Consenso para renovar la integración de Tribunal de Cuentas y Corte Electoral.
El diálogo multipartidario iniciado a comienzos del presente año entre los cuatro partidos ha alcanzado un logro principal. Después de largos años de desencuentros, se encontró un consenso para renovar la integración del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral.
Los actuales integrantes de ambos organismos habían sido nombrados hace ya quince años y, si bien su actuación, idoneidad y compromiso nos merecen el mayor elogio, resultaba evidente la necesidad de efectuar una renovación que pusiera al día una nueva correlación de fuerzas.
La llave para el acuerdo consistía en la aceptación por parte de todos de que ningún partido podía pretender tener mayoría absoluta. A pesar de que el partido de gobierno contaba y cuenta con mayoría parlamentaria no resultaba lógico que, tratándose de organismos que tienen por función el contralor, el partido que ejerce el gobierno obtuviera su mayoría propia en estos ámbitos.
El equilibrio requería, además, la identificación de figuras que por su idoneidad, trayectoria y distancia con respecto a la militancia política, pudieran gozar de consenso por parte de los cuatro partidos, de forma tal de que la presidencia de cada organismo quedara en manos de una figura neutral, desde el punto de vista partidario.
Pues bien, como una señal de los nuevos tiempos políticos, se encontraron las personas adecuadas y estas obtuvieron el visto bueno de todos los partidos. Efectivamente, tanto el Dr. Siegbert Rippe como el Dr. Ronald Herbert gozan de un merecido y bien ganado prestigio, así como especial idoneidad técnica para darnos garantías a todos sobre sus desempeños.
Como ya hemos dicho, no alcanzaba con que los referidos candidatos fueran identificados, era necesario que además estuvieran dispuestos a asumir la tarea. Con gestos de desprendimiento y también de agradecimiento por la postulación, ambos aceptaron y permitieron dar a la ciudadanía una fuerte señal de entendimiento institucional.
Dado este sustancial paso de acuerdo, los entendimientos restantes son más sencillos y en poco tiempo más habremos de tener una nueva Corte Electoral y un nuevo Tribunal de Cuentas en funciones.
Sin embargo, hay algunos asuntos que permanecen pendientes y que no dependen de un cambio en la integración de estos organismos, sino de definir la voluntad política que permita su fortalecimiento.
En el caso de la Corte Electoral queda el desafío, a nuestro juicio, de avanzar en un proceso de modernización de su funcionamiento que, sin mengua de las debidas y amplias garantías para el ejercicio del sufragio, permita una dinámica más ajustada a los tiempos que corren con la incorporación de las nuevas tecnologías al funcionamiento político electoral.
En el caso del Tribunal de Cuentas se requiere un ineludible fortalecimiento institucional que permita que sus observaciones, resultado de una tarea eficiente y seria, posean efectos significativos sobre el funcionamiento de la Administración.
En la actualidad, la actuación del Tribunal de Cuentas culmina en la determinación de las correspondientes observaciones, pero ellas no afectan en ningún sentido el funcionamiento de la Administración, ni afectan la vigencia, los efectos y la continuidad de los actos observados.
Es imprescindible avanzar en las modificaciones normativas que permitan que ciertas observaciones de particular entidad sean objeto de tratamiento por el Poder Legislativo y generen el correspondiente efecto suspensivo o derogatorio sobre aquellos actos cuestionados. En la actualidad nos queda a todos la sensación de que, más allá del trabajo correcto que el Tribunal realiza, este carece de poder para hacer valer sus observaciones.
Hace un par de años en el marco del CLAEH nosotros participamos de una iniciativa que culminó en la redacción de un anteproyecto de ley de coautoría de cuatro referentes en estos temas (el Cr. Alberto Sayagués, el Dr. Carlos Balsa, el Dr. Juan Sambarino y el Cr. Eduardo Zaindensztat) que desarrolla una solución legislativa para fortalecer el papel institucional del Tribunal de Cuentas con el objetivo de aumentar la transparencia de nuestro funcionamiento institucional.
Nos alegra que las primeras manifestaciones del Dr. Rippe hayan estado dirigidas en el mismo sentido que el objetivo buscado por el texto referido. Nosotros vamos a impulsar esta iniciativa y trabajaremos para introducir aquellos cambios normativos que permitan aumentar el poder del Tribunal de Cuentas para que todos estemos más tranquilos.
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