El fracaso de la ley de descentralización / Pablo Mieres

Son muchos los mensajes que la ciudadanía envió el pasado domingo con su voto. Uno de los más rotundos en Montevideo fue la reticencia a votar a los Municipios, tal como estipulaba la Ley de Descentralización.
Los niveles de abstención en la capital del país orillan el 60% y están indicando de manera inequívoca un fuerte rechazo a esta imposición que surgió a último momento sin explicaciones y “de pesado” por parte del sistema político y, más precisamente, de parte del partido de gobierno.

Nosotros no estamos en contra de la existencia de un nivel de gobierno local. Nos parece que en los Departamentos en los que existen pueblos y ciudades fuera de la capital, estos mecanismos de participación son necesarios e importantes. De hecho, a pesar de las notorias deficiencias y de la falta de información, la gente en los pueblos del Interior del país reaccionó en forma más favorable a esta convocatoria.
Pero en Montevideo el rechazo fue mayoritario y tiene múltiples razones. Para empezar Montevideo es un Departamento-ciudad en donde existen diferentes barrios y zonas, pero no están separados en diferentes ciudades o pueblos. Forman parte de la misma “malla urbana”, a diferencia del resto del país en donde existen centros urbanos múltiples y separados geográfica (y a veces políticamente) de la capital, por lo tanto no se vive la necesidad de la autonomía local o de la reivindicación de la ciudad o pueblo frente a la capital departamental.
En segundo lugar, en Montevideo se puso en práctica, hace ya más de quince años, un supuesto proceso de descentralización que no ha sido otra cosa que un enorme fracaso consistente en un triste aumento de la burocratización, rodeado de retribuciones sorprendentemente altas y total ausencia de respuestas a las necesidades locales de los vecinos.
No debe olvidarse que la recientemente electa Intendente de Montevideo fue, durante mucho tiempo, la responsable de esta area de funcionamiento de la Intendencia y, por lo tanto, corresponsable del referido fracaso.
Tampoco debe ser ajeno al rechazo ciudadano el conocer que los nuevos Alcaldes de los diferentes Municipios montevideanos serán remunerados con salarios exorbitantes para las funciones que supuestamente cumplirán.
Hablemos claro, esta reforma que incorporó “a las corridas” un nuevo nivel de gobierno a escala local fue impuesta, incluso a los legisladores del partido de gobierno, por la tozudez del gobierno saliente que estaba empecinado en “tildar” otra supuesta realización de su período de gobierno. El mismo gobernante que impuso a “rajatabla” la fracasada descentralización montevideana es quien ahora exigió a los legisladores de su partido la aprobación y puesta en práctica de esta normativa contra toda sensatez y lógica.
Todo ello a pesar de que los nuevos gobernantes de su propio partido sostenían que era más adecuado aceptar una postergación de la puesta en práctica de esta norma para las elecciones de 2015. Se aplicó todo el peso de la “disciplina partidaria” para obligar al país a votar a ciegas y sin entender de qué se trata.

Pues, “de la torta salió un pan” y las elecciones municipales montevideanas dejan el triste record de la mayor abstención de la historia electoral de nuestro país.

Todo esto sin mencionar que, tal como sostuvimos en el escrito presentado la semana pasada ante la Suprema Corte de Justicia, la Ley de Descentralización es grotescamente inconstitucional, como habrá de confirmarse cuando la autoridad suprema del Poder Judicial analice la acción presentada por nosotros desde el Partido Independiente.

Las cosas hay que hacerlas bien, con tiempo, dando información a la gente, no subestimando la capacidad de análisis de los ciudadanos, actuando de acuerdo a derecho y observando el orden constitucional y legal.

Nada de eso se ha hecho en este caso y el resultado consiste en que la primera experiencia de elección de gobiernos locales está mortalmente afectada en su legitimidad jurídica (por la inconstitucionalidad de su texto) y política (por los enormes niveles de abstención que produjo).

Sería muy buena cosa que el partido de gobierno reconociera el grave error cometido y se dispusiera a revisar la normativa aprobada, ahora con todo el tiempo por delante, para que en el próximo período electoral podamos tener un marco normativo ajustado al texto constitucional y un nivel adecuado de información de la ciudadanía para que elija con propiedad y conocimiento de causa.