Esta semana comienzan las conversaciones entre el gobierno y los partidos de oposición buscando la participación de todos en la gestión de los entes y servicios del Estado. Se trata de una iniciativa importante y muy positiva que debe ser valorada de manera significativa por todo el sistema político.
Muchas cosas se han dicho con respecto a esta participación y conviene, a nuestro juicio, señalar algunas líneas de reflexión al respecto.
En primer lugar, algunos dirigentes de un partido opositor han señalado que la participación en los entes por parte de representantes de los partidos que no integran el gobierno es una obligación constitucional. Esta interpretación es, a nuestro juicio, equivocada; el gobierno con su mayoría propia en el Parlamento puede ocupar todos los cargos de la administración descentralizada sin dar participación a la oposición, como así ocurrió en el período de gobierno que finaliza, sin violar la normativa vigente.
En efecto, de acuerdo a la Constitución, la designación de los integrantes de los Directorios de los Entes debe ser aprobada por una mayoría especial en el Senado, pero si se deja transcurrir un plazo de sesenta días, el gobierno con los apoyos actuales puede nombrar a sus representantes sin contar con el voto de los demás partidos.
Es más, quienes afirman que existe una obligación constitucional se olvidan de que, por ejemplo, en el período 2000-05 los dos partidos tradicionales ocuparon todos los cargos de estos entes sin incluir en dicha integración a ninguno de los partidos que eran oposición, a pesar de que el Frente Amplio era el partido más grande y contaba con el 40% de los votos y de los cargos parlamentarios.
De modo que hay que valorar adecuadamente la actitud del nuevo gobierno cuando decide abrir la participación a los partidos de la oposición sin que esté obligado a hacerlo.
Por cierto que, desde el punto de vista del juego democrático, es un valor muy positivo que se procure la integración plural de estos organismos y en tal sentido, debe señalarse que será para el mismo gobierno importante que esté presente la voz y opinión de representantes de partidos que no integran el gobierno.
Justamente, el segundo punto tiene que ver con la función que deben cumplir los representantes de los partidos opositores en dichos espacios de la administración pública. Con claridad el Presidente electo señaló que la función de estos representantes será la de ejercer el control sobre la gestión del gobierno.
Me parece particularmente lúcido este alcance porque, efectivamente, la presencia de una integración plural permite, sobretodo luego de cinco años de ejercicio exclusivo del poder, que todos tengamos garantías más fuertes sobre el adecuado funcionamiento.
Los directores o jerarcas que ejerzan la función en cada organismo en representación de los partidos opositores tendrán como principal tarea la de controlar el buen funcionamiento y la transparencia de la gestión de los organismos que integren.
Ello no significa que quienes representen a los partidos opositores no actúen con un criterio constructivo que seguramente incluirá su posición favorable a acompañar aquellas iniciativas que se juzguen positivas. Pero la responsabilidad de la gestión de estos organismos seguirá estando en manos del partido de gobierno.
Por eso, no parece razonable esperar de esta participación otro compromiso que el ejercicio leal del cargo y un cabal cumplimiento de la función de control necesario para la transparencia. No sería razonable esperar un compromiso de gobernabilidad que trascienda la buena fe correspondiente.
Finalmente, estas conversaciones probablemente incluyan la renovación de la integración de los organismos de contralor. No creo que haya dos opiniones con respecto a la necesidad de su renovación; no porque los actuales jerarcas no hayan cumplido cabalmente con su tarea sino porque la integración actual se ha prolongado por un tiempo demasiado extenso.
Parece claro que esta es la oportunidad para que, sin rigideces, desconfianzas ni intolerancia, se logren nuevos equilibrios en la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas que reflejen mejor la realidad política existente.
En definitiva, en el marco de un clima positivo y con notorias expresiones de apertura y diálogo se inicia una instancia que puede marcar una nueva dinámica en las relaciones entre los partidos políticos para este período de gobierno que se inicia.
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