El Ministro de Defensa ha emprendido una compleja y comprometida tarea asumiendo la necesidad de investigar y hacer caer las responsabilidades por una serie creciente y asombrosa de irregularidades que afectan al funcionamiento de la Armada Nacional.
La capacidad de asombro parece superar todo límite, un día sí y otro también, se suceden nuevas y numerosas denuncias, en la mayor parte de los casos anónimas que ponen al descubierto prácticas y costumbres que están notoriamente reñidas con la legalidad.
Nadie sabe hoy, a ciencia cierta, hasta donde llegarán las consecuencias y las derivaciones de las investigaciones judiciales en curso; ni tampoco tenemos clara conciencia de las responsabilidades personales e institucionales que estarán implicadas como resultado de este proceso. Todo indica que se trata de un "modus operandi" bastante generalizado y con ciertos niveles de tolerancia interna que asombran y preocupan.
También parece bastante evidente que se ha desatado una suerte de "reacción en cadena" que refleja un "fuego cruzado" difícil de estimar con respecto a su alcance y profundidad.
Lo que sí está claro es que tanto las autoridades ministeriales como las autoridades judiciales han actuado con responsabilidad, seriedad e inflexibilidad. Lo que también está claro es que el Ministro ha mantenido, durante todo el episodio, un diálogo abierto y franco con el Poder Legislativo, al que ha mantenido informado en tiempo y forma, y con los partidos de oposición dando garantías de que las actuaciones son transparentes y pertinentes.
En estas circunstancias no existe otra conducta posible que el apoyo total e irrestricto a la actuación del gobierno. Se está dando un paso difícil pero ineludible que tiene, por un lado, el impacto directo de generar un proceso de saneamiento en una institución del Estado; pero por otro lado, y quizás más estratégico aun, es una señal muy fuerte hacia el conjunto del aparato del Estado sobre la necesidad de controlar, corregir y eliminar los comportamientos irregulares que afectan el debido cumplimiento de las reglas de juego.
No tenemos dudas de que esta actuación enérgica y firme del gobierno tendrá repercusiones inmediatas sobre el funcionamiento del aparato del Estado, en el sentido de ajustar conductas y evitar "aflojamiento" de costumbres que siempre son tentaciones presentes en el funcionamiento de los aparatos administrativos.
También surgen lecciones hacia la Administración que obligan a incorporar procedimientos de control más afinados y permanentes. El contralor de la gestión pública es otra dimensión de la reforma del Estado que merece destaque y especial preocupación. Nuestros sistemas de contralor son, muchas veces, rutinarios y antiguos; es imprescindible avanzar en la construcción permanente de nuevos sistemas de controles recíprocos y auditorías de gestión.
jueves, 12 de agosto de 2010
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