Apuntes para una reforma política / Iván Posada

Cuando el nuevo gobierno se apresta a cumplir dos meses de mandato y aún no ha delineado las claves de su gestión, el tema de una nueva reforma electoral comienza a agitar el escenario político.


Es cierto que el aún inconcluso proceso electoral promueve una necesaria reflexión sobre esta verdadera maratón electoral. Dieciocho meses de campaña (si contamos los aprontes previos) con cuatro convocatorias electorales, casi la quinta parte de un período de gobierno, resultan desgastantes. Tiempos de mucho decir y de poco hacer. Demasiado ejercicio electoral termina siendo contraproducente para nuestro país. Desmotiva aún más la cada vez más prescindente participación de la ciudadanía. Cansa a las menguadas estructuras partidarias. Deja exhaustas las finanzas de los partidos políticos.


Para mejor contribuir a este estado de cosas, frenteamplistas, blancos y colorados (la exclusión nos honra) han creído conveniente sumar una nueva elección de autoridades locales (a cuyo Presidente llamaremos pomposamente Alcalde). Al margen de las groseras inconstitucionalidades en que incurre la ley, las nuevas autoridades locales carecerán de los recursos necesarios para cumplir sus cometidos y solo podrán hacer aquello que el Intendente disponga. Una suerte de “florero” institucionalizado, pero eso sí, con la legitimidad electoral del voto que el alma pronuncia.


A la luz de los resultados, vale pues poner en tela de juicio la reforma política electoral introducida por la reforma constitucional de 1996. Pero cuidado, no perdamos de vista ni las formas ni los contenidos.


Las formas siempre importan. No sea cosa que la enmienda sea peor que el soneto. El procedimiento para reformar la Constitución de la República, más que importante, es determinante. El mecanismo de la Convención Nacional Constituyente (repetidamente mencionado por el Partido de gobierno durante la campaña electoral reciente) es inviable políticamente. El simple repaso del tortuoso camino nos da una pauta del dislate que supondría tal procedimiento: a) un proyecto de reforma aprobado por mayoría absoluta del total de componentes de la Asamblea General, b) convocatoria a elecciones dentro de los 90 días siguientes para elegir sus 258 integrantes, c) plazo de un año contado desde su instalación para aprobar uno o más proyectos por mayoría absoluta, d) convocatoria al Cuerpo Electoral para su ratificación en la fecha que determine la propia Convención.




Recorrer este camino implicaría por lo menos, dos años más de campaña electoral, con lo cual reduciría aún más el tiempo destinado a las tareas de gobierno, puesto que es impensable que los constituyentes sean dirigentes políticos distintos a los que hoy tienen responsabilidades parlamentarias o de gobierno. Salvo que el objetivo sea armar un gran circo político, el procedimiento de la Convención Nacional Constituyente debe ser descartado.


Descartados además los procedimientos previstos en los literales A) y B) del artículo 331 de la Constitución por ser atemporales, únicamente queda la instancia del literal D), o sea una ley constitucional, aprobada por 2/3 del total de componentes de cada una de las Cámaras. O sea, un gran acuerdo político. No es fácil, pero es el único camino racional posible que no entorpece la tarea de gobierno.


Ahora bien, acordado lo formal, detengámonos en el contenido. En relación a la maratón electoral parece claro que solo hay dos soluciones posibles: o las elecciones departamentales y municipales se realizan a mitad de período, o volvemos a elegir todo en un solo día. En lo personal pensamos que lo mejor es lo primero, pero seguramente es probable que muchos se afilien a la tesis del Senador Lacalle Herrera de elegir todo lo elegible en un mismo día. En tal caso, se descuenta que debe admitirse el corte de boleta, o sea la posibilidad de votar un Presidente de la República, Senadores y Diputados de un partido, con Intendente y Ediles de otro. Notoriamente el argumento a favor de tal aserto es la libertad del elector.


Ahora bien, si de libertad del elector hablamos bueno sería que esa libertad se ejerciera en todos sus términos, esto es permitiendo votar en boletas o listas distintas al Presidente y Vicepresidente de la República, a Senadores y Diputados, a Intendente y Ediles. Ahí si se estaría respetando la voluntad del elector de poder elegir, de acuerdo a su leal saber y entender, sin corsé de ningún tipo. Parafraseando a Alberto Olmedo, “si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien”.


En las consideraciones reformistas que el Senador Larrañaga ha realizado estuvo presente la referencia expresa de volver al doble voto simultáneo con múltiples candidatos por Partido. Sería un insólito retroceso. Volver al tiempo en que los Partidos Políticos no eran más que grandes cooperativas electorales. El tiempo de una suerte de timba electoral donde los ciudadanos debían esperar los resultados del escrutinio para saber adónde fue a parar su voto. Los independientes no queremos volver a revivir ese tiempo.


Es razonable que cada Partido Político pueda resolver como elige su candidato a Presidente de la República. Pero en todo caso, hay que tener en cuenta que las elecciones internas realizadas en un mismo día son en verdad las primarias de cada Partido, y que su realización le da una legitimidad incuestionable al candidato resultante. Difícilmente encontremos un procedimiento más legítimo para dirimir las candidaturas presidenciales.



En todo caso la reflexión reformista debe ser más profunda. Debe enfocarse especialmente en el sistema de gobierno. Desde nuestras raíces, la 99 y el PDC, los independientes somos partidarios del régimen de gobierno parlamentario, donde el Presidente de la República cumple exclusivamente la función de Jefe de Estado y el Primer Ministro es el Jefe de Gobierno.


Al comienzo del período de gobierno anterior, el actual Presidente José Mujica en un reportaje aparecido en el semanario Búsqueda del 5 de mayo de 2005, se manifestaba a favor de reformar la Constitución de la República para instalar un “régimen parlamentario” con “un jefe de gabinete como fusible”, porque el actual sistema de balotaje polariza al país y “rompe el espectro histórico izquierda, centro y derecha”. En esta visión los independientes coincidimos con el Presidente Mujica. Es más, así se lo expresamos personalmente entonces en su despacho del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.


Nuestro país debe necesariamente concentrar sus esfuerzos en objetivos estratégicos claves en materia de Educación, Energía, Seguridad Pública, Inserción Internacional, Integración Social, Crecimiento Económico y Generación de Empleo, Modernización de la Gestión Pública e Infraestructura, Transporte y Logística. Siempre será más fácil construir consensos de largo plazo sobre la base de acuerdos parlamentarios que den sustento a los gobiernos, que en un régimen presidencialista donde como dice Mujica, el balotaje polariza al país. En un régimen presidencialista el balotaje es necesario porque le otorga al Presidente de la República la mayor legitimidad posible. En un régimen parlamentario el balotaje deja de tener sentido, porque la legitimidad del Primer Ministro y del Gobierno se sustenta en mayorías parlamentarias.


El tema está aún muy verde. Pero en cualquier caso bien vale intercambiar ideas, especialmente si buscamos fortalecer la democracia y la política, para propender a la felicidad pública como ansiaba el fundador de nuestra República: José Artigas.






Cr. Iván Posada

Diputado del Partido Independiente