El gobierno cerró ayer el articulado de su proyecto de presupuesto, cuyo texto envía a imprimir esta noche. Da vía libre a los parlamentarios para que hagan transposición de rubros, pero con la condición de no aumentar el gasto.
El proyecto presupuestal quedó pronto anoche tras una reunión del presidente José Mujica con el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, en Rincón del Cerro. El viernes Mujica estuvo reunido dos veces con el ministro de Economía, Fernando Lorenzo: de mañana en la Torre Ejecutiva y de tarde en el Ministerio de Economía.
El proyecto ingresará el martes 31 al Parlamento.
Desde ese día, la batalla presupuestal se instalará en los pasillos del Poder Legislativo, que en su entorno tendrá como moneda corriente movilizaciones de sindicatos públicos.
"El Presupuesto es una propuesta del Poder Ejecutivo, con los límites constitucionales que tiene: el Parlamento puede modificar la distribución pero no aumentar el gasto previsto en el proyecto", dijo Cánepa a El País cuando se retiraba de la chacra presidencial.
"Somos muy respetuosos de la separación de poderes y los parlamentarios deben asumir su propia tarea. Lo que decida el Parlamento es lo que se votará en definitiva", afirmó el prosecretario.
El aumento del gasto previsto para el quinquenio es de unos US$ 1.050 millones.
Mañana lunes se aprobará el proyecto de presupuesto en el Consejo de Ministros. Frugoni indicó a El País que se llega "a un presupuesto laudado de todo el gobierno".
Cánepa apuntó que "la propuesta del presidente es incluir en el presupuesto la creación en Presidencia de la figura del coordinador departamental para coordinar las políticas nacionales en el territorio".
"No tiene nada que ver con los temas municipales ni se quiere intervenir en la autonomía. Sí queremos mejorar la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas, como ya existen coordinadores departamentales a nivel del MSP, del Mides y del MGAP. Es una figura que reportará directo al presidente, indicando cómo está la marcha de las políticas nacionales", añadió.
La ley más importante de la administración de Mujica será considerada primero por la Cámara de Diputados, que tendrá plazo hasta el 15 de octubre para aprobarla.
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda comenzarán recibiendo un informe del equipo económico y luego pasarán a sesionar de lunes a jueves en doble horario. Allí comparecerán todos los ministros y representantes de organismos públicos a informar de sus aspiraciones. El quinto día hábil de la semana será reservado por los legisladores para recibir a las cientos de delegaciones de sindicatos públicos y las organizaciones sociales que tengan participación en la ley presupuestal.
Presidirá la comisión de Presupuesto el diputado frenteamplista Doreen Ibarra (Fidel). Será la quinta batalla presupuestal que encare. Es el diputado con más años en una banca de la Cámara y siempre ha trabajado en la comisión de Presupuesto.
Por su parte, Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) será el referente del gobierno, dada su estrecha relación con el vicepresidente Danilo Astori y el ministro Lorenzo. Este será su segundo Presupuesto como presidente de la comisión de Hacienda.
Todo el Partido Nacional presentará las mismas inquietudes. Por ejemplo, inversiones públicas en el Hospital del Cerro, el nuevo hospital Pasteur y el nuevo hospital de Ciudad de la Costa. Además, planteará las reivindicaciones de los intendentes como su intervención en el fondo de desarrollo del interior y la rebaja de aportes patronales para los gobiernos departamentales. Habrá otros planteos tributarios, como por ejemplo modificar el IASS subiendo el mínimo no imponible o la eliminación del IRPF a los alquileres.
Los principales negociadores blancos serán los diputados Jorge Gandini (Alianza Nacional), Pablo Abdala (Corriente Renovadora) y José Carlos Cardoso (Unidad Nacional).
Por el Partido Independiente negociará Iván Posada, quien participará en su cuarto presupuesto. Posada pide tener cautela con el manejo de las finanzas públicas. "Somos partidarios de aplicar una regla fiscal en previsión de la posibilidad de empeoramiento de la situación internacional", dijo Posada a El País.
El Partido Independiente fijó cuatro prioridades: educación, infraestructura, seguridad y vivienda.
En tanto, luego del fracaso de la negociación con los representantes del gobierno, la estrategia de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y los sindicatos de la enseñanza apunta a conseguir sus objetivos presionando en el Parlamento.
Ya está resuelto que todos los sindicatos que dependen del presupuesto quinquenal se concentrarán el martes 31 frente al Palacio Legislativo. Ese día instalarán una carpa para dar a conocer sus reclamos. Desde allí saldrán las delegaciones de trabajadores cada vez que una autoridad concurra a explicar a los legisladores las características de su planteo presupuestal.
Los sindicatos de la educación se movilizarán en reclamo del 6% del PIB para la Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Mañana lunes se reúne la asamblea de COFE para definir una serie de medidas contra el gobierno. No se descarta ocupar algunas oficinas públicas, un paro de 24 horas o movilizaciones masivas.
El 3 de septiembre se reunirá la Mesa Representativa del Pit-Cnt para evaluar las distintas instancias de negociación colectiva y reclamos presupuestales que vienen teniendo lugar en los últimos meses.
Las delegaciones de públicos, municipales y de la enseñanza propondrán un paro general nacional de 24 horas. No está claro que consigan los votos necesarios para resolverlo.
Las diferencias en la interna del sindicalismo han sido importantes. Hay un bloque de dirigentes que abiertamente actúa a favor del gobierno.
Habrá incrementos presupuestales para Vivienda y Desarrollo Social
El Ministerio de Vivienda será el que tenga el mayor aumento en el presupuesto quinquenal. De US$ 500 millones pasará a US$ 900 millones, sin incluir el dinero que se destinará al plan "Juntos" de emergencia habitacional.
El subsecretario de Vivienda, Jorge Patrone, informó que esa secretaría trabajará en seis líneas de acciones, las que incluyen realojos, rehabilitación y reacondicionamiento urbano, programas de inserción integral, alquileres, vivienda rural y una línea que fomente la inversión privada.
El jerarca expresó que en la anterior administración, el presupuesto de Vivienda fue del 1,7% del presupuesto total, y que en este período será superior al 2%. Señaló que esto es menos de la mitad del 6% que reclaman los sindicatos de la educación pública.
El programa "Juntos" tendrá rubros en el presupuesto estatal y aportes de privados.
Graciela Mazzuchi, directora de Secretaría del Mides, indicó que en el período 2011- 2014 el refuerzo presupuestal será de US$ 96 millones.
El anterior presupuesto del Mides fue de US$ 281 millones; con los refuerzos que se suman, el presupuesto de este período será de US$ 377 millones, lo que implica un crecimiento del 34%, añadió.
Como eliminar la indigencia y bajar la pobreza a la mitad son prioridades del gobierno, el Mides hará hincapié en reforzar de manera más fuerte el programa de tarjeta alimentaria, al que se destinarán unos US$ 58 millones, más del 50% del refuerzo presupuestal.
Lo segundo que priorizará esta secretaría de Estado será reforzar todos sus programas vinculados a empleo y emprendimientos, para lo que destinará US$ 20 millones, tanto para "Uruguay Trabaja" como para otros programas de emprendimientos productivos.
Nuevas cárceles y guardia nacional
El Ministerio del Interior será, después del Ministerio de Vivienda, el que tenga el mayor aumento presupuestal (US$ 200 millones).
El director general de esa secretaría de Estado, Charles Carrera, informó que en el presupuesto se priorizarán tres grandes líneas de acción: la gestión humana, un nuevo diseño organizacional, y mejor la gestión financiera.
Además de los aumentos fijos para los policías, se prevén incrementos salariales por compromiso de gestión desde 2011. También una prima de $ 1.000 mensuales a los policías que cumplan tareas que pongan en riesgo la vida, lo que abarca a unos 16 mil funcionarios
Un problema estructural es el servicio 222. Por ello el Ministerio se propone su disminución gradual anual. Hoy el tope es de 200 horas mensuales y el objetivo es que en 2015 sean 50 horas.
El Ministerio prevé construir dos complejos carcelarios en acuerdo con privados y con intervención de la CND. También creará la Guardia Republicana con estatus nacional, la Dirección General Contra el Crimen Organizado e Interpol, y la Institución Nacional de Rehabilitación.
El País Digital
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