El gobierno electo ha establecido que la reforma de la educación será una de las prioridades que tendrá su nueva gestión. En tal sentido, es uno de los cuatro temas en los que se explorarán los consensos con los demás partidos políticos.
En diversas declaraciones realizadas tanto por el Presidente electo, José Mujica, como por el Vicepresidente electo, Danilo Astori, se indicó que uno de los principales problemas que se debían superar para lograr una transformación del sistema educativo era el espíritu corporativista que anidaba en los gremios docentes. Se habló también de ciertos reflejos conservadores que impedían la puesta en práctica de la renovación y de la innovación en el sistema educativo.
Compartimos totalmente esta interpretación y creemos que el cambio del sistema educativo depende de que los intereses de los docentes y de los funcionarios de la educación se articulen y se redefinan de manera tal que no afecten las posibilidades efectivas de transformación de nuestra educación.
Durante el período de gobierno que termina, la transformación de la educación ha quedado en el debe de una manera muy notoria. La intuición inteligente del Presidente Vázquez impulsando el Plan Ceibal pudo haber disimulado un poco la ausencia total de avances en materia educativa, pero la realidad es muy evidente y las sucesivas mediciones internacionales sobre nuestros resultados educativos no hacen más que prender “luces amarillas”, cuando no rojas, sobre nuestra situación en esta area esencial para el futuro del país.
Sin embargo, casi sobre el final del período de gobierno, el Frente Amplio aprobó por muy estrecho margen en el Parlamento, una Ley de Educación que tiene entre sus principales efectos un sustancial incremento del poder y de la influencia de los sindicatos de la enseñanza sobre la toma de decisiones y el funcionamiento de la educación en nuestro país.
En efecto, la ley establece que el CODICEN estará integrado, a partir de ahora, por dos representantes del orden docente, y en cada uno de los Consejos desconcentrados uno de los tres integrantes de cada Consejo también representará al orden docente.
Esta decisión, que sólo podría ser superada por el insólito reclamo de los gremios docentes, que exigían integrar los Consejos en forma completa, supone un enorme incremento del poder del corporativismo docente en la educación.
Es una situación paradójica, los gobernantes electos nos dicen que para transformar la educación es imprescindible reducir el peso de los corporativismos y, simultáneamente, se da el paso más significativo en décadas en el sentido contrario.
A mediados de febrero se votará la integración de los representantes del orden docente en los diferentes Consejos que dirigen la enseñanza y los sindicatos habrán aumentado su poder e influencia a niveles nunca vistos.
A partir de esta nueva situación, las posibilidades de impulsar innovaciones o cambios quedarán supeditadas, en mayor medida que antes, a la opinión o decisión de los sindicatos de la enseñanza que, como ya sabemos, son los más refractarios a cualquier cambio y han demostrado que priorizan sus propios intereses sectoriales por encima de los legítimos intereses de los verdaderos sujetos de la educación que son los educandos.
La educación, como toda política pública, debe ser dirigida y orientada por los representantes de la ciudadanía, es decir los gobernantes y el sistema político que los representa. La opinión de los docentes y de los funcionarios debe tener su lugar de expresión y sus intereses particulares deben ser contemplados en el marco del conjunto de intereses y opiniones de los diferentes actores del sistema; pero el poder de decisión debe mantenerse siempre en manos de los políticos que son los que representan la voluntad ciudadana.
A nadie se le ocurre que el gremio de los arquitectos dirija y conduzca la política de vivienda, que el gremio médico dirija la política de salud, o que los policías definan las políticas de seguridad. Por eso mismo tampoco corresponde que los docentes resuelvan sobre las políticas educativas.
La ley de educación fue aprobada apenas en el Parlamento y con su nueva integración el respaldo a la misma será aun más estrecho. ¿No sería necesario revisar estas decisiones antes de generar hechos que luego serán muy difíciles de revertir? La posibilidad de postergar su implementación sigue siendo una alternativa que hay que considerar en el marco de los acuerdos interpartidarios.
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