluación. Eso es un verdadero desquicio, insostenible ante cualquier análisis con un mínimo de sensatez.



Pues bien, eso es lo que dice el proyecto de ley que el Ministerio de Educación acaba de enviar al Parlamento para su aprobación. Se crea una Agencia de Acreditación y Evaluación Universitaria que solo tendrá potestades de evaluar a las instituciones universitarias privadas, dejando a la Universidad de la República por fuera y por encima (lo que es más grave) del sistema.



Porque la Universidad de la República, además, nombrará dos de los cinco representantes del organismo rector de la Agencia, lo que aumenta y agrava el escándalo.



El único argumento que se ha sostenido para defender esta insólita solución es que la Universidad de la República no puede ser objeto de evaluación porque ello implicaría violar su autonomía.



Nunca habíamos escuchado un argumento tan falto de sentido. Nada tiene que ver la autonomía de una institución universitaria (las privadas también la tienen y casi todas las universidades del mundo la tienen) que refiere a su capacidad de tomar decisiones técnicas y académicas y de autogobernarse, con la posibilidad de que un actor externo la evalúe y emita juicios sobre la calidad o el nivel de su oferta.



Tan es así, que la Ley de Educación que aprobó el actual gobierno prevé la creación de un Instituto de Evaluación Educativa que tendrá por objeto evaluar los otros niveles de la enseñanza, es decir a la ANEP que tiene el mismo grado de autonomía consagrado en la Constitución, que la Universidad de la República. Tan falto de sentido es el argumento de la autonomía, que la propia Universidad de la República ha participado de procesos de evaluación a nivel internacional en el MERCOSUR.



Pero además de la falta de racionalidad que implica esta propuesta, tampoco le hace bien a la Universidad de la República. En efecto, someterse a evaluaciones y acreditaciones es la mayor garantía para la propia institución sobre la calidad y seriedad de su propuesta; ser objeto de evaluación ayuda al perfeccionamiento, a la mejora continua y evita el riesgo de la comodidad o de la autocomplacencia.



Por otra parte, la Universidad de la República representa el 80% de la matrícula universitaria de este país y aun más en materia de investigación académica, por lo que esta solución deja fuera del sistema de evaluación y acreditación a la inmensa mayoría de la realidad universitaria nacional, con lo cual la Agencia que se propone crear nace “renga”, limitada y mutilada, destinada a cumplir muy parcialmente con el aporte que debería hacer.



Por último, pero no menos importante, la aprobación de esta norma supone una violación explícita de los acuerdos alcanzados por el Grupo Multipartidario de Educación. En efecto, en ese ámbito se acordó explícitamente que el alcance de la Agencia de Evaluación y Acreditación debía ser con respecto a toda la oferta terciaria y sobre ese acuerdo se firmó el entendimiento de los cuatro partidos. Es más, la lectura del texto es unívoca, se habla de enseñanza terciaria y no se distingue entre pública o privada.



Los acuerdos se hacen para ser cumplidos, la falta de voluntad por parte de cualquiera de los firmantes para respetar lo acordado, afecta sustancialmente la credibilidad del sistema político y afecta también un entendimiento que, en su momento, todos los partidos valoramos con orgullo y convicción.



Todavía estamos a tiempo de corregir el error, de dar cumplimiento a lo acordado y de darle al país un sistema de acreditación y evaluación universitaria que trate a todos en igualdad de condiciones y les de a los ciudadanos información transparente, equitativa y veraz sobre las diferentes propuestas académicas de nuestro sistema universitario.

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