domingo, 24 de octubre de 2010
Mi carta de desvinculación del PI
De mi mayor consideración:
Me presento ante ustedes a través de este medio a fin de manifestar mi voluntad indeclinable de desvincularme definitivamente del Partido Independiente. Esto implica la solicitud de desafiliación, así como la renuncia a mi cargo de suplente en la Mesa Ejecutiva Departamental de Canelones y a mi representación en la Comisión del Bicentenario de la Gesta Artiguista, en la cual a partir de este momento participaré en calidad estrictamente personal.
La resolución que hago pública en este momento ha sido la resultante de mis discrepancias con diversas circunstancias que se viven dentro del PI desde hace ya un tiempo y que hoy se materializan en el presente comunicado.
Fue con gran entusiasmo, ilusión y esperanza que me involucré en este proyecto; y es con gran dolor, tristeza y pesadumbre que hoy me alejo de él.
Siento que en el contexto actual, me es imposible encontrar un lugar dentro del partido en donde mis ideas y aportes puedan ser valorados y tomados en cuenta. Desde mi perspectiva tan subjetiva como cuestionable, percibo que ya no tiene ningún sentido permanecer en un sitio donde el esfuerzo y el compromiso no son reconocidos, ya que otros criterios menos compartibles son los que se utilizan al valorar el rol que cada quien ocupa dentro de este colectivo, que ni siquiera funciona como tal sino como un instrumento para satisfacer los deseos personales de una minoría. Más aún tratándose de un partido que en el actual panorama político uruguayo solo puede jugar un rol testimonial y carece de posibilidades ciertas de crecer electoralmente de manera significativa, lo cual constituye una situación coyuntural que escapa a sus ámbitos de control.
Otras puertas se me han abierto en donde creo poder encontrar el sentido de pertenencia y el grado de participación, que en un grupo con la filosofía de trabajo del PI jamás llegaré a obtener. No hablo de incidencia política ni electoral, sino del funcionamiento colectivo sin prejuicios ni actitudes maniqueas que se necesita para construir un grupo en donde todos sus integrantes puedan ser partícipes y sentirse protagonistas de su propio destino.
Solo me quedan palabras de agradecimiento para todos ustedes. Mi pasaje por el PI ha significado una excepcional e inolvidable etapa de aprendizaje y es con profundo dolor que estoy optando por este cambio de rumbo, aunque también con la esperanza que supone un nuevo comenzar.
Muchas gracias por todo compañeros!!! Hasta siempre!!!!
Lucía Machiarena
Me presento ante ustedes a través de este medio a fin de manifestar mi voluntad indeclinable de desvincularme definitivamente del Partido Independiente. Esto implica la solicitud de desafiliación, así como la renuncia a mi cargo de suplente en la Mesa Ejecutiva Departamental de Canelones y a mi representación en la Comisión del Bicentenario de la Gesta Artiguista, en la cual a partir de este momento participaré en calidad estrictamente personal.
La resolución que hago pública en este momento ha sido la resultante de mis discrepancias con diversas circunstancias que se viven dentro del PI desde hace ya un tiempo y que hoy se materializan en el presente comunicado.
Fue con gran entusiasmo, ilusión y esperanza que me involucré en este proyecto; y es con gran dolor, tristeza y pesadumbre que hoy me alejo de él.
Siento que en el contexto actual, me es imposible encontrar un lugar dentro del partido en donde mis ideas y aportes puedan ser valorados y tomados en cuenta. Desde mi perspectiva tan subjetiva como cuestionable, percibo que ya no tiene ningún sentido permanecer en un sitio donde el esfuerzo y el compromiso no son reconocidos, ya que otros criterios menos compartibles son los que se utilizan al valorar el rol que cada quien ocupa dentro de este colectivo, que ni siquiera funciona como tal sino como un instrumento para satisfacer los deseos personales de una minoría. Más aún tratándose de un partido que en el actual panorama político uruguayo solo puede jugar un rol testimonial y carece de posibilidades ciertas de crecer electoralmente de manera significativa, lo cual constituye una situación coyuntural que escapa a sus ámbitos de control.
Otras puertas se me han abierto en donde creo poder encontrar el sentido de pertenencia y el grado de participación, que en un grupo con la filosofía de trabajo del PI jamás llegaré a obtener. No hablo de incidencia política ni electoral, sino del funcionamiento colectivo sin prejuicios ni actitudes maniqueas que se necesita para construir un grupo en donde todos sus integrantes puedan ser partícipes y sentirse protagonistas de su propio destino.
Solo me quedan palabras de agradecimiento para todos ustedes. Mi pasaje por el PI ha significado una excepcional e inolvidable etapa de aprendizaje y es con profundo dolor que estoy optando por este cambio de rumbo, aunque también con la esperanza que supone un nuevo comenzar.
Muchas gracias por todo compañeros!!! Hasta siempre!!!!
Lucía Machiarena
sábado, 9 de octubre de 2010
Ley de caducidad ¿atropello o acuerdo?
La ley de caducidad ha sido ratificada dos veces mediante el voto popular con diferencia de dos décadas. Algunos sostenían que el veredicto de 1989 estuvo afectado por la situación política de ese entonces, en donde “sobrevoló o subyació” algún tipo de amenaza institucional. Es muy dudoso que el temperamento de la ciudadanía haya estado afectado por la supuesta amenaza, pero lo que resulta muy claro es que esos riesgos estuvieron totalmente ausentes de la consulta de octubre de 2009 y, sin embargo, la ciudadanía volvió a ratificar la ley.
Esta es una señal categórica que no puede ser soslayada en el debate ni en la búsqueda de nuevas soluciones jurídicas. Sin embargo, la bancada del Frente Amplio, amparada en su mayoría absoluta, acaba de presentar un proyecto de ley que pretende eliminar la ley de caducidad mediante un mecanismo que se lleva por delante varios principios generales del derecho.
La bancada del Frente Amplio pretende aprobar por cincuenta a cuarenta y nueve, en el Parlamento, lo que la ciudadanía rechazó hace solo un año. Para ello ha diseñado un mecanismo rotundamente ilegítimo que otorga a la norma proyectada una naturaleza supuestamente superior, en tanto interpreta la Constitución y luego interpreta su propia interpretación, dando un “doble salto mortal” que se pasa por encima al principio de la jerarquía de las normas y el principio de la soberanía del pueblo para definir los contenidos de su Carta Magna.
La proyectada ley se autoatribuye el poder ilegítimo de determinar nuevos contenidos a la Constitución, por la vía de una interpretación a todas luces abusiva. Y, a su vez, luego de atribuirle nuevos contenidos a la Ley Fundamental, utiliza esos contenidos para pretender anular la Ley de Caducidad.
Un disparate atrás de otro que sumados marcan seguramente un record en el desprecio al orden jurídico vigente.
La eliminación de la Ley de Caducidad, que en su contenido siempre hemos condenado y cuestionado por creerla inconstitucional e injusta, solo puede ser resultado de un procedimiento que cumpla con tres condiciones fundamentales: (a) que cuente con una nueva manifestación popular que modifique el pronunciamiento reciente, es decir que no alcanza con un pronunciamiento legislativo; (b) que sea el resultado de un entendimiento político amplio capaz de superar la vieja y radical división política de nuestro país y (c) tan importante como lo anterior, que su procedimiento sea acorde a los principios del Estado de Derecho y, por lo tanto, que se respeten las reglas de juego y la legitimidad de las formas.
Ninguna de esas condiciones está presente en la propuesta presentada. Es por eso que hemos trabajado, a partir de una idea del Dr. Hebert Gatto, en la propuesta de una reforma constitucional por la vía de una Ley Constitucional que cuente con el respaldo de todos los partidos, y que sea luego sometida a Plebiscito, para que los fallos de la Suprema Corte de Justicia referidos a la constitucionalidad de las leyes posean carácter general y determinen por tanto, en caso de ocurrir, la anulación de la ley impugnada.
La ampliación del alcance de la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte, posee numerosos ejemplos en el Derecho Comparado y evita las injustas situaciones que ocurren como resultado de que, en la actual normativa, el fallo de la Corte solo alcanza al caso concreto y los reclamantes específicos.
Este es el único camino posible que cumple con los tres requisitos fundamentales para lograr el punto final de un largo diferendo que ha fracturado a nuestra sociedad y a nuestro sistema político. Habría un pronunciamiento popular como resultado de un acuerdo político multipartidario y se utilizaría un camino jurídico legítimo y dentro de las reglas del Estado de Derecho.
A ello dedicaremos nuestro esfuerzo e intentaremos sumar todas las voluntades detrás de esta iniciativa.
La otra opción, en caso de avanzar, generará un aluvión de reclamos de inconstitucionalidad que tendrá altas probabilidades de prosperar habida cuenta del estropicio jurídico de su enunciado, por lo tanto las situaciones referidas continuarán empantanadas.
Esta es una señal categórica que no puede ser soslayada en el debate ni en la búsqueda de nuevas soluciones jurídicas. Sin embargo, la bancada del Frente Amplio, amparada en su mayoría absoluta, acaba de presentar un proyecto de ley que pretende eliminar la ley de caducidad mediante un mecanismo que se lleva por delante varios principios generales del derecho.
La bancada del Frente Amplio pretende aprobar por cincuenta a cuarenta y nueve, en el Parlamento, lo que la ciudadanía rechazó hace solo un año. Para ello ha diseñado un mecanismo rotundamente ilegítimo que otorga a la norma proyectada una naturaleza supuestamente superior, en tanto interpreta la Constitución y luego interpreta su propia interpretación, dando un “doble salto mortal” que se pasa por encima al principio de la jerarquía de las normas y el principio de la soberanía del pueblo para definir los contenidos de su Carta Magna.
La proyectada ley se autoatribuye el poder ilegítimo de determinar nuevos contenidos a la Constitución, por la vía de una interpretación a todas luces abusiva. Y, a su vez, luego de atribuirle nuevos contenidos a la Ley Fundamental, utiliza esos contenidos para pretender anular la Ley de Caducidad.
Un disparate atrás de otro que sumados marcan seguramente un record en el desprecio al orden jurídico vigente.
La eliminación de la Ley de Caducidad, que en su contenido siempre hemos condenado y cuestionado por creerla inconstitucional e injusta, solo puede ser resultado de un procedimiento que cumpla con tres condiciones fundamentales: (a) que cuente con una nueva manifestación popular que modifique el pronunciamiento reciente, es decir que no alcanza con un pronunciamiento legislativo; (b) que sea el resultado de un entendimiento político amplio capaz de superar la vieja y radical división política de nuestro país y (c) tan importante como lo anterior, que su procedimiento sea acorde a los principios del Estado de Derecho y, por lo tanto, que se respeten las reglas de juego y la legitimidad de las formas.
Ninguna de esas condiciones está presente en la propuesta presentada. Es por eso que hemos trabajado, a partir de una idea del Dr. Hebert Gatto, en la propuesta de una reforma constitucional por la vía de una Ley Constitucional que cuente con el respaldo de todos los partidos, y que sea luego sometida a Plebiscito, para que los fallos de la Suprema Corte de Justicia referidos a la constitucionalidad de las leyes posean carácter general y determinen por tanto, en caso de ocurrir, la anulación de la ley impugnada.
La ampliación del alcance de la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte, posee numerosos ejemplos en el Derecho Comparado y evita las injustas situaciones que ocurren como resultado de que, en la actual normativa, el fallo de la Corte solo alcanza al caso concreto y los reclamantes específicos.
Este es el único camino posible que cumple con los tres requisitos fundamentales para lograr el punto final de un largo diferendo que ha fracturado a nuestra sociedad y a nuestro sistema político. Habría un pronunciamiento popular como resultado de un acuerdo político multipartidario y se utilizaría un camino jurídico legítimo y dentro de las reglas del Estado de Derecho.
A ello dedicaremos nuestro esfuerzo e intentaremos sumar todas las voluntades detrás de esta iniciativa.
La otra opción, en caso de avanzar, generará un aluvión de reclamos de inconstitucionalidad que tendrá altas probabilidades de prosperar habida cuenta del estropicio jurídico de su enunciado, por lo tanto las situaciones referidas continuarán empantanadas.
Ley de caducidad: no violar las reglas de juego / Pablo Mieres
La ley de caducidad fue una respuesta a nuestro juicio equivocada con respecto al tratamiento judicial de los graves hechos y violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado dictatorial. En su momento estuvimos entre los que militamos enérgicamente contra ella y buscamos, por los caminos que nuestro orden jurídico permitía, su eliminación por la vía del recurso de referéndum.
Juntamos firmas y votamos. La ciudadanía no compartió nuestra opinión y en abril de 1989 votó mayoritariamente por la confirmación de la referida norma. Una vez que el Frente Amplio accedió al gobierno, durante la gestión del Dr. Vázquez, la ley de caducidad fue interpretada de manera jurídicamente más correcta y ello permitió avances en la investigación de diversos casos de violación de los derechos humanos. La ley de caducidad no era un manto extenso que permitía cobijar a todo y a todos, como lamentablemente interpretaron los gobiernos anteriores; como toda norma tenía sus límites y dejaba fuera de la impunidad a numerosos casos y situaciones.
Sin embargo, el partido de gobierno entendió que era necesario promover una reforma constitucional que eliminara la lamentable ley. Para ello presentó a plebiscito una iniciativa que era a todas luces contradictoria con el orden jurídico vigente, por cuanto pretendía consagrar la anulación, cosa que no está prevista en nuestro derecho.
La ciudadanía volvió a expresarse en octubre de 2009 y volvió a ratificar la vigencia de esta norma. Sin embargo, y a pesar de las ratificaciones populares, el Frente Amplio ahora insiste con un nuevo proyecto de ley que pretende, por la vía de la interpretación de la Constitución, anular la malhadada ley. Otra vez pretende llevarse por delante las reglas de juego. Otra vez se pretende que el hecho de sentir que se tiene razón es o debe ser más fuerte que el respeto a las instituciones.
El problema es, más allá de las razones o sinrazones, la mentalidad que está detrás de este tema, es un razonamiento que pone por encima de las reglas de juego un supuesto derecho superior que se construye sin fundamento jurídico.
La democracia reposa en el respeto a las reglas de juego y es por eso que, para nosotros que estuvimos y estamos en contra de lo que dispuso la ley de caducidad, de todos modos la lógica democrática se hace más fuerte que cualquier otra cosa.
Solo existen dos alternativas jurídicamente viables.
Una es la derogación de la ley de caducidad y nosotros estamos dispuestos a recorrer ese camino que quita de nuestro ordenamiento jurídico a una norma que viola el principio de separación de poderes restableciendo equilibrios más correctos. Se nos ha dicho que la derogación no permite el juicio de los casos que ya fueron liberados por el efecto de la mencionada ley, y es verdad porque el principio de no retroactividad de la ley es un principio básico de las garantías de los ciudadanos, de todos los ciudadanos de los que se lo merecen y de los que no se lo merecen.
La otra alternativa que estamos dispuestos a recorrer es la aprobación de una Ley Constitucional que, con el apoyo de dos tercios del Parlamento, pueda ser sometida a plebiscito y por la que se modifique el alcance de las sentencias de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia.
En buena parte de los países del mundo existe una potestad jurisdiccional que permite declarar la inconstitucionalidad de una ley y, por tanto, hacerla inaplicable para todos los casos. En nuestro país no es así, una sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte solo tiene efectos para el accionante o el recurrente, pero la ley continúa vigente y mantiene todos sus efectos.
Pero, la aprobación de una reforma constitucional que otorgue a las sentencias de la Suprema Corte un efecto general permitiría que la declaración de inconstitucionalidad sobre la ley de caducidad produjera efectos definitivos eliminando la norma de nuestro ordenamiento jurídico y permitiendo que las acciones referidas a aquellos hechos puedan presentarse sin obstáculo.
Esta será nuestra iniciativa, en la búsqueda de cerrar este largo e injusto capítulo, sin que para ello haya que violar la Constitución ni los principios generales del derecho.
Juntamos firmas y votamos. La ciudadanía no compartió nuestra opinión y en abril de 1989 votó mayoritariamente por la confirmación de la referida norma. Una vez que el Frente Amplio accedió al gobierno, durante la gestión del Dr. Vázquez, la ley de caducidad fue interpretada de manera jurídicamente más correcta y ello permitió avances en la investigación de diversos casos de violación de los derechos humanos. La ley de caducidad no era un manto extenso que permitía cobijar a todo y a todos, como lamentablemente interpretaron los gobiernos anteriores; como toda norma tenía sus límites y dejaba fuera de la impunidad a numerosos casos y situaciones.
Sin embargo, el partido de gobierno entendió que era necesario promover una reforma constitucional que eliminara la lamentable ley. Para ello presentó a plebiscito una iniciativa que era a todas luces contradictoria con el orden jurídico vigente, por cuanto pretendía consagrar la anulación, cosa que no está prevista en nuestro derecho.
La ciudadanía volvió a expresarse en octubre de 2009 y volvió a ratificar la vigencia de esta norma. Sin embargo, y a pesar de las ratificaciones populares, el Frente Amplio ahora insiste con un nuevo proyecto de ley que pretende, por la vía de la interpretación de la Constitución, anular la malhadada ley. Otra vez pretende llevarse por delante las reglas de juego. Otra vez se pretende que el hecho de sentir que se tiene razón es o debe ser más fuerte que el respeto a las instituciones.
El problema es, más allá de las razones o sinrazones, la mentalidad que está detrás de este tema, es un razonamiento que pone por encima de las reglas de juego un supuesto derecho superior que se construye sin fundamento jurídico.
La democracia reposa en el respeto a las reglas de juego y es por eso que, para nosotros que estuvimos y estamos en contra de lo que dispuso la ley de caducidad, de todos modos la lógica democrática se hace más fuerte que cualquier otra cosa.
Solo existen dos alternativas jurídicamente viables.
Una es la derogación de la ley de caducidad y nosotros estamos dispuestos a recorrer ese camino que quita de nuestro ordenamiento jurídico a una norma que viola el principio de separación de poderes restableciendo equilibrios más correctos. Se nos ha dicho que la derogación no permite el juicio de los casos que ya fueron liberados por el efecto de la mencionada ley, y es verdad porque el principio de no retroactividad de la ley es un principio básico de las garantías de los ciudadanos, de todos los ciudadanos de los que se lo merecen y de los que no se lo merecen.
La otra alternativa que estamos dispuestos a recorrer es la aprobación de una Ley Constitucional que, con el apoyo de dos tercios del Parlamento, pueda ser sometida a plebiscito y por la que se modifique el alcance de las sentencias de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia.
En buena parte de los países del mundo existe una potestad jurisdiccional que permite declarar la inconstitucionalidad de una ley y, por tanto, hacerla inaplicable para todos los casos. En nuestro país no es así, una sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte solo tiene efectos para el accionante o el recurrente, pero la ley continúa vigente y mantiene todos sus efectos.
Pero, la aprobación de una reforma constitucional que otorgue a las sentencias de la Suprema Corte un efecto general permitiría que la declaración de inconstitucionalidad sobre la ley de caducidad produjera efectos definitivos eliminando la norma de nuestro ordenamiento jurídico y permitiendo que las acciones referidas a aquellos hechos puedan presentarse sin obstáculo.
Esta será nuestra iniciativa, en la búsqueda de cerrar este largo e injusto capítulo, sin que para ello haya que violar la Constitución ni los principios generales del derecho.
martes, 5 de octubre de 2010
PI propone modificar Constitución por Ley de Caducidad
Dirigentes del Partido Independiente promoverán una Reforma Constitucional que modifique el alcance de las sentencias de la SCJ. En declaraciones a Montevideo Portal Pablo Mieres sostuvo que la iniciativa que impulsa el Frente Amplio para anular la Ley de Caducidad "viola las reglas democráticas del juego". Reunidos con el presidente José Mujica manifestaron que votarán la Ley de Presupuesto en términos generales.
Los dirigentes del Partido Independiente se reunieron con el presidente José Mujica para abordar diferentes asuntos. En el encuentro manifestaron que su fuerza política promoverá una Reforma Constitucional que modifique el alcance de las sentencias de inconstitucionalidad realizadas por la Suprema Corte de Justicia.
El líder del partido, Pablo Mieres, explicó a Montevideo Portal que si bien se busca aplicar esta iniciativa para el caso de la Ley de Caducidad, se apunta a que esto "tenga un alcance general".
A pesar de que Mieres coincide con la finalidad de que la Ley de Caducidad no tenga valor, insiste en que anularla por la vía parlamentaria, como propuso la bancada del Frente Amplio, no es la mejor forma. "No estamos de acuerdo porque el proyecto viola las reglas democráticas de juego", dijo Mieres. La propuesta del PI apunta a que "cualquier norma que sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, sea anulada".
Si bien el presidente no manifestó su opinión al respecto y se limitó a "escuchar", los integrantes del PI van a "iniciar una recorrida por los demás partidos para proponer esta iniciativa".
Por otra parte, los independientes le transmitieron a Mujica la voluntad de "acompañar la votación de la Ley de Presupuesto en forma general".
"Es el único partido de oposición que vota en términos generales el presupuesto y eso porque compartimos las prioridades estratégicas que plantea la ley en materia de educación, seguridad vivienda y protección social. Estamos de acuerdo tanto con el enunciado como en los instrumentos que se utilizan, entre los que figuran las asignaciones familiares, la eliminación del servicio 222 y la inversión en infraestructura. Esas son algunas de las razones del apoyo".
A pesar de eso, la fuerza no votará la creación de cargos de confianza, la de los coordinadores de Presidencia y los artículos que apuntan a minimizar la autonomía de la Unidad Reguladora de las Comunicaciones (URSEC).
En el encuentro con el presidente, Mieres reiteró la intención del partido de que se incluya en la Ley de Presupuesto un artículo que señale que "si el país crece más de lo previsto, una parte de ello se aplique a lo que sería abatimiento de deuda o generación de reserva". Ésta es una "señal de preocupación para que no haya un exceso en el gasto", señaló Mieres.
Montevideo Portal
Los dirigentes del Partido Independiente se reunieron con el presidente José Mujica para abordar diferentes asuntos. En el encuentro manifestaron que su fuerza política promoverá una Reforma Constitucional que modifique el alcance de las sentencias de inconstitucionalidad realizadas por la Suprema Corte de Justicia.
El líder del partido, Pablo Mieres, explicó a Montevideo Portal que si bien se busca aplicar esta iniciativa para el caso de la Ley de Caducidad, se apunta a que esto "tenga un alcance general".
A pesar de que Mieres coincide con la finalidad de que la Ley de Caducidad no tenga valor, insiste en que anularla por la vía parlamentaria, como propuso la bancada del Frente Amplio, no es la mejor forma. "No estamos de acuerdo porque el proyecto viola las reglas democráticas de juego", dijo Mieres. La propuesta del PI apunta a que "cualquier norma que sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, sea anulada".
Si bien el presidente no manifestó su opinión al respecto y se limitó a "escuchar", los integrantes del PI van a "iniciar una recorrida por los demás partidos para proponer esta iniciativa".
Por otra parte, los independientes le transmitieron a Mujica la voluntad de "acompañar la votación de la Ley de Presupuesto en forma general".
"Es el único partido de oposición que vota en términos generales el presupuesto y eso porque compartimos las prioridades estratégicas que plantea la ley en materia de educación, seguridad vivienda y protección social. Estamos de acuerdo tanto con el enunciado como en los instrumentos que se utilizan, entre los que figuran las asignaciones familiares, la eliminación del servicio 222 y la inversión en infraestructura. Esas son algunas de las razones del apoyo".
A pesar de eso, la fuerza no votará la creación de cargos de confianza, la de los coordinadores de Presidencia y los artículos que apuntan a minimizar la autonomía de la Unidad Reguladora de las Comunicaciones (URSEC).
En el encuentro con el presidente, Mieres reiteró la intención del partido de que se incluya en la Ley de Presupuesto un artículo que señale que "si el país crece más de lo previsto, una parte de ello se aplique a lo que sería abatimiento de deuda o generación de reserva". Ésta es una "señal de preocupación para que no haya un exceso en el gasto", señaló Mieres.
Montevideo Portal
lunes, 4 de octubre de 2010
Independientes acompañarán votación del Prespuesto
La Junta Federal del Partido Independiente (PI) resolvió votar en general la ley de Presupuesto que el gobierno envió al Parlamento. La discusión del articulado comenzó el domingo en comisión de Diputados. Blancos y colorados se pronunciaron en contra de la misma.
El diputado Iván Posada explicó a EL PAÍS digital que el voto positivo radica en que se comparten los lineamientos generales del proyecto de ley en materia de distribución de recursos en cuatro áreas que para el PI son de "alta prioridad": educación, seguridad pública, vivienda y protección social.
Posada agregó que se mantienen fuertes críticas sobre la creación de cargos, como los coordinadores departamentales, y normas relativas a los funcionarios que "a nuestro juicio tienen varias carencias".
Por otro lado y sobre la votación que se inició hoy, el presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, Doreen Ibarra, explicó que la finalidad es dividir la votación en tres días.
El domingo estuvieron reunidos hasta las 21:00 horas,hoy y el martes sesionarán desde las ocho de la mañana hasta las 21:00 horas, informó ayer El Espectador.
CADUCIDAD. En la reunión que mantuvo el Partido Independiente también se analizó la propuesta del Frente Amplio de anular la Ley de Caducidad. Posada dijo que se resolvió rechazar esta iniciativa por cuestiones de caracter jurídico y político.
"Consideramos que ese proyecto de ley es ajeno a nuestro estado de Derecho" y recordó que la sociedad ya expresó su rechazo, en octubre del año pasado, a un proyecto de reforma constitucional.
En ese sentido, el Partido Independiente analizar presentar un proyecto de reforma Constitucional por el cual se cambie el alcance de los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cuando declara una ley inconstitucional.
"Sería un cambio cualitativo que pondría a Uruguay en el mismo nivel que países europeos y de Latinoamérica, en cuanto a que un pronunciamiento de la SCJ en relación a la constitucionalidad de las leyes tendría carácter general y no exclusivo —como ocurre ahora— para la persona que hace el planteo", finalizó Posada.
El diputado Iván Posada explicó a EL PAÍS digital que el voto positivo radica en que se comparten los lineamientos generales del proyecto de ley en materia de distribución de recursos en cuatro áreas que para el PI son de "alta prioridad": educación, seguridad pública, vivienda y protección social.
Posada agregó que se mantienen fuertes críticas sobre la creación de cargos, como los coordinadores departamentales, y normas relativas a los funcionarios que "a nuestro juicio tienen varias carencias".
Por otro lado y sobre la votación que se inició hoy, el presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, Doreen Ibarra, explicó que la finalidad es dividir la votación en tres días.
El domingo estuvieron reunidos hasta las 21:00 horas,hoy y el martes sesionarán desde las ocho de la mañana hasta las 21:00 horas, informó ayer El Espectador.
CADUCIDAD. En la reunión que mantuvo el Partido Independiente también se analizó la propuesta del Frente Amplio de anular la Ley de Caducidad. Posada dijo que se resolvió rechazar esta iniciativa por cuestiones de caracter jurídico y político.
"Consideramos que ese proyecto de ley es ajeno a nuestro estado de Derecho" y recordó que la sociedad ya expresó su rechazo, en octubre del año pasado, a un proyecto de reforma constitucional.
En ese sentido, el Partido Independiente analizar presentar un proyecto de reforma Constitucional por el cual se cambie el alcance de los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cuando declara una ley inconstitucional.
"Sería un cambio cualitativo que pondría a Uruguay en el mismo nivel que países europeos y de Latinoamérica, en cuanto a que un pronunciamiento de la SCJ en relación a la constitucionalidad de las leyes tendría carácter general y no exclusivo —como ocurre ahora— para la persona que hace el planteo", finalizó Posada.
jueves, 30 de setiembre de 2010
Reunión de la Intendencia y los diputados electos por Canelones
El Intendente Carámbula se reunió con los diputados y diputadas de Canelones para explicar cual es la situación financiera de la Comuna. Estuvieron presentes legisladores de todos los partidos políticos. La reunión se realizó en la Sala de
Actos de la Intendencia de Canelones.
El Dr. Marcos Carámbula, acompañado por la Prosecretaria Gral. de la Comuna Loreley Rodríguez y el Director Gral. de Recursos Financieros Mario Mariño, recibió a los diputados y diputadas del departamento de Canelones, para explicar cual es la situación financiera de la Comuna y las soluciones que se están tomando al respecto.
Estuvieron presentes legisladores de todos los partidos políticos. Por el Frente Amplio concurrieron Sebastián Sabini, Juan Carlos Souza, Raúl Olivera, José Carlos Mahía y Horacio Yanes. Por el Partido Colorado estuvieron Gustavo Espinosa y Graciela Mattiaude. Por el Partido Nacional llegó Daniel López Villalba. Por el Partido Independiente concurrió Daniel Radío.
La Prosecretaria General de la Comuna Canaria Loreley Rodríguez, dijo que “la reunión estaba pautada dentro de una agenda de temas que el propio Intendente ha definido en conjunto con el equipo de gobierno, a efectos de poner a todos los niveles que participan en el departamento de Canelones, en conocimiento de lo que se ha divulgado en los últimos días, que es la situación económico financiera de la Comuna y una puesta a punto de los índices de morosidad que determinaron las distintas medidas que se están implementando en el departamento”.
Por su parte, el diputado Sebastián Sabini, comentó que era necesario este encuentro entre todos los sectores políticos para saber cual es la situación departamental. “Esto es muy importante para saber como está Canelones y cuales son las posibles soluciones”. En tanto, su colega José Carlos Mahía señaló que la reunión fue muy positiva. “Hacía tiempo que no participaba de una reunión de esta índole, es realmente para destacar porque hubo una información muy transparente de la Intendencia y además ideas de todos los partidos para revertir la situación”.
El diputado del Partido Colorado Gustavo Espinosa sostuvo que más allá de las diferencias es una buena señal hacía la población que se junten todos los partidos. “Una reunión altamente positiva y todos aportamos para construir el departamento. Los partidos seguirán teniendo matices, pero hay momentos en que hay que juntarse y dialogar para el bien de todos los pobladores de Canelones”.
El Nacionalista Daniel López Villalba coincidió con los demás legisladores que es
una buena señal hacía el ciudadano el reunirse todos los sectores políticos. “Por algo fuimos elegidos, para trabajar por los canarios, es estas cuestiones no podemos no juntarnos y conversar, debemos hacerlos, es muy positivo hacía la población este tipo de reuniones, si bien se marcan las diferencias también se debe aportar ideas”. IS
Actos de la Intendencia de Canelones.
El Dr. Marcos Carámbula, acompañado por la Prosecretaria Gral. de la Comuna Loreley Rodríguez y el Director Gral. de Recursos Financieros Mario Mariño, recibió a los diputados y diputadas del departamento de Canelones, para explicar cual es la situación financiera de la Comuna y las soluciones que se están tomando al respecto.
Estuvieron presentes legisladores de todos los partidos políticos. Por el Frente Amplio concurrieron Sebastián Sabini, Juan Carlos Souza, Raúl Olivera, José Carlos Mahía y Horacio Yanes. Por el Partido Colorado estuvieron Gustavo Espinosa y Graciela Mattiaude. Por el Partido Nacional llegó Daniel López Villalba. Por el Partido Independiente concurrió Daniel Radío.
La Prosecretaria General de la Comuna Canaria Loreley Rodríguez, dijo que “la reunión estaba pautada dentro de una agenda de temas que el propio Intendente ha definido en conjunto con el equipo de gobierno, a efectos de poner a todos los niveles que participan en el departamento de Canelones, en conocimiento de lo que se ha divulgado en los últimos días, que es la situación económico financiera de la Comuna y una puesta a punto de los índices de morosidad que determinaron las distintas medidas que se están implementando en el departamento”.
Por su parte, el diputado Sebastián Sabini, comentó que era necesario este encuentro entre todos los sectores políticos para saber cual es la situación departamental. “Esto es muy importante para saber como está Canelones y cuales son las posibles soluciones”. En tanto, su colega José Carlos Mahía señaló que la reunión fue muy positiva. “Hacía tiempo que no participaba de una reunión de esta índole, es realmente para destacar porque hubo una información muy transparente de la Intendencia y además ideas de todos los partidos para revertir la situación”.
El diputado del Partido Colorado Gustavo Espinosa sostuvo que más allá de las diferencias es una buena señal hacía la población que se junten todos los partidos. “Una reunión altamente positiva y todos aportamos para construir el departamento. Los partidos seguirán teniendo matices, pero hay momentos en que hay que juntarse y dialogar para el bien de todos los pobladores de Canelones”.
El Nacionalista Daniel López Villalba coincidió con los demás legisladores que es
una buena señal hacía el ciudadano el reunirse todos los sectores políticos. “Por algo fuimos elegidos, para trabajar por los canarios, es estas cuestiones no podemos no juntarnos y conversar, debemos hacerlos, es muy positivo hacía la población este tipo de reuniones, si bien se marcan las diferencias también se debe aportar ideas”. IS
Febrero del 73: fue mucho peor / Pablo Mieres
Hace un par de semanas se suscitó una fuerte polémica en el Parlamento sobre el papel que este había jugado durante la crisis de febrero de 1973. El Diputado Fernando Amado cuestionó la actuación del Parlamento de la época y esta intervención generó reacciones airadas cuestionando los dichos del diputado.
Sin embargo, más allá de cierto tono desafiante y de ciertas referencias exageradas, lo que afirmó el diputado era básicamente cierto. En efecto, todas las crónicas de la época y los estudios posteriores mostraron con contundencia que el Parlamento no se había reunido durante los cuatro días que duró ese grave conflicto que, visto con perspectiva histórica, supuso la primera ruptura institucional de la que junio fue su culminación definitiva.
Pero que el Parlamento no se haya reunido no significa que el sistema político, los partidos y los dirigentes políticos estuvieran ajenos o alejados de lo que estaba ocurriendo. Nada de eso, por el contrario todos los partidos y sus principales dirigentes seguían muy de cerca los acontecimientos y asumieron actitudes y posiciones políticas concretas.
Las apuestas políticas y las actitudes asumidas por buena parte del sistema políticouruguayo en aquel momento fueron mucho peores que la omisión señalada. Antes, durante y después de los hechos de febrero, las posturas de muchos dirigentes denotaron un evidente debilitamiento de los reflejos democráticos de nuestro sistema político.
En efecto, en febrero dos de las tres armas desacataron una decisión del Presidente de la República, quien nombró a un Ministro de Defensa que fue desconocido por las jerarquías militares. Los hechos son bien conocidos, la Armada defendió la institucionalidad hasta que se generó un cambio en la correlación de fuerzas interna y todo el frente militar se unificó en una clara sublevación contra el orden establecido.
El Presidente de la época, que como todos sabemos nunca tuvo convicciones democráticas, rápidamente acordó con los militares y se puso en línea con el golpe de Estado en proceso.
Otros dirigentes apostaban en ese entonces a que las Fuerzas Armadas forzaran la renuncia del Presidente para realizar elecciones anticipadas.
Finalmente, otros apostaron a que el levantamiento militar se inscribía en una línea de transformación revolucionaria y que, Comunicados 4 y 7 de por medio, se asomaba un golpe “peruanista” que llevaría adelante los cambios sociales y económicos que se buscaban. Por lo que apoyaron con expectativa el levantamiento de febrero.
Fueron muy pocos los que señalaron con firmeza que las instituciones debían ser defendidas a toda costa. El Senador Amílcar Vasconcellos, el Dr. Carlos Quijano y seguramente unos cuantos más, con menor visibilidad, señalaron los peligros que se cernían sobre la democracia. Pero la mayoría del sistema político no interpretó los hechos ni actuó de esa manera.
Entonces, lo peor no fue que el Parlamento no se haya reunido, sino que buena parte de las apuestas de los partidos eran más bien claudicantes con respecto a la defensa de la democracia y el respeto a las reglas de juego.
Obviamente esto no ocurriría hoy en día, porque la historia nos ha “marcado a fuego” y es cierto, también, que los partidos fuimos los grandes actores del retorno a la democracia. Por otra parte, la actual fortaleza de nuestro sistema democrático se sustenta en los partidos políticos que son un bastión fundamental de nuestra institucionalidad.
Pero la reivindicación del enorme papel jugado por partidos y dirigentes políticos en la recuperación de la democracia, no nos debe llevar a negar la realidad de la claudicación mayoritaria ocurrida en aquellos tristes momentos.
El Diputado Amado puso el “dedo en la llaga”, ciertamente con un toque de “insolencia” que afectó la sensibilidad de muchos, pero dijo algo que es verdad. Y lo dijo uno de los diputados más jóvenes del Parlamento, quizás por ello en este sistema político gerontocrático se le hizo pagar un peaje aun mayor por su “atrevimiento”.
Lo cierto es que en aquel febrero, las posiciones de buena parte del sistema político fueron más graves que la mera omisión señalada. Es bueno no negar el pasado ni obviar los errores cometidos, es un paso imprescindible para construir con solidez el futuro.
Sin embargo, más allá de cierto tono desafiante y de ciertas referencias exageradas, lo que afirmó el diputado era básicamente cierto. En efecto, todas las crónicas de la época y los estudios posteriores mostraron con contundencia que el Parlamento no se había reunido durante los cuatro días que duró ese grave conflicto que, visto con perspectiva histórica, supuso la primera ruptura institucional de la que junio fue su culminación definitiva.
Pero que el Parlamento no se haya reunido no significa que el sistema político, los partidos y los dirigentes políticos estuvieran ajenos o alejados de lo que estaba ocurriendo. Nada de eso, por el contrario todos los partidos y sus principales dirigentes seguían muy de cerca los acontecimientos y asumieron actitudes y posiciones políticas concretas.
Las apuestas políticas y las actitudes asumidas por buena parte del sistema políticouruguayo en aquel momento fueron mucho peores que la omisión señalada. Antes, durante y después de los hechos de febrero, las posturas de muchos dirigentes denotaron un evidente debilitamiento de los reflejos democráticos de nuestro sistema político.
En efecto, en febrero dos de las tres armas desacataron una decisión del Presidente de la República, quien nombró a un Ministro de Defensa que fue desconocido por las jerarquías militares. Los hechos son bien conocidos, la Armada defendió la institucionalidad hasta que se generó un cambio en la correlación de fuerzas interna y todo el frente militar se unificó en una clara sublevación contra el orden establecido.
El Presidente de la época, que como todos sabemos nunca tuvo convicciones democráticas, rápidamente acordó con los militares y se puso en línea con el golpe de Estado en proceso.
Otros dirigentes apostaban en ese entonces a que las Fuerzas Armadas forzaran la renuncia del Presidente para realizar elecciones anticipadas.
Finalmente, otros apostaron a que el levantamiento militar se inscribía en una línea de transformación revolucionaria y que, Comunicados 4 y 7 de por medio, se asomaba un golpe “peruanista” que llevaría adelante los cambios sociales y económicos que se buscaban. Por lo que apoyaron con expectativa el levantamiento de febrero.
Fueron muy pocos los que señalaron con firmeza que las instituciones debían ser defendidas a toda costa. El Senador Amílcar Vasconcellos, el Dr. Carlos Quijano y seguramente unos cuantos más, con menor visibilidad, señalaron los peligros que se cernían sobre la democracia. Pero la mayoría del sistema político no interpretó los hechos ni actuó de esa manera.
Entonces, lo peor no fue que el Parlamento no se haya reunido, sino que buena parte de las apuestas de los partidos eran más bien claudicantes con respecto a la defensa de la democracia y el respeto a las reglas de juego.
Obviamente esto no ocurriría hoy en día, porque la historia nos ha “marcado a fuego” y es cierto, también, que los partidos fuimos los grandes actores del retorno a la democracia. Por otra parte, la actual fortaleza de nuestro sistema democrático se sustenta en los partidos políticos que son un bastión fundamental de nuestra institucionalidad.
Pero la reivindicación del enorme papel jugado por partidos y dirigentes políticos en la recuperación de la democracia, no nos debe llevar a negar la realidad de la claudicación mayoritaria ocurrida en aquellos tristes momentos.
El Diputado Amado puso el “dedo en la llaga”, ciertamente con un toque de “insolencia” que afectó la sensibilidad de muchos, pero dijo algo que es verdad. Y lo dijo uno de los diputados más jóvenes del Parlamento, quizás por ello en este sistema político gerontocrático se le hizo pagar un peaje aun mayor por su “atrevimiento”.
Lo cierto es que en aquel febrero, las posiciones de buena parte del sistema político fueron más graves que la mera omisión señalada. Es bueno no negar el pasado ni obviar los errores cometidos, es un paso imprescindible para construir con solidez el futuro.
miércoles, 29 de setiembre de 2010
Inspectores de tránsito o cazadores de multas / Pablo Mieres
El sábado pasado volvía de participar en el Acto de Clausura de la Expo Prado 2010 por Bvar. Batlle y Ordóñez a las cinco y media de la tarde, un día espléndido de primavera, cuando de repente en el medio de una larga recta, se encontraban parapetados cinco Inspectores de Tránsito de la Intendencia Municipal de Montevideo quienes procedieron a hacerme señas para que me detuviera y me señalaron que había violado el límite de velocidad.
Supondrá el lector que yo circulaba a alta velocidad y que, por lo tanto, estaba manejando en forma imprudente por lo que era pertinente una sanción. Pues los propios Inspectores me indicaron que estaba circulando a 76 km por hora. ¡¡¡Por supuesto, la velocidad máxima en ese lugar era de 60km por hora!!! Por lo tanto, procedieron a multarme.
Tomo este episodio a modo de ejemplo de lo que cotidianamente sufren una gran cantidad de automovilistas de nuestra capital.
Resulta evidente que los Inspectores de Tránsito saben muy bien que en ese bulevar, en línea recta, en bajada, con visibilidad plena, a mitad de una tarde de sol, es obvio que el límite de velocidad es ridículo y anacrónico. Por eso mismo, los Inspectores de Tránsito se instalan allí. Para cosechar multas, para recaudar, a medias entre la Intendencia Municipal (voraz e insaciable captadora de recursos) y los propios Inspectores que cobran su porcentaje por cada multa que aplican.
Los Inspectores no se instalan en los lugares de riesgo o en las horas más difíciles con el objeto de ayudar a mejorar el tránsito y reducir los accidentes. No buscan cumplir con su función aportando para evitar los accidentes, reducir la siniestralidad y cumplir una tarea docente con los ciudadanos.
Por el contrario, eligen lugares en donde, hasta por inercia, los automovilistas superan un límite de velocidad absurdo y ajeno a toda lógica de la normal fluidez del tránsito, y entonces aplican sus multas con total descaro y amparados en una normativa notoriamente ajena a la realidad actual.
En casi toda la ciudad el límite de velocidad es de 45km por hora. Si ese límite fuera respetado el tránsito montevideano sería aun peor de lo que ya es, los congestionamientos y los “cuellos de botella” se multiplicarían y los semáforos, en vez de colaborar con la fluidez de la circulación, se convertirían en verdaderas barreras insoportables que aumentarían la insoportable lentitud.
La Intendencia sabe muy bien esto y, sin embargo, mantiene normativas inadecuadas que le permiten, cuando se le ocurre, completar ingresos simplemente saliendo a aplicar, en los lugares definidos, la normativa vigente que nadie cumple.
Se colocan a un costado, en algunos casos detrás de algún árbol, de a varios, porque saben que van a tener que defenderse de la indignación ciudadana, con el único objetivo de “cazar multas” para aumentar sus ingresos, en complicidad con una Intendencia que hace años que se alejó de los ciudadanos, a quienes considera como simples “contribuyentes” de los que hay que extraer la mayor cantidad de recursos posible.
De esta manera, la Intendencia Municipal paga los altísimos salarios de sus numerosos y crecientes cargos de dirección y de confianza, así como el salario de sus miles de funcionarios que son, sin dudas, de los funcionarios públicos mejores pagos del país; sin generar servicios de calidad proporcional a los aportes que todos hacemos. Por el contrario, ofreciendo servicios cada vezm de peor calidad y eficacia.
Pero el caso de los inspectores de tránsito es particularmente grave porque se produce una asociación de mutuo beneficio entre estos y el gobierno municipal que hace acordar a la Edad Media, cuando los reyes otorgaban a ciertos nobles el derecho de salir a cobrar impuestos en nombre de aquel, para que estos últimos se enriquecieran arbitrariamente.
Por ejemplo, nadie sabe con qué criterios se define que se paren los Inspectores en determinados lugares y horas. Nadie sabe qué fundamento de política de tránsito sostiene estas acciones. La impresión que tenemos los contribuyentes, simples ciudadanos, es que la estrategia está guiada por la pura arbitrariedad y el objetivo patético de juntar recursos a costa nuestra.
Ese mismo día el informativo de la noche daba cuenta de las declaraciones del Director de Tránsito de la Intendencia que se quejaba de que ya no hay respeto a la autoridad.
Se olvida el Director que la autoridad se acata porque no hay más remedio que hacerlo debido a las normas vigentes, pero el respeto se gana mediante el ejercicio correcto y justo de la autoridad. Nada más lejano a lo que ocurre con la política y el accionar de la Dirección de Tránsito de este gobierno departamental.
Mientras la comuna no cambie sus formas de actuar, sus inspectores seguirán siendo objeto de los mayores cuestionamientos, porque los ciudadanos sentimos que el objetivo de su accionar no consiste en ayudar a mejorar el tránsito y la calidad de vida de nuestra ciudad, sino a aprovecharse de las reglas que ellos mismos fijan.
Supondrá el lector que yo circulaba a alta velocidad y que, por lo tanto, estaba manejando en forma imprudente por lo que era pertinente una sanción. Pues los propios Inspectores me indicaron que estaba circulando a 76 km por hora. ¡¡¡Por supuesto, la velocidad máxima en ese lugar era de 60km por hora!!! Por lo tanto, procedieron a multarme.
Tomo este episodio a modo de ejemplo de lo que cotidianamente sufren una gran cantidad de automovilistas de nuestra capital.
Resulta evidente que los Inspectores de Tránsito saben muy bien que en ese bulevar, en línea recta, en bajada, con visibilidad plena, a mitad de una tarde de sol, es obvio que el límite de velocidad es ridículo y anacrónico. Por eso mismo, los Inspectores de Tránsito se instalan allí. Para cosechar multas, para recaudar, a medias entre la Intendencia Municipal (voraz e insaciable captadora de recursos) y los propios Inspectores que cobran su porcentaje por cada multa que aplican.
Los Inspectores no se instalan en los lugares de riesgo o en las horas más difíciles con el objeto de ayudar a mejorar el tránsito y reducir los accidentes. No buscan cumplir con su función aportando para evitar los accidentes, reducir la siniestralidad y cumplir una tarea docente con los ciudadanos.
Por el contrario, eligen lugares en donde, hasta por inercia, los automovilistas superan un límite de velocidad absurdo y ajeno a toda lógica de la normal fluidez del tránsito, y entonces aplican sus multas con total descaro y amparados en una normativa notoriamente ajena a la realidad actual.
En casi toda la ciudad el límite de velocidad es de 45km por hora. Si ese límite fuera respetado el tránsito montevideano sería aun peor de lo que ya es, los congestionamientos y los “cuellos de botella” se multiplicarían y los semáforos, en vez de colaborar con la fluidez de la circulación, se convertirían en verdaderas barreras insoportables que aumentarían la insoportable lentitud.
La Intendencia sabe muy bien esto y, sin embargo, mantiene normativas inadecuadas que le permiten, cuando se le ocurre, completar ingresos simplemente saliendo a aplicar, en los lugares definidos, la normativa vigente que nadie cumple.
Se colocan a un costado, en algunos casos detrás de algún árbol, de a varios, porque saben que van a tener que defenderse de la indignación ciudadana, con el único objetivo de “cazar multas” para aumentar sus ingresos, en complicidad con una Intendencia que hace años que se alejó de los ciudadanos, a quienes considera como simples “contribuyentes” de los que hay que extraer la mayor cantidad de recursos posible.
De esta manera, la Intendencia Municipal paga los altísimos salarios de sus numerosos y crecientes cargos de dirección y de confianza, así como el salario de sus miles de funcionarios que son, sin dudas, de los funcionarios públicos mejores pagos del país; sin generar servicios de calidad proporcional a los aportes que todos hacemos. Por el contrario, ofreciendo servicios cada vezm de peor calidad y eficacia.
Pero el caso de los inspectores de tránsito es particularmente grave porque se produce una asociación de mutuo beneficio entre estos y el gobierno municipal que hace acordar a la Edad Media, cuando los reyes otorgaban a ciertos nobles el derecho de salir a cobrar impuestos en nombre de aquel, para que estos últimos se enriquecieran arbitrariamente.
Por ejemplo, nadie sabe con qué criterios se define que se paren los Inspectores en determinados lugares y horas. Nadie sabe qué fundamento de política de tránsito sostiene estas acciones. La impresión que tenemos los contribuyentes, simples ciudadanos, es que la estrategia está guiada por la pura arbitrariedad y el objetivo patético de juntar recursos a costa nuestra.
Ese mismo día el informativo de la noche daba cuenta de las declaraciones del Director de Tránsito de la Intendencia que se quejaba de que ya no hay respeto a la autoridad.
Se olvida el Director que la autoridad se acata porque no hay más remedio que hacerlo debido a las normas vigentes, pero el respeto se gana mediante el ejercicio correcto y justo de la autoridad. Nada más lejano a lo que ocurre con la política y el accionar de la Dirección de Tránsito de este gobierno departamental.
Mientras la comuna no cambie sus formas de actuar, sus inspectores seguirán siendo objeto de los mayores cuestionamientos, porque los ciudadanos sentimos que el objetivo de su accionar no consiste en ayudar a mejorar el tránsito y la calidad de vida de nuestra ciudad, sino a aprovecharse de las reglas que ellos mismos fijan.
El desgaste de los paros / Pablo Mieres
El próximo 6 de octubre se realizará un nuevo paro general convocado por el movimiento sindical. En esta oportunidad la decisión fue tomada por mayoría estrecha, con la opinión contraria de buena parte de las delegaciones sindicales.
Incluso a la fecha se está discutiendo la original modalidad elegida para cumplir con el paro, desde el mediodía de un día hasta el mediodía del día siguiente, como si existiera un afán especial en generar afectación mayor al funcionamiento del país.
Este debate, esta división en torno a la medida aprobada y a su modalidad de ejecución, lleva inevitablemente a una reflexión sobre la utilización estratégica de esta medida por parte de las organizaciones sindicales.
Si uno analiza la medida de un paro general de 24 horas en el marco del conjunto de acciones y recursos que un sindicato tiene para ejercer presión sobre el gobierno o sobre los empresarios, llegará rápidamente a la conclusión de que esta es una de las medidas de mayor intensidad que puede adoptar un movimiento sindical.
En efecto, luego del paro general está el paro general por más de un día y después de eso solo existe la huelga general. De modo que el recurso al paro general es un recurso casi extremo al que se debería echar mano en situaciones correlativamente graves.
Sin embargo, en nuestro país los paros generales se han ido rutinizando debido a un uso y abuso del recurso de fuerza que, prácticamente, ha ingresado a formar parte de nuestro paisaje socio-`político cotidiano.
Antes los paros se hacían contra los gobiernos de la derecha que, a juicio de todos los dirigentes sindicales de los que la casi totalidad pertenecen al Frente Amplio, eran los culpables directos de la mala situación de los trabajadores. Sin embargo, cuando el Frente Amplio accedió al gobierno esta práctica continuó desarrollándose sin mayores cambios, aunque el movimiento sindical tomó partido expreso en las últimas elecciones apoyando la alternativa electoral del Frente Amplio.
Ahora con el actual gobierno que representa, dentro del Frente Amplio, a sus alternativas más a la izquierda, tampoco se le ha dado tregua y se ha desarrollado una estrategia de lucha con las mismas características que en tiempos anteriores.
Todos sabemos en este país lo que pasa cuando hay un paro general. Paran las oficinas públicas, el transporte público, los bancos, las fábricas grandes y la enseñanza. Muchas otras actividades continúan desarrollándose en paralelo y todos ya estamos acostumbrados a esta realidad.
El uso frecuente de la medida del paro general sin que se mantenga una proporción efectiva entre la entidad de la medida y el nivel del conflicto al que responde, afecta su significación y reduce su importancia. Todos nos acostumbramos a que cada cierto tiempo exista un paro general en el que ciertos servicios se interrumpen y los trabajadores de ciertas areas de la actividad no trabajan.
El país pierde producción, los estudiantes pierden otro día de clases y un gobierno que recién comienza y que busca representar a los trabajadores, recibe ya el segundo paro general en seis meses de gestión.
Habría que preguntarse por qué los sindicatos de este país no se dan cuenta de que los instrumentos de presión y protesta de los trabajadores deben guardar una proporción razonable con el nivel de conflictos que existe. De otro modo se convierte, como hoy es, en una costumbre sin mayores resultados.
Incluso a la fecha se está discutiendo la original modalidad elegida para cumplir con el paro, desde el mediodía de un día hasta el mediodía del día siguiente, como si existiera un afán especial en generar afectación mayor al funcionamiento del país.
Este debate, esta división en torno a la medida aprobada y a su modalidad de ejecución, lleva inevitablemente a una reflexión sobre la utilización estratégica de esta medida por parte de las organizaciones sindicales.
Si uno analiza la medida de un paro general de 24 horas en el marco del conjunto de acciones y recursos que un sindicato tiene para ejercer presión sobre el gobierno o sobre los empresarios, llegará rápidamente a la conclusión de que esta es una de las medidas de mayor intensidad que puede adoptar un movimiento sindical.
En efecto, luego del paro general está el paro general por más de un día y después de eso solo existe la huelga general. De modo que el recurso al paro general es un recurso casi extremo al que se debería echar mano en situaciones correlativamente graves.
Sin embargo, en nuestro país los paros generales se han ido rutinizando debido a un uso y abuso del recurso de fuerza que, prácticamente, ha ingresado a formar parte de nuestro paisaje socio-`político cotidiano.
Antes los paros se hacían contra los gobiernos de la derecha que, a juicio de todos los dirigentes sindicales de los que la casi totalidad pertenecen al Frente Amplio, eran los culpables directos de la mala situación de los trabajadores. Sin embargo, cuando el Frente Amplio accedió al gobierno esta práctica continuó desarrollándose sin mayores cambios, aunque el movimiento sindical tomó partido expreso en las últimas elecciones apoyando la alternativa electoral del Frente Amplio.
Ahora con el actual gobierno que representa, dentro del Frente Amplio, a sus alternativas más a la izquierda, tampoco se le ha dado tregua y se ha desarrollado una estrategia de lucha con las mismas características que en tiempos anteriores.
Todos sabemos en este país lo que pasa cuando hay un paro general. Paran las oficinas públicas, el transporte público, los bancos, las fábricas grandes y la enseñanza. Muchas otras actividades continúan desarrollándose en paralelo y todos ya estamos acostumbrados a esta realidad.
El uso frecuente de la medida del paro general sin que se mantenga una proporción efectiva entre la entidad de la medida y el nivel del conflicto al que responde, afecta su significación y reduce su importancia. Todos nos acostumbramos a que cada cierto tiempo exista un paro general en el que ciertos servicios se interrumpen y los trabajadores de ciertas areas de la actividad no trabajan.
El país pierde producción, los estudiantes pierden otro día de clases y un gobierno que recién comienza y que busca representar a los trabajadores, recibe ya el segundo paro general en seis meses de gestión.
Habría que preguntarse por qué los sindicatos de este país no se dan cuenta de que los instrumentos de presión y protesta de los trabajadores deben guardar una proporción razonable con el nivel de conflictos que existe. De otro modo se convierte, como hoy es, en una costumbre sin mayores resultados.
miércoles, 22 de setiembre de 2010
Acreditación y evaluación para todos / Pablo Mieres
Cualquier sistema universitario que se precie debe contar con una institución encargada de evaluar y acreditar a las instituciones universitarias y sus correspondientes carreras. Así ocurre en casi todas partes del mundo y su existencia promueve el desarrollo académico del sistema universitario de un país.
Por lo tanto, nadie puede negar la necesidad de que exista una Agencia de Acreditación y Evaluación Universitaria. Al contrario, esta tiene que cumplir un papel decisivo en varios sentidos. En primer lugar, una agencia de acreditación es una garantía para las instituciones universitarias porque les permite contar con un monitoreo y seguimiento que las ayuda a mejorar y avanzar en materia de calidad y excelencia académica. En segundo lugar, porque es una señal para los estudiantes y sus familias sobre cuáles son los niveles efectivos de calidad de cada propuesta educativa permitiendo que los ciudadanos elijan con mayor conocimiento de causa y con más elementos. En tercer lugar, genera una dinámica de sana competencia entre los diferentes actores universitarios que deben medirse contra un estándar común y objetivo y con respecto a los otros actores universitarios que ofrecen similares alternativas educativas.
Pero lo que no ocurre en ninguna parte del mundo es que el instituto encargado de evaluar y acreditar, solo evalúe a algunas instituciones universitarias y no a todas. Lo que tampoco ocurre en ninguna parte del mundo es que, además, ese organismo encargado de evaluar esté integrado por representantes de esa misma universidad que queda fuera del alcance de la evaluación. Eso es un verdadero desquicio, insostenible ante cualquier análisis con un mínimo de sensatez.
Pues bien, eso es lo que dice el proyecto de ley que el Ministerio de Educación acaba de enviar al Parlamento para su aprobación. Se crea una Agencia de Acreditación y Evaluación Universitaria que solo tendrá potestades de evaluar a las instituciones universitarias privadas, dejando a la Universidad de la República por fuera y por encima (lo que es más grave) del sistema.
Porque la Universidad de la República, además, nombrará dos de los cinco representantes del organismo rector de la Agencia, lo que aumenta y agrava el escándalo.
El único argumento que se ha sostenido para defender esta insólita solución es que la Universidad de la República no puede ser objeto de evaluación porque ello implicaría violar su autonomía.
Nunca habíamos escuchado un argumento tan falto de sentido. Nada tiene que ver la autonomía de una institución universitaria (las privadas también la tienen y casi todas las universidades del mundo la tienen) que refiere a su capacidad de tomar decisiones técnicas y académicas y de autogobernarse, con la posibilidad de que un actor externo la evalúe y emita juicios sobre la calidad o el nivel de su oferta.
Tan es así, que la Ley de Educación que aprobó el actual gobierno prevé la creación de un Instituto de Evaluación Educativa que tendrá por objeto evaluar los otros niveles de la enseñanza, es decir a la ANEP que tiene el mismo grado de autonomía consagrado en la Constitución, que la Universidad de la República. Tan falto de sentido es el argumento de la autonomía, que la propia Universidad de la República ha participado de procesos de evaluación a nivel internacional en el MERCOSUR.
Pero además de la falta de racionalidad que implica esta propuesta, tampoco le hace bien a la Universidad de la República. En efecto, someterse a evaluaciones y acreditaciones es la mayor garantía para la propia institución sobre la calidad y seriedad de su propuesta; ser objeto de evaluación ayuda al perfeccionamiento, a la mejora continua y evita el riesgo de la comodidad o de la autocomplacencia.
Por otra parte, la Universidad de la República representa el 80% de la matrícula universitaria de este país y aun más en materia de investigación académica, por lo que esta solución deja fuera del sistema de evaluación y acreditación a la inmensa mayoría de la realidad universitaria nacional, con lo cual la Agencia que se propone crear nace “renga”, limitada y mutilada, destinada a cumplir muy parcialmente con el aporte que debería hacer.
Por último, pero no menos importante, la aprobación de esta norma supone una violación explícita de los acuerdos alcanzados por el Grupo Multipartidario de Educación. En efecto, en ese ámbito se acordó explícitamente que el alcance de la Agencia de Evaluación y Acreditación debía ser con respecto a toda la oferta terciaria y sobre ese acuerdo se firmó el entendimiento de los cuatro partidos. Es más, la lectura del texto es unívoca, se habla de enseñanza terciaria y no se distingue entre pública o privada.
Los acuerdos se hacen para ser cumplidos, la falta de voluntad por parte de cualquiera de los firmantes para respetar lo acordado, afecta sustancialmente la credibilidad del sistema político y afecta también un entendimiento que, en su momento, todos los partidos valoramos con orgullo y convicción.
Todavía estamos a tiempo de corregir el error, de dar cumplimiento a lo acordado y de darle al país un sistema de acreditación y evaluación universitaria que trate a todos en igualdad de condiciones y les de a los ciudadanos información transparente, equitativa y veraz sobre las diferentes propuestas académicas de nuestro sistema universitario.
Por lo tanto, nadie puede negar la necesidad de que exista una Agencia de Acreditación y Evaluación Universitaria. Al contrario, esta tiene que cumplir un papel decisivo en varios sentidos. En primer lugar, una agencia de acreditación es una garantía para las instituciones universitarias porque les permite contar con un monitoreo y seguimiento que las ayuda a mejorar y avanzar en materia de calidad y excelencia académica. En segundo lugar, porque es una señal para los estudiantes y sus familias sobre cuáles son los niveles efectivos de calidad de cada propuesta educativa permitiendo que los ciudadanos elijan con mayor conocimiento de causa y con más elementos. En tercer lugar, genera una dinámica de sana competencia entre los diferentes actores universitarios que deben medirse contra un estándar común y objetivo y con respecto a los otros actores universitarios que ofrecen similares alternativas educativas.
Pero lo que no ocurre en ninguna parte del mundo es que el instituto encargado de evaluar y acreditar, solo evalúe a algunas instituciones universitarias y no a todas. Lo que tampoco ocurre en ninguna parte del mundo es que, además, ese organismo encargado de evaluar esté integrado por representantes de esa misma universidad que queda fuera del alcance de la evaluación. Eso es un verdadero desquicio, insostenible ante cualquier análisis con un mínimo de sensatez.
Pues bien, eso es lo que dice el proyecto de ley que el Ministerio de Educación acaba de enviar al Parlamento para su aprobación. Se crea una Agencia de Acreditación y Evaluación Universitaria que solo tendrá potestades de evaluar a las instituciones universitarias privadas, dejando a la Universidad de la República por fuera y por encima (lo que es más grave) del sistema.
Porque la Universidad de la República, además, nombrará dos de los cinco representantes del organismo rector de la Agencia, lo que aumenta y agrava el escándalo.
El único argumento que se ha sostenido para defender esta insólita solución es que la Universidad de la República no puede ser objeto de evaluación porque ello implicaría violar su autonomía.
Nunca habíamos escuchado un argumento tan falto de sentido. Nada tiene que ver la autonomía de una institución universitaria (las privadas también la tienen y casi todas las universidades del mundo la tienen) que refiere a su capacidad de tomar decisiones técnicas y académicas y de autogobernarse, con la posibilidad de que un actor externo la evalúe y emita juicios sobre la calidad o el nivel de su oferta.
Tan es así, que la Ley de Educación que aprobó el actual gobierno prevé la creación de un Instituto de Evaluación Educativa que tendrá por objeto evaluar los otros niveles de la enseñanza, es decir a la ANEP que tiene el mismo grado de autonomía consagrado en la Constitución, que la Universidad de la República. Tan falto de sentido es el argumento de la autonomía, que la propia Universidad de la República ha participado de procesos de evaluación a nivel internacional en el MERCOSUR.
Pero además de la falta de racionalidad que implica esta propuesta, tampoco le hace bien a la Universidad de la República. En efecto, someterse a evaluaciones y acreditaciones es la mayor garantía para la propia institución sobre la calidad y seriedad de su propuesta; ser objeto de evaluación ayuda al perfeccionamiento, a la mejora continua y evita el riesgo de la comodidad o de la autocomplacencia.
Por otra parte, la Universidad de la República representa el 80% de la matrícula universitaria de este país y aun más en materia de investigación académica, por lo que esta solución deja fuera del sistema de evaluación y acreditación a la inmensa mayoría de la realidad universitaria nacional, con lo cual la Agencia que se propone crear nace “renga”, limitada y mutilada, destinada a cumplir muy parcialmente con el aporte que debería hacer.
Por último, pero no menos importante, la aprobación de esta norma supone una violación explícita de los acuerdos alcanzados por el Grupo Multipartidario de Educación. En efecto, en ese ámbito se acordó explícitamente que el alcance de la Agencia de Evaluación y Acreditación debía ser con respecto a toda la oferta terciaria y sobre ese acuerdo se firmó el entendimiento de los cuatro partidos. Es más, la lectura del texto es unívoca, se habla de enseñanza terciaria y no se distingue entre pública o privada.
Los acuerdos se hacen para ser cumplidos, la falta de voluntad por parte de cualquiera de los firmantes para respetar lo acordado, afecta sustancialmente la credibilidad del sistema político y afecta también un entendimiento que, en su momento, todos los partidos valoramos con orgullo y convicción.
Todavía estamos a tiempo de corregir el error, de dar cumplimiento a lo acordado y de darle al país un sistema de acreditación y evaluación universitaria que trate a todos en igualdad de condiciones y les de a los ciudadanos información transparente, equitativa y veraz sobre las diferentes propuestas académicas de nuestro sistema universitario.
martes, 21 de setiembre de 2010
Críticas a acuerdo que se incumple
Los líderes partidarios Jorge Larrañaga, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres alertaron las consecuencias del incumplimiento del acuerdo educativo, en el entendido que la Agencia para la Promoción de la Calidad de la Educación Terciaria (Apacet) no controlará a la Universidad de la República (Udelar).
En una jornada organizada por el Instituto Manuel Oribe (IMO), el historiador Gerardo Caetano dijo que "los acuerdos que no se cumplen generan desconfianza" en la población.
"Si los acuerdos interpartidarios funcionan, el Parlamento funcionará de otra manera y habrá posibilidades de construir desde el Parlamento", ya que "hay temas que no se pueden resolver por mayorías exiguas, mucho menos 50 contra 49", opinó Caetano.
El historiador llamó a aprovechar el "clima colectivo optimista", donde "el gobierno es el más necesitado de acuerdos interpartidarios en la educación".
ALERTA. Larrañaga (Alianza Nacional) dijo que con el presidente José Mujica ha habido un "cambio sustantivo" en la participación de la oposición en el contralor, pero que "lo básico es el cumplimiento de acuerdos" y que si eso "se frustra", también "se frustra a la gente".
"Hay que pasar del papel de los acuerdos al ladrillo, a los contenidos. Si no, vaciamos el diálogo democrático y afectamos la credibilidad del sistema político y no solo del gobierno", apuntó.
Bordaberry (Vamos Uruguay) advirtió que la ciudadanía ve que los políticos cada cinco años "acuerdan y luego se olvidan de cumplir las cosas". A juicio del senador colorado, está en juego "la reputación y capacidad" de los políticos.
Respecto al tema de la agencia, Bordaberry disparó: "La Universidad no deja que la evalúen y además se sienta a evaluar a los otros. Si soy tan bueno, ¿qué me importa que me evalúen? En nuestro país confundimos autonomía con aislación".
Mieres (Partido Independiente) resaltó la voluntad del presidente Mujica de tender puentes entre "las dos mitades". Dijo que se trata de "un nuevo tiempo", con niveles de confrontación atenuados.
Pero agregó que "le hace mucho daño a la propia universidad pública" que no haya un control. "Se la perjudica. Una institución que no está sometida a la evaluación y acreditación corre un serio riesgo de perder calidad". A Mieres le preocupa mucho el incumplimiento, ya que el "texto es muy claro, se discutió expresamente en el ámbito" y "los acuerdos se firmaron para cumplir".
El País Digital
En una jornada organizada por el Instituto Manuel Oribe (IMO), el historiador Gerardo Caetano dijo que "los acuerdos que no se cumplen generan desconfianza" en la población.
"Si los acuerdos interpartidarios funcionan, el Parlamento funcionará de otra manera y habrá posibilidades de construir desde el Parlamento", ya que "hay temas que no se pueden resolver por mayorías exiguas, mucho menos 50 contra 49", opinó Caetano.
El historiador llamó a aprovechar el "clima colectivo optimista", donde "el gobierno es el más necesitado de acuerdos interpartidarios en la educación".
ALERTA. Larrañaga (Alianza Nacional) dijo que con el presidente José Mujica ha habido un "cambio sustantivo" en la participación de la oposición en el contralor, pero que "lo básico es el cumplimiento de acuerdos" y que si eso "se frustra", también "se frustra a la gente".
"Hay que pasar del papel de los acuerdos al ladrillo, a los contenidos. Si no, vaciamos el diálogo democrático y afectamos la credibilidad del sistema político y no solo del gobierno", apuntó.
Bordaberry (Vamos Uruguay) advirtió que la ciudadanía ve que los políticos cada cinco años "acuerdan y luego se olvidan de cumplir las cosas". A juicio del senador colorado, está en juego "la reputación y capacidad" de los políticos.
Respecto al tema de la agencia, Bordaberry disparó: "La Universidad no deja que la evalúen y además se sienta a evaluar a los otros. Si soy tan bueno, ¿qué me importa que me evalúen? En nuestro país confundimos autonomía con aislación".
Mieres (Partido Independiente) resaltó la voluntad del presidente Mujica de tender puentes entre "las dos mitades". Dijo que se trata de "un nuevo tiempo", con niveles de confrontación atenuados.
Pero agregó que "le hace mucho daño a la propia universidad pública" que no haya un control. "Se la perjudica. Una institución que no está sometida a la evaluación y acreditación corre un serio riesgo de perder calidad". A Mieres le preocupa mucho el incumplimiento, ya que el "texto es muy claro, se discutió expresamente en el ámbito" y "los acuerdos se firmaron para cumplir".
El País Digital
jueves, 16 de setiembre de 2010
Nueva reunión de comisión multipartidaria de Seguridad
El Secretario General de la Comuna Canaria, Prof. Yamandú Orsi, participó en otra reunión de trabajo con representantes de la oposición en la que se continuó intercambiando opiniones sobre Seguridad Ciudadana.
La entrevista tuvo lugar el 15 de setiembre en el local del Centro Coordinador de Emergencia Departamental (CECOED) en la ciudad de Canelones.
La Seguridad Ciudadana y su abordaje desde la Intendencia de Canelones, es uno de los cinco puntos considerados centrales por la Administración de Carámbula, en los que se pretende lograr acuerdos básicos con la oposición.
El Secretario General Profesor Yamandú Orsi, hizo un resumen de los temas analizados.
“La idea es conversar con todos los sectores políticos del departamento, incluso con las propias fracciones de los partidos que deseen concurrir. Aquí estamos los cuatro partidos presentes, para determinar que papel juega un gobierno departamental, o los
gobiernos locales ahora, o que pueden llegar a jugar en este tema tan sentido: el de la seguridad.
“Es simplemente eso, con la idea de llegar a algunos acuerdos en materia de plazos, porque los vecinos nos están exigiendo, nos están pidiendo a todos los que somos actores públicos, ya sea desde las tiendas políticas o de la gestión (de gobierno) nos piden que colaboremos...que aportemos nuestro granito de arena...en algo que no es solo una sensación, es una realidad, las carencias que la sociedad tiene a nivel de seguridad y así colaborar desde donde se pueda”.
El ex Jefe de Policía de Canelones, Yamandú Castro, que participó en representacion del Partido Nacional, comentó que según su experiencia, debe haber un relacionamiento entre la Intendencia y la Jefatura, factor que tildó de fundamental, como lo es obviamente el rol de los legisladores.
“La gente está enrejada, está asustada y este es un problema de todos los uruguayos y no de partidos, porque cuando roban no preguntan si somos blancos, colorados y frenteamplistas. Creemos que nos debemos juntar, buscar soluciones y encontrar
sugerencias para los legisladores”.
Para el Partido Independiente esta fue la segunda reunión con el Secretario General de la Intendencia de Canelones, por el tema seguridad y presentó propuestas puntuales con la intención de colaborar y que la gente sienta que se está trabajando.
Por su parte el partido Colorado que siempre vio con buenos ojos esta idea de dialogar junto a la Intendencia y todos los partidos por este candente tema que preocupa a todos, planteó una iniciativa presentada en la campaña electoral y propuso la creación del sereno municipal.
La entrevista tuvo lugar el 15 de setiembre en el local del Centro Coordinador de Emergencia Departamental (CECOED) en la ciudad de Canelones.
La Seguridad Ciudadana y su abordaje desde la Intendencia de Canelones, es uno de los cinco puntos considerados centrales por la Administración de Carámbula, en los que se pretende lograr acuerdos básicos con la oposición.
El Secretario General Profesor Yamandú Orsi, hizo un resumen de los temas analizados.
“La idea es conversar con todos los sectores políticos del departamento, incluso con las propias fracciones de los partidos que deseen concurrir. Aquí estamos los cuatro partidos presentes, para determinar que papel juega un gobierno departamental, o los
gobiernos locales ahora, o que pueden llegar a jugar en este tema tan sentido: el de la seguridad.
“Es simplemente eso, con la idea de llegar a algunos acuerdos en materia de plazos, porque los vecinos nos están exigiendo, nos están pidiendo a todos los que somos actores públicos, ya sea desde las tiendas políticas o de la gestión (de gobierno) nos piden que colaboremos...que aportemos nuestro granito de arena...en algo que no es solo una sensación, es una realidad, las carencias que la sociedad tiene a nivel de seguridad y así colaborar desde donde se pueda”.
El ex Jefe de Policía de Canelones, Yamandú Castro, que participó en representacion del Partido Nacional, comentó que según su experiencia, debe haber un relacionamiento entre la Intendencia y la Jefatura, factor que tildó de fundamental, como lo es obviamente el rol de los legisladores.
“La gente está enrejada, está asustada y este es un problema de todos los uruguayos y no de partidos, porque cuando roban no preguntan si somos blancos, colorados y frenteamplistas. Creemos que nos debemos juntar, buscar soluciones y encontrar
sugerencias para los legisladores”.
Para el Partido Independiente esta fue la segunda reunión con el Secretario General de la Intendencia de Canelones, por el tema seguridad y presentó propuestas puntuales con la intención de colaborar y que la gente sienta que se está trabajando.
Por su parte el partido Colorado que siempre vio con buenos ojos esta idea de dialogar junto a la Intendencia y todos los partidos por este candente tema que preocupa a todos, planteó una iniciativa presentada en la campaña electoral y propuso la creación del sereno municipal.
miércoles, 15 de setiembre de 2010
30 años: por la Democracia vote NO / Pablo Mieres
Este año, el próximo 30 de noviembre, se cumplen treinta años del NO a la propuesta autoritaria de reforma constitucional de la dictadura. Esa noche comenzó el retorno a la democracia en nuestro país.
Por eso hemos decidido proponer a todos los partidos la organización de un evento en común para celebrar un acontecimiento inolvidable que quedará en nuestra memoria de manera imborrable. La idea es que el próximo 30 de noviembre los representantes de todos los partidos junto al pueblo, protagonista indiscutible de aquella jornada, recordemos con emoción la enorme grandeza de aquel pronunciamiento.
Todos juntos, los partidos, por encima de banderas e ideologías, debemos recordar y saludar aquel episodio histórico que representó la enorme convicción democrática de la inmensa mayoría de nuestro pueblo.
Estamos seguros de que esta iniciativa contará con el aval de todos los partidos y que encontraremos la manera de celebrarlo y conmemorarlo de forma que todos nos sintamos parte de esa historia.
Ya hemos tomado contacto con los principales dirigentes de todos los partidos y hemos recibido respuestas favorables que nos permiten imaginar la gran instancia pública que el aniversario merece.
Aquel día los uruguayos mandábamos una memorable señal al mundo. Era posible derrotar a una dictadura en las urnas, a pesar de que esta contaba con el monopolio del poder político y de la fuerza, a pesar de que contaba con la suma de la arbitrariedad, a pesar de que solo hubo campaña publicitaria a favor del SI, a pesar de que muchos quisieron hacernos creer que votar el SI era un camino para la democracia.
A pesar de que dos meses y medio antes en Chile la dictadura de Pinochet había logrado legitimar por Plebiscito otro proyecto constitucional autoritario. A pesar de que durante más de siete años la dictadura uruguaya había hecho lo que quiso a su real antojo y sin permitir ninguna manifestación crítica o de oposición.
En esa noche inolvidable, dominada por un tremendo silencio elocuente y rotundo, los uruguayos habíamos decidido, a la uruguaya, en las urnas y sin escándalo, comenzar a ponerle final a la década oscura y negra.
En esa noche mágica, comenzamos a creer que se había producido el heroico pronunciamiento cuando en la pantalla de televisión apareció la imagen del Ministro del Interior, Gral. Núñez, cuyo perceptible temblor en sus manos indicaba que algo sorprendente había ocurrido. Ese fue el instante en que dimos el primer paso de regreso a nuestra perdida democracia.
Antes se había realizado una campaña clandestina, valiente y soterrada, fundada en el "boca a boca" que promovía el histórico voto por NO, en las familias, entre amigos, con los vecinos y compañeros de trabajo.
Unos recorrieron el país visitando a los viejos dirigentes locales en los diferentes pueblos y ciudades del Interior del país, despertando las viejas y guardadas convicciones; otros pegábamos pequeños "pegotines" en los baños públicos, en las paradas de ómnibus, en las columnas de alumbrado público reclamando el voto por NO. Otros pudieron organizar hasta un acto en un cine, y otros finalmente pudieron participar del único espacio público autorizado en una Mesa Redonda televisada en la que los Dres. Enrique Tarigo y Eduardo Pons Etcheverry arrollaron a los patéticos representantes de la dictadura.
Finalmente, otros desde la cárcel o desde el exilio esperaban con mayor o menor esperanza que los uruguayos les dieran el mayor regalo posible, como efectivamente ocurrió.
Así, todos juntos, vivimos aquella noche inaugural de un nuevo tiempo. Así, todos juntos, debemos conmemorar las tres décadas de aquel hecho memorable que nos reafirmó definitivamente como un pueblo libre y democrático.
Por eso hemos decidido proponer a todos los partidos la organización de un evento en común para celebrar un acontecimiento inolvidable que quedará en nuestra memoria de manera imborrable. La idea es que el próximo 30 de noviembre los representantes de todos los partidos junto al pueblo, protagonista indiscutible de aquella jornada, recordemos con emoción la enorme grandeza de aquel pronunciamiento.
Todos juntos, los partidos, por encima de banderas e ideologías, debemos recordar y saludar aquel episodio histórico que representó la enorme convicción democrática de la inmensa mayoría de nuestro pueblo.
Estamos seguros de que esta iniciativa contará con el aval de todos los partidos y que encontraremos la manera de celebrarlo y conmemorarlo de forma que todos nos sintamos parte de esa historia.
Ya hemos tomado contacto con los principales dirigentes de todos los partidos y hemos recibido respuestas favorables que nos permiten imaginar la gran instancia pública que el aniversario merece.
Aquel día los uruguayos mandábamos una memorable señal al mundo. Era posible derrotar a una dictadura en las urnas, a pesar de que esta contaba con el monopolio del poder político y de la fuerza, a pesar de que contaba con la suma de la arbitrariedad, a pesar de que solo hubo campaña publicitaria a favor del SI, a pesar de que muchos quisieron hacernos creer que votar el SI era un camino para la democracia.
A pesar de que dos meses y medio antes en Chile la dictadura de Pinochet había logrado legitimar por Plebiscito otro proyecto constitucional autoritario. A pesar de que durante más de siete años la dictadura uruguaya había hecho lo que quiso a su real antojo y sin permitir ninguna manifestación crítica o de oposición.
En esa noche inolvidable, dominada por un tremendo silencio elocuente y rotundo, los uruguayos habíamos decidido, a la uruguaya, en las urnas y sin escándalo, comenzar a ponerle final a la década oscura y negra.
En esa noche mágica, comenzamos a creer que se había producido el heroico pronunciamiento cuando en la pantalla de televisión apareció la imagen del Ministro del Interior, Gral. Núñez, cuyo perceptible temblor en sus manos indicaba que algo sorprendente había ocurrido. Ese fue el instante en que dimos el primer paso de regreso a nuestra perdida democracia.
Antes se había realizado una campaña clandestina, valiente y soterrada, fundada en el "boca a boca" que promovía el histórico voto por NO, en las familias, entre amigos, con los vecinos y compañeros de trabajo.
Unos recorrieron el país visitando a los viejos dirigentes locales en los diferentes pueblos y ciudades del Interior del país, despertando las viejas y guardadas convicciones; otros pegábamos pequeños "pegotines" en los baños públicos, en las paradas de ómnibus, en las columnas de alumbrado público reclamando el voto por NO. Otros pudieron organizar hasta un acto en un cine, y otros finalmente pudieron participar del único espacio público autorizado en una Mesa Redonda televisada en la que los Dres. Enrique Tarigo y Eduardo Pons Etcheverry arrollaron a los patéticos representantes de la dictadura.
Finalmente, otros desde la cárcel o desde el exilio esperaban con mayor o menor esperanza que los uruguayos les dieran el mayor regalo posible, como efectivamente ocurrió.
Así, todos juntos, vivimos aquella noche inaugural de un nuevo tiempo. Así, todos juntos, debemos conmemorar las tres décadas de aquel hecho memorable que nos reafirmó definitivamente como un pueblo libre y democrático.
Reforma sin rumbo / Gonzalo Pérez del Castillo
Aprendí hace años, y más tarde enseñé, que la parte más difícil y sensible en la formulación de un proyecto de desarrollo es la identificación del problema que se desea solucionar. Se le atribuye a Albert Hirschman la frase: "el entusiasmo para encontrar una solución a un problema muy a menudo excede la comprensión del mismo".
El gobierno actual, como todos los anteriores, nos ha prometido una Reforma del Estado. "Reforma" es una palabra pesada, más cercana a "revolución" que a "maquillaje". El Presupuesto que el gobierno ha presentado demuestra que no se han formulado las preguntas claves para comprender lo que deseamos reformar y con qué fines.
El total de egresos en la ejecución del Presupuesto 2009 para Defensa Nacional fue de U$ 369 millones. La del Ministerio de Relaciones Exteriores fue de U$ 72 millones. ¿Es la defensa nuestro principal problema internacional? ¿Es ella cinco vez más importante que el conjunto de nuestras relaciones internacionales? Pero el Presupuesto otorga, sobre esa ya distorsionada base, un aumento de 12 por ciento a Defensa y de sólo 8 por ciento a Relaciones Exteriores. El Uruguay detenta el récord de soldados por habitante en América Latina. El problema no es cuanto ganan sino cuantos hay. No es cuanto se gasta, sino ¿para qué?
El Poder Legislativo tuvo un gasto en 2009 de U$ 96 millones. Supongamos que cada legislador se lleva a su casa U$ 100.000 por año por concepto de sueldos. Eso da cuenta de U$ 13 millones. ¿En qué se gastaron los U$ 83 millones restantes? ¿En organizar y documentar las reuniones que estos 130 legisladores atienden algunos meses del año, algunos días del mes? ¿El reformista partido de gobierno con mayoría parlamentaria no lo encuentra algo excesivo? ¿Nadie pregunta: para qué?
El Presidente nos propone delegados Presidenciales en los 18 departamentos del interior con el propósito de mejorar la coordinación institucional. La coordinación no es un fin en sí mismo. Es imperativo coordinar cuando dos o más instituciones deben obtener, conjuntamente, ciertos resultados concretos.
La coordinación resulta útil en dos niveles: 1) En la toma de decisiones sobre políticas para asegurar la coherencia de la gestión gubernamental y 2) en el nivel donde la acción conjunta se desarrolla, que puede ser internacional, nacional, regional, departamental o local. La coordinación entre agentes que no tienen incidencia directa en la definición de políticas o en la acción conjunta concreta resulta, por lo general, en pérdida de tiempo cuando no en interferencia.
La designación de coordinadores departamentales no prosperó porque, teóricamente, ese nivel de coordinación ya estaba ocupado por las Intendencias y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Se propone entonces que los coordinadores sean 4 o 5 en vez de 18 y que el nivel de coordinación sea regional en vez de departamental. Ese hueco, efectivamente, está vacío pero aún me queda la pregunta y disculpen, compañeros, la insistencia: ¿para qué?
El gobierno actual, como todos los anteriores, nos ha prometido una Reforma del Estado. "Reforma" es una palabra pesada, más cercana a "revolución" que a "maquillaje". El Presupuesto que el gobierno ha presentado demuestra que no se han formulado las preguntas claves para comprender lo que deseamos reformar y con qué fines.
El total de egresos en la ejecución del Presupuesto 2009 para Defensa Nacional fue de U$ 369 millones. La del Ministerio de Relaciones Exteriores fue de U$ 72 millones. ¿Es la defensa nuestro principal problema internacional? ¿Es ella cinco vez más importante que el conjunto de nuestras relaciones internacionales? Pero el Presupuesto otorga, sobre esa ya distorsionada base, un aumento de 12 por ciento a Defensa y de sólo 8 por ciento a Relaciones Exteriores. El Uruguay detenta el récord de soldados por habitante en América Latina. El problema no es cuanto ganan sino cuantos hay. No es cuanto se gasta, sino ¿para qué?
El Poder Legislativo tuvo un gasto en 2009 de U$ 96 millones. Supongamos que cada legislador se lleva a su casa U$ 100.000 por año por concepto de sueldos. Eso da cuenta de U$ 13 millones. ¿En qué se gastaron los U$ 83 millones restantes? ¿En organizar y documentar las reuniones que estos 130 legisladores atienden algunos meses del año, algunos días del mes? ¿El reformista partido de gobierno con mayoría parlamentaria no lo encuentra algo excesivo? ¿Nadie pregunta: para qué?
El Presidente nos propone delegados Presidenciales en los 18 departamentos del interior con el propósito de mejorar la coordinación institucional. La coordinación no es un fin en sí mismo. Es imperativo coordinar cuando dos o más instituciones deben obtener, conjuntamente, ciertos resultados concretos.
La coordinación resulta útil en dos niveles: 1) En la toma de decisiones sobre políticas para asegurar la coherencia de la gestión gubernamental y 2) en el nivel donde la acción conjunta se desarrolla, que puede ser internacional, nacional, regional, departamental o local. La coordinación entre agentes que no tienen incidencia directa en la definición de políticas o en la acción conjunta concreta resulta, por lo general, en pérdida de tiempo cuando no en interferencia.
La designación de coordinadores departamentales no prosperó porque, teóricamente, ese nivel de coordinación ya estaba ocupado por las Intendencias y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Se propone entonces que los coordinadores sean 4 o 5 en vez de 18 y que el nivel de coordinación sea regional en vez de departamental. Ese hueco, efectivamente, está vacío pero aún me queda la pregunta y disculpen, compañeros, la insistencia: ¿para qué?
jueves, 9 de setiembre de 2010
Inflación de cargos de confianza y reforma del Estado / Pablo Mieres
Desde que comenzó este período de gobierno el Presidente Mujica ha impulsado un discurso firme y muy compartible sobre la necesidad de proceder a una profunda y auténtica reforma del Estado. Ha realizado llamados recurrentes a eliminar ciertas prácticas equivocadas y negativas en la gestión pública, ha cuestionado con fuerza y energía a los funcionarios públicos recordándoles que eran servidores de la sociedad y que no eran los dueños de las respectivas empresas públicas en las que trabajan.
Todas las definiciones y discursos que escuchamos han ido en consonancia con el sentido común y la sensatez, han representado además una sugestiva modificación de las actitudes que su partido había mantenido fundamentalmente cuando se encontraba en la oposición y animaba todas y cada una de las reivindicaciones de los gremios de los funcionarios públicos ahora cuestionados por el Presidente.
Se anunciaron grandes reformas y se nos dijo que el Presupuesto iba a ser un instrumento novedoso en el que se incorporarían normas que vincularían las mejoras salariales a los desempeños y el logro de objetivos y metas.
Muy poco o casi nada de estos anuncios se convirtieron en realidad. Por el contrario, uno de los jerarcas más comprometidos con una reforma estatal en profundidad, el Sub-Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Dr. Conrado Ramos, acaba de presentar renuncia a su cargo decepcionado por la falta de sustancia de la anunciada reforma estatal.
Parece que otra vez nos enfrentamos a la frustración de los anuncios grandilocuentes que son seguidos de pequeñas acciones de bajo impacto y poco efecto.
Pero el problema no es solo ese. En forma totalmente contradictoria con el discurso público del gobierno, la norma presupuestal proyecta un incremento inusitado de los cargos de confianza. De acuerdo a la información que ha proporcionado el Semanario Búsqueda el proyecto de ley de Presupuesto incluye la creación de 63 nuevos cargos de confianza. ¡¡¡63!!!
Un incremento mayor que el que se había registrado en las administraciones de gobierno anteriores.
Cuando gobernaban los partidos tradicionales, desde los partidos de oposición señalábamos que se hacía abuso de ese instrumento y que la proliferación de los cargos de confianza tendía a burocratizar aun más el Estado. No es una actitud en línea con la modernización del Estado el incremento de los funcionarios que solo dependen de la voluntad política de los gobernantes.
Sin embargo, desde que el Frente Amplio asumió el gobierno en Montevideo, hace ya más de veinte años, las sucesivas administraciones no hicieron otra cosa que incrementar los cargos políticos y, en la pasada administración nacional, durante el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, se volvió a producir un incremento de posiciones de confianza que no posee fundamento alguno en términos de mejora de la gestión gubernamental.
Uno imaginaba que dada la prédica del Presidente Mujica y su forma de actuar en lo personal, preocupado por la austeridad y la modestia en los recursos, este tema no habría de salirse de cauce, Pero, al contrario, esto supera por lejos las anteriores situaciones y bate los records de multiplicación de la discrecionalidad de los gobernantes en el nombramiento de personas de su confianza.
Pésima señal que, en caso de confirmarse, quita autoridad moral al discurso reformista que se ha impulsado desde el nuevo gobierno. No hay que olvidar que “la caridad bien entendida empieza por casa”.
Que quede constancia de que, por el contrario, nos parece de estricta justicia, que se equiparen los sueldos de los Ministros a los de los Senadores. Desde ya anunciamos que no nos sumaremos a los coros demagógicos que seguramente se alzarán en contra de esta propuesta. En todo caso resuelve una situación insólita que solo puede ocurrir en nuestro país, por la que un Ministro recibe una remuneración muy inferior a la de un legislador. Para que quede claro que no tenemos un reflejo meramente opositor a cualquier incremento del gasto en cargos de responsabilidad
Todas las definiciones y discursos que escuchamos han ido en consonancia con el sentido común y la sensatez, han representado además una sugestiva modificación de las actitudes que su partido había mantenido fundamentalmente cuando se encontraba en la oposición y animaba todas y cada una de las reivindicaciones de los gremios de los funcionarios públicos ahora cuestionados por el Presidente.
Se anunciaron grandes reformas y se nos dijo que el Presupuesto iba a ser un instrumento novedoso en el que se incorporarían normas que vincularían las mejoras salariales a los desempeños y el logro de objetivos y metas.
Muy poco o casi nada de estos anuncios se convirtieron en realidad. Por el contrario, uno de los jerarcas más comprometidos con una reforma estatal en profundidad, el Sub-Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Dr. Conrado Ramos, acaba de presentar renuncia a su cargo decepcionado por la falta de sustancia de la anunciada reforma estatal.
Parece que otra vez nos enfrentamos a la frustración de los anuncios grandilocuentes que son seguidos de pequeñas acciones de bajo impacto y poco efecto.
Pero el problema no es solo ese. En forma totalmente contradictoria con el discurso público del gobierno, la norma presupuestal proyecta un incremento inusitado de los cargos de confianza. De acuerdo a la información que ha proporcionado el Semanario Búsqueda el proyecto de ley de Presupuesto incluye la creación de 63 nuevos cargos de confianza. ¡¡¡63!!!
Un incremento mayor que el que se había registrado en las administraciones de gobierno anteriores.
Cuando gobernaban los partidos tradicionales, desde los partidos de oposición señalábamos que se hacía abuso de ese instrumento y que la proliferación de los cargos de confianza tendía a burocratizar aun más el Estado. No es una actitud en línea con la modernización del Estado el incremento de los funcionarios que solo dependen de la voluntad política de los gobernantes.
Sin embargo, desde que el Frente Amplio asumió el gobierno en Montevideo, hace ya más de veinte años, las sucesivas administraciones no hicieron otra cosa que incrementar los cargos políticos y, en la pasada administración nacional, durante el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, se volvió a producir un incremento de posiciones de confianza que no posee fundamento alguno en términos de mejora de la gestión gubernamental.
Uno imaginaba que dada la prédica del Presidente Mujica y su forma de actuar en lo personal, preocupado por la austeridad y la modestia en los recursos, este tema no habría de salirse de cauce, Pero, al contrario, esto supera por lejos las anteriores situaciones y bate los records de multiplicación de la discrecionalidad de los gobernantes en el nombramiento de personas de su confianza.
Pésima señal que, en caso de confirmarse, quita autoridad moral al discurso reformista que se ha impulsado desde el nuevo gobierno. No hay que olvidar que “la caridad bien entendida empieza por casa”.
Que quede constancia de que, por el contrario, nos parece de estricta justicia, que se equiparen los sueldos de los Ministros a los de los Senadores. Desde ya anunciamos que no nos sumaremos a los coros demagógicos que seguramente se alzarán en contra de esta propuesta. En todo caso resuelve una situación insólita que solo puede ocurrir en nuestro país, por la que un Ministro recibe una remuneración muy inferior a la de un legislador. Para que quede claro que no tenemos un reflejo meramente opositor a cualquier incremento del gasto en cargos de responsabilidad
miércoles, 8 de setiembre de 2010
La dictadura es siempre dictadura / Pablo Mieres
En estos días visitó nuestro país una delegación de representantes de diversas organizaciones cubanas que luchan por la democracia en ese país. Se trata de figuras de diferentes ámbitos sociales, culturales y políticos que trabajan desde afuera de su país por recuperar las libertades y los derechos de los ciudadanos cubanos. Algunos de ellos residían en Cuba y fueron deportados por el gobierno de la isla, otros han vivido casi toda su vida en el exilio por ser opositores al régimen cubano.
El gobierno cubano ya tiene cinco décadas sin que se haya permitido el libre juego de los partidos políticos y las elecciones libres; mucho más básico que eso, los cubanos no tienen libertad de expresión, no tienen derecho a ganar su propio salario, no pueden entrar o salir libremente de su territorio, no pueden acceder a la información real sobre lo que ocurre en el mundo y viven en una situación de creciente precariedad en el acceso a bienes y servicios.
Hace ya muchos años que se escudan en el equivocado bloqueo comercial instaurado por los Estados Unidos, que no tiene el menor efecto real sobre la situación económica del país, para justificar la crítica situación productiva y económica y para defender las aberrantes violaciones a los derechos humanos que este gobierno ha perpetrado desde hace décadas.
Cuando se produzca la ineludible democratización de Cuba, quedará al descubierto la profundidad y horror de los desmanes que los jerarcas gubernamentales llevaron adelante contra la población de su país. Quizás esa sea una de las principales razones para que los que gobiernan en ese país se encierren en la continuidad de la arbitrariedad.
Pero lo más preocupante es que desde hace muchos años, los que defienden al régimen cubano han querido identificar a todos los que cuestionamos la dictadura como representantes de la derecha. Pero, en realidad, la causa de Cuba es de todos los que creemos que la libertad, los derechos humanos y la democracia deben ser defendidos en todos aquellos lugares en que estos son vulnerados, con independencia del signo ideológico de los violadores.
Lamentablemente, en parte de la izquierda latinoamericana se ha instalado una visión hemipléjica que solo cuestiona la afectación de las libertades cuando estas son pisoteadas por gobiernos de derecha, mientras que mira para otro lado o, peor aun, justifica la barbarie si esta es ejecutada por gobiernos o partidos de izquierda.
Las convicciones democráticas no son de izquierda o de derecha, si la condena y el cuestionamiento depende del signo ideológico de quienes abusan de los demás, entonces esa es una triste señal del poco apego que se tiene por el valor efectivo de la democracia. El sufrimiento de los seres humanos no varía según la ideología del que lo recibe, ni el repudio a los violadores se gradúa según las posturas ideológicas de los que vapulean a las personas.
Algún día será pacíficamente aceptado en las sociedades humanas que la barbarie y el autoritarismo es siempre condenable más allá de que se aplique en nombre del racismo, del capital o de la revolución y de los trabajadores.
Porque lamentablemente se han tejido, como siempre, patéticas justificaciones para defender lo indefendible. Se ha dicho que el "bloqueo del imperialismo yanqui", que "los intereses de los ‘gusanos' de Miami" que "la revolución sigue jaqueada y aislada", etc. Lo triste es que muchos políticos de izquierda en nuestro país, que sufrieron persecución por pensar y actuar de acuerdo a sus ideas, no "midan con la misma vara " y con los mismos criterios las torturas de aquí y las torturas de allá, las persecuciones de aquí y las persecuciones de allá, los exilios de aquí y los exilios de allá, las muertes de aquí y las muertes de allá.
Es muy triste tener que seguir escribiendo estas cosas luego de que "tanta agua que ha pasado por el puente" en nuestro continente. Es triste, pero es imprescindible hacerlo si queremos mejorar la calidad de la especie humana. Y lo hacemos y lo decimos desde nuestra identidad independiente de centro izquierda con la que hemos convivido y sostenido desde siempre.
Ojalá llegue el tiempo en que en nuestro país la causa de la libertad y la democracia en Cuba se vuelva una causa nacional con el respaldo de todos los partidos. Será entonces un signo de madurez democrática y una gran contribución al camino de transición democrática pacífica que debe emprender el país del Caribe.
El gobierno cubano ya tiene cinco décadas sin que se haya permitido el libre juego de los partidos políticos y las elecciones libres; mucho más básico que eso, los cubanos no tienen libertad de expresión, no tienen derecho a ganar su propio salario, no pueden entrar o salir libremente de su territorio, no pueden acceder a la información real sobre lo que ocurre en el mundo y viven en una situación de creciente precariedad en el acceso a bienes y servicios.
Hace ya muchos años que se escudan en el equivocado bloqueo comercial instaurado por los Estados Unidos, que no tiene el menor efecto real sobre la situación económica del país, para justificar la crítica situación productiva y económica y para defender las aberrantes violaciones a los derechos humanos que este gobierno ha perpetrado desde hace décadas.
Cuando se produzca la ineludible democratización de Cuba, quedará al descubierto la profundidad y horror de los desmanes que los jerarcas gubernamentales llevaron adelante contra la población de su país. Quizás esa sea una de las principales razones para que los que gobiernan en ese país se encierren en la continuidad de la arbitrariedad.
Pero lo más preocupante es que desde hace muchos años, los que defienden al régimen cubano han querido identificar a todos los que cuestionamos la dictadura como representantes de la derecha. Pero, en realidad, la causa de Cuba es de todos los que creemos que la libertad, los derechos humanos y la democracia deben ser defendidos en todos aquellos lugares en que estos son vulnerados, con independencia del signo ideológico de los violadores.
Lamentablemente, en parte de la izquierda latinoamericana se ha instalado una visión hemipléjica que solo cuestiona la afectación de las libertades cuando estas son pisoteadas por gobiernos de derecha, mientras que mira para otro lado o, peor aun, justifica la barbarie si esta es ejecutada por gobiernos o partidos de izquierda.
Las convicciones democráticas no son de izquierda o de derecha, si la condena y el cuestionamiento depende del signo ideológico de quienes abusan de los demás, entonces esa es una triste señal del poco apego que se tiene por el valor efectivo de la democracia. El sufrimiento de los seres humanos no varía según la ideología del que lo recibe, ni el repudio a los violadores se gradúa según las posturas ideológicas de los que vapulean a las personas.
Algún día será pacíficamente aceptado en las sociedades humanas que la barbarie y el autoritarismo es siempre condenable más allá de que se aplique en nombre del racismo, del capital o de la revolución y de los trabajadores.
Porque lamentablemente se han tejido, como siempre, patéticas justificaciones para defender lo indefendible. Se ha dicho que el "bloqueo del imperialismo yanqui", que "los intereses de los ‘gusanos' de Miami" que "la revolución sigue jaqueada y aislada", etc. Lo triste es que muchos políticos de izquierda en nuestro país, que sufrieron persecución por pensar y actuar de acuerdo a sus ideas, no "midan con la misma vara " y con los mismos criterios las torturas de aquí y las torturas de allá, las persecuciones de aquí y las persecuciones de allá, los exilios de aquí y los exilios de allá, las muertes de aquí y las muertes de allá.
Es muy triste tener que seguir escribiendo estas cosas luego de que "tanta agua que ha pasado por el puente" en nuestro continente. Es triste, pero es imprescindible hacerlo si queremos mejorar la calidad de la especie humana. Y lo hacemos y lo decimos desde nuestra identidad independiente de centro izquierda con la que hemos convivido y sostenido desde siempre.
Ojalá llegue el tiempo en que en nuestro país la causa de la libertad y la democracia en Cuba se vuelva una causa nacional con el respaldo de todos los partidos. Será entonces un signo de madurez democrática y una gran contribución al camino de transición democrática pacífica que debe emprender el país del Caribe.
martes, 7 de setiembre de 2010
Evaluación de la Intendencia de Canelones luego del temporal
(Canelones, 6 de setiembre) Con motivo del temporal que provocó la evacuación de unas 700 personas y cortes de rutas en diversas zonas del departamento, la Dirección General de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones aportó información y cifras.
Para el Sub Director de la Dirección General de Gestión Ambiental, Leonardo Herou, la coordinación con las diversas instituciones y la respuesta de la Comuna Canaria fueron evaluadas como buenas luego de la situación vivida.
“Tuvimos un temporal realmente muy fuerte e importante en los últimos días que comenzó con fuertes vientos - que complicaron bastante la zona costera - provocando caída de arboles y ramas. Allí la capacidad de respuesta de la Comuna junto con Bomberos y los Gobiernos locales fue muy buena y no se registraron demasiados problemas en la operativa de respuesta.
Luego las intensas y abundantes lluvias hicieron que en varios puntos del departamento se presentaran importantes complicaciones. En el caso del Río Santa Lucia el nivel de la crecida fue muy grande, e hizo que en la ciudad de San Ramón se cortara la ruta y tuviéramos evacuados y auto-evacuados en ambas localidades. También tuvimos una situación bastante compleja en toda la Costa por sus características -poca pendiente- y que hizo que el drenaje no funcionara de la mejor forma porque el agua de lluvia fue realmente
abundante”, comentó Herou.
Según datos aportados por dicha dirección se calcula que en Santa Lucia hubieron unas 380 personas fuera de sus hogares por las inundaciones entre evacuados y autoevacuados, a ellos se les sumaron unas 30 en Aguas Corrientes, 15 en la Ciudad de Canelones y una número importante en San Ramón. Se estima que en total la cifra de evacuados (los que salen del hogar
con ayuda y cobijo de la Comuna, el comité de Emergencia y la Aldaldía) y autoevacuados (los que se van por sus propios medios a casa de familiares o amigos) asciende a unas 700 u 800 personas en todo el departamento.
“Frente a esta situación nosotros nos hemos planteado en el corto plazo junto al Sistema Nacional de Emergencia, mejorar lo que son nuestros mapas de riesgo -las zonas inundables del departamento - y mejorar nuestros registros.
Hoy tenemos buenos registros de los evacuados, pero queremos trabajar también para tener un buen registro de los auto-evacuados” señala Herou.
Agrego que este lunes las familias comenzaron a retornar a sus hogares con apoyo del Comité de Emergencia, la Alcaldía y OSE, que reparte hipoclorito. Se esta fortaleciendo la caminería, como en el caso de la Costa, donde en distintos puntos se realizan obras para normalizar el drenaje evitando inundaciones en predios privados y mejorar la vialidad.
Para el Sub Director de la Dirección General de Gestión Ambiental, Leonardo Herou, la coordinación con las diversas instituciones y la respuesta de la Comuna Canaria fueron evaluadas como buenas luego de la situación vivida.
“Tuvimos un temporal realmente muy fuerte e importante en los últimos días que comenzó con fuertes vientos - que complicaron bastante la zona costera - provocando caída de arboles y ramas. Allí la capacidad de respuesta de la Comuna junto con Bomberos y los Gobiernos locales fue muy buena y no se registraron demasiados problemas en la operativa de respuesta.
Luego las intensas y abundantes lluvias hicieron que en varios puntos del departamento se presentaran importantes complicaciones. En el caso del Río Santa Lucia el nivel de la crecida fue muy grande, e hizo que en la ciudad de San Ramón se cortara la ruta y tuviéramos evacuados y auto-evacuados en ambas localidades. También tuvimos una situación bastante compleja en toda la Costa por sus características -poca pendiente- y que hizo que el drenaje no funcionara de la mejor forma porque el agua de lluvia fue realmente
abundante”, comentó Herou.
Según datos aportados por dicha dirección se calcula que en Santa Lucia hubieron unas 380 personas fuera de sus hogares por las inundaciones entre evacuados y autoevacuados, a ellos se les sumaron unas 30 en Aguas Corrientes, 15 en la Ciudad de Canelones y una número importante en San Ramón. Se estima que en total la cifra de evacuados (los que salen del hogar
con ayuda y cobijo de la Comuna, el comité de Emergencia y la Aldaldía) y autoevacuados (los que se van por sus propios medios a casa de familiares o amigos) asciende a unas 700 u 800 personas en todo el departamento.
“Frente a esta situación nosotros nos hemos planteado en el corto plazo junto al Sistema Nacional de Emergencia, mejorar lo que son nuestros mapas de riesgo -las zonas inundables del departamento - y mejorar nuestros registros.
Hoy tenemos buenos registros de los evacuados, pero queremos trabajar también para tener un buen registro de los auto-evacuados” señala Herou.
Agrego que este lunes las familias comenzaron a retornar a sus hogares con apoyo del Comité de Emergencia, la Alcaldía y OSE, que reparte hipoclorito. Se esta fortaleciendo la caminería, como en el caso de la Costa, donde en distintos puntos se realizan obras para normalizar el drenaje evitando inundaciones en predios privados y mejorar la vialidad.
domingo, 5 de setiembre de 2010
Crearán 12.000 nuevos cargos en el Estado; 62 de particular confianza
Cerca de 12.000 nuevos cargos estatales están contemplados en el proyecto del Presupuesto del Poder Ejecutivo, la mayoría de ellos en los servicios de salud y en el área de seguridad. Habrá sensible aumento de cargos de "particular confianza".
Psicólogos, trabajadores sociales, bibliotecólogos, educadores sociales, comunicadores y hasta dibujantes podrán aspirar a algunas de las centenares de plazas que el gobierno abre para esas licenciaturas.
Los nuevos cargos se inscriben en un amplio rediseño del aparato administrativo proyectado por el gobierno, que ha inspirado además figuras originales para el país, como el "Coordinador Departamental" y el "Embajador itinerante", y otras curiosas como el "Sub Director General de la Salud", que sustituirá al "Subdirector General de la Salud".
Fuera del área de la salud, hay asignados casi 3.700 nuevos puestos en los principales ministerios (algunos de ellos, en sustitución de funciones que se suprimen). El grueso pretende corregir el déficit de recursos humanos del Ministerio del Interior.
En ASSE, se prevé la creación de 7.740 cargos, la mayoría para regularizar al personal contratado por las actuales Comisiones de Apoyo y la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata.
El Poder Judicial se prevé la creación de dos centenares de plazas, atendiendo a la puesta en marcha de nuevos juzgados de Trabajo y de Familia, dos de los cuales estarán especializados en Violencia Doméstica.
LO QUE NO ESTÁ. Estos cargos no constituyen, sin embargo, la totalidad de los vínculos laborales que se crearán en el Estado, ya que el Presupuesto contempla una cantidad no especificada de contrataciones para llevar a término la "reorganización" de diversos servicios ministeriales y cumplir otras tareas de apoyo.
Aunque el número de contratos no se precisa, el presupuesto asigna partidas específicas para ellos. Por ejemplo, el Artículo 91 habilita a la Presidencia de la República una partida anual de $ 31 millones "a efectos de realizar contrataciones temporales del personal que se considere imprescindible hasta la aprobación de las reestructuras organizativas" de los Servicios de Apoyo.
La posibilidad de contratar personal se establece en cada uno de los ministerios.
Así, el Artículo 51 faculta a los ministros de Estado "a contratar adscriptos que colaboren directamente con estos, por el término que determinen y no más allá de sus respectivos mandatos".
Para este rubro se destinan partidas por $ 18 millones.
El Poder Ejecutivo no fija el número de cargos en el ámbito de la enseñanza, de la Universidad o del INAU, organismos que exponen sus propias necesidades y aspiraciones.
Pero, el mensaje presupuestal proyecta "ampliar la cobertura para la atención de adolescentes en conflicto con la ley, instalando un nuevo centro de atención y la creación de los cargos necesarios".
También, la "creación de cargos docentes y no docentes" para atender las futuras Escuelas de Tiempo Completo.
El Consejo Directivo Central de la ANEP, que ha presentado simultáneamente su proyecto de Presupuesto, tiene sí una idea muy concreta del personal que necesitará para colmar sus aspiraciones.
El Consejo de Educación Secundaria, uno de los cuatro organismos que integra la ANEP, solicita, entre otros:
* 350 administrativos.
* 1.000 auxiliares de servicio.
* 600 porteros.
* 150 conserjes.
* 125 psicólogos.
* 66 asistentes sociales.
* 21 directores.
* 35 inspectores.
* 370 orientadores bibliográficos, 200 ayudantes y 20 coordinadores de aulas de arte.
DE CONFIANZA. La Ley de Presupuesto crea también 62 cargos "de Particular Confianza" del gobierno, la mayoría de ellos en las órbitas de Presidencia, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y los ministerios de Transporte y de Salud Pública.
Algunos cargos de esta naturaleza, herencia del anterior gobierno, se suprimen y otros, ya existentes, se promueven a esta categoría; entre ellos, el Auditor Interno de la Nación, el Director del Museo Histórico Nacional, el Inspector General de Trabajo y Seguridad Social, y el Director Nacional de Catastro.
De acuerdo con datos oficiales, hasta finales de 2009 había en el Poder Ejecutivo 132 cargos de este carácter creados por las anteriores administraciones. El Presupuesto del gobierno de Vázquez incorporó 15 cargos adicionales y suprimió dos.
Las más polémicas figuras que impulsa el gobierno, dentro de esta categoría, son los "Coordinadores Departamentales", 18 en total, quienes tendrán como cometido "articular las políticas públicas nacionales en el territorio del departamento, con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de las mismas", reza el texto.
Otros 18 coordinadores departamentales funcionarán en dependencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la misión de "coordinar las acciones de los diferentes servicios" del MTOP "que tengan presencia permanente o realicen acciones en el departamento"; además deberán "coordinar y relacionarse con los diferentes actores públicos y privados (...) entablando un ágil canal de comunicación entre el Ministerio y la comunidad departamental".
Estos funcionarios serán la máxima autoridad administrativa del Ministerio en el interior.
La figura de "coordinador" aparece, aquí y allá, salpicando varias de las 288 páginas del articulado del presupuesto.
Algunos legisladores, consultados por El País, han llamado la atención sobre varias "repeticiones" y "contradicciones" que se aprecian, y quizás para evitar deslices de esas características en el futuro, se dotará "de particular confianza" el cargo de "Coordinador de los Presupuestos Públicos".
Entre las nuevas plazas previstas en la ley, se destacan los cinco "embajadores itinerantes" en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
SIN TRAUMAS. Sin desmedro de priorizar las tradicionales profesiones de Abogacía y Medicina, así como las Ciencias Económicas y la Agronomía, el gobierno adjudica en el Presupuesto cierta relativa importancia a las figuras del psicólogo y del trabajador social; de ello da cuenta la creación de centenares de cargos que contemplan ambos ejercicios.
Setenta licenciados en psicología, siete psicólogos, seis psicopedagogos, 20 técnicos en psicología social, además de 10 psiquiatras, requerirán las nuevas estructuras del Ministerio del Interior, entre las cuales se destaca el Instituto Nacional de Rehabilitación que asumirá todas las atribuciones y cometidos que le correspondían a la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación.
Pero no sólo a Interior se circunscribirá la acción de los psicólogos, ya que también hay previstos para ellos cargos en el Poder Judicial, en el Ministerio de Defensa y en el de Relaciones Exteriores.
Licenciados en nutrición y dietética, en Sociología y en Ciencias de la Comunicación; bibliotecólogos, telefonistas y choferes también están contemplados en el Presupuesto, aunque no de forma tan generosa como los psicólogos.
No obstante, en el curso de la discusión parlamentaria que proseguirá hasta el final de noviembre, es posible que se pueda hacer algo para remediarlo.
Atañe a los funcionarios
CONTRATOS. Los funcionarios con contratos permanente en Presidencia y ministerios pasarán a ocupar cargos presupuestados del último grado ocupado del escalafón y serie de la Unidad Ejecutora respectiva.
VÍNCULOS. Ninguna persona podrá tener dos vínculos con el Estado para prestar servicios personales, sea que dependan de la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobiernos Departamentales, Municipios, u otros servicios de naturaleza pública o estatal creados por ley.
ASCENSOS. Los ascensos de los funcionarios de Presidencia y ministerios se realizarán por concurso de méritos y antecedentes o de oposición y méritos.
INAU I. Podrá presupuestar a partir del 1° de julio de 2011 a los funcionarios contratados en forma permanente, que demuestren aptitud para el cargo correspondiente.
INAU II. Se habilita una partida anual de
$ 20.000.000 para realizar contrataciones a término, y otra partida anual de $ 56.000.000 para ingreso de personal al Semeji.
CENSO. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá contratar en forma directa, interina y transitoria el personal necesario para atender las tareas inherentes a la preparación y ejecución de los Censos Generales Agropecuarios. (Comienzan en febrero de 2011).
El País Digital
Psicólogos, trabajadores sociales, bibliotecólogos, educadores sociales, comunicadores y hasta dibujantes podrán aspirar a algunas de las centenares de plazas que el gobierno abre para esas licenciaturas.
Los nuevos cargos se inscriben en un amplio rediseño del aparato administrativo proyectado por el gobierno, que ha inspirado además figuras originales para el país, como el "Coordinador Departamental" y el "Embajador itinerante", y otras curiosas como el "Sub Director General de la Salud", que sustituirá al "Subdirector General de la Salud".
Fuera del área de la salud, hay asignados casi 3.700 nuevos puestos en los principales ministerios (algunos de ellos, en sustitución de funciones que se suprimen). El grueso pretende corregir el déficit de recursos humanos del Ministerio del Interior.
En ASSE, se prevé la creación de 7.740 cargos, la mayoría para regularizar al personal contratado por las actuales Comisiones de Apoyo y la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata.
El Poder Judicial se prevé la creación de dos centenares de plazas, atendiendo a la puesta en marcha de nuevos juzgados de Trabajo y de Familia, dos de los cuales estarán especializados en Violencia Doméstica.
LO QUE NO ESTÁ. Estos cargos no constituyen, sin embargo, la totalidad de los vínculos laborales que se crearán en el Estado, ya que el Presupuesto contempla una cantidad no especificada de contrataciones para llevar a término la "reorganización" de diversos servicios ministeriales y cumplir otras tareas de apoyo.
Aunque el número de contratos no se precisa, el presupuesto asigna partidas específicas para ellos. Por ejemplo, el Artículo 91 habilita a la Presidencia de la República una partida anual de $ 31 millones "a efectos de realizar contrataciones temporales del personal que se considere imprescindible hasta la aprobación de las reestructuras organizativas" de los Servicios de Apoyo.
La posibilidad de contratar personal se establece en cada uno de los ministerios.
Así, el Artículo 51 faculta a los ministros de Estado "a contratar adscriptos que colaboren directamente con estos, por el término que determinen y no más allá de sus respectivos mandatos".
Para este rubro se destinan partidas por $ 18 millones.
El Poder Ejecutivo no fija el número de cargos en el ámbito de la enseñanza, de la Universidad o del INAU, organismos que exponen sus propias necesidades y aspiraciones.
Pero, el mensaje presupuestal proyecta "ampliar la cobertura para la atención de adolescentes en conflicto con la ley, instalando un nuevo centro de atención y la creación de los cargos necesarios".
También, la "creación de cargos docentes y no docentes" para atender las futuras Escuelas de Tiempo Completo.
El Consejo Directivo Central de la ANEP, que ha presentado simultáneamente su proyecto de Presupuesto, tiene sí una idea muy concreta del personal que necesitará para colmar sus aspiraciones.
El Consejo de Educación Secundaria, uno de los cuatro organismos que integra la ANEP, solicita, entre otros:
* 350 administrativos.
* 1.000 auxiliares de servicio.
* 600 porteros.
* 150 conserjes.
* 125 psicólogos.
* 66 asistentes sociales.
* 21 directores.
* 35 inspectores.
* 370 orientadores bibliográficos, 200 ayudantes y 20 coordinadores de aulas de arte.
DE CONFIANZA. La Ley de Presupuesto crea también 62 cargos "de Particular Confianza" del gobierno, la mayoría de ellos en las órbitas de Presidencia, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y los ministerios de Transporte y de Salud Pública.
Algunos cargos de esta naturaleza, herencia del anterior gobierno, se suprimen y otros, ya existentes, se promueven a esta categoría; entre ellos, el Auditor Interno de la Nación, el Director del Museo Histórico Nacional, el Inspector General de Trabajo y Seguridad Social, y el Director Nacional de Catastro.
De acuerdo con datos oficiales, hasta finales de 2009 había en el Poder Ejecutivo 132 cargos de este carácter creados por las anteriores administraciones. El Presupuesto del gobierno de Vázquez incorporó 15 cargos adicionales y suprimió dos.
Las más polémicas figuras que impulsa el gobierno, dentro de esta categoría, son los "Coordinadores Departamentales", 18 en total, quienes tendrán como cometido "articular las políticas públicas nacionales en el territorio del departamento, con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de las mismas", reza el texto.
Otros 18 coordinadores departamentales funcionarán en dependencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la misión de "coordinar las acciones de los diferentes servicios" del MTOP "que tengan presencia permanente o realicen acciones en el departamento"; además deberán "coordinar y relacionarse con los diferentes actores públicos y privados (...) entablando un ágil canal de comunicación entre el Ministerio y la comunidad departamental".
Estos funcionarios serán la máxima autoridad administrativa del Ministerio en el interior.
La figura de "coordinador" aparece, aquí y allá, salpicando varias de las 288 páginas del articulado del presupuesto.
Algunos legisladores, consultados por El País, han llamado la atención sobre varias "repeticiones" y "contradicciones" que se aprecian, y quizás para evitar deslices de esas características en el futuro, se dotará "de particular confianza" el cargo de "Coordinador de los Presupuestos Públicos".
Entre las nuevas plazas previstas en la ley, se destacan los cinco "embajadores itinerantes" en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
SIN TRAUMAS. Sin desmedro de priorizar las tradicionales profesiones de Abogacía y Medicina, así como las Ciencias Económicas y la Agronomía, el gobierno adjudica en el Presupuesto cierta relativa importancia a las figuras del psicólogo y del trabajador social; de ello da cuenta la creación de centenares de cargos que contemplan ambos ejercicios.
Setenta licenciados en psicología, siete psicólogos, seis psicopedagogos, 20 técnicos en psicología social, además de 10 psiquiatras, requerirán las nuevas estructuras del Ministerio del Interior, entre las cuales se destaca el Instituto Nacional de Rehabilitación que asumirá todas las atribuciones y cometidos que le correspondían a la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación.
Pero no sólo a Interior se circunscribirá la acción de los psicólogos, ya que también hay previstos para ellos cargos en el Poder Judicial, en el Ministerio de Defensa y en el de Relaciones Exteriores.
Licenciados en nutrición y dietética, en Sociología y en Ciencias de la Comunicación; bibliotecólogos, telefonistas y choferes también están contemplados en el Presupuesto, aunque no de forma tan generosa como los psicólogos.
No obstante, en el curso de la discusión parlamentaria que proseguirá hasta el final de noviembre, es posible que se pueda hacer algo para remediarlo.
Atañe a los funcionarios
CONTRATOS. Los funcionarios con contratos permanente en Presidencia y ministerios pasarán a ocupar cargos presupuestados del último grado ocupado del escalafón y serie de la Unidad Ejecutora respectiva.
VÍNCULOS. Ninguna persona podrá tener dos vínculos con el Estado para prestar servicios personales, sea que dependan de la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobiernos Departamentales, Municipios, u otros servicios de naturaleza pública o estatal creados por ley.
ASCENSOS. Los ascensos de los funcionarios de Presidencia y ministerios se realizarán por concurso de méritos y antecedentes o de oposición y méritos.
INAU I. Podrá presupuestar a partir del 1° de julio de 2011 a los funcionarios contratados en forma permanente, que demuestren aptitud para el cargo correspondiente.
INAU II. Se habilita una partida anual de
$ 20.000.000 para realizar contrataciones a término, y otra partida anual de $ 56.000.000 para ingreso de personal al Semeji.
CENSO. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá contratar en forma directa, interina y transitoria el personal necesario para atender las tareas inherentes a la preparación y ejecución de los Censos Generales Agropecuarios. (Comienzan en febrero de 2011).
El País Digital
viernes, 3 de setiembre de 2010
Temas de Energía en el Proyecto de Ley de Presupuesto / Raúl Viñas
Revisando los más de 800 artículos del proyecto de ley de presupuesto enviado por el PE al parlamento, me llamó poderosamente la atención que al tratar temas de energía no hay ninguna mención al desarrollo y mantenimiento de programas como el de Eficiencia Energética, Energía Eólica y otros que se han ejecutado con apoyo del PNUD en el período anterior.
No hay nada sobre la posibilidad de desarrollar la energía solar, incorporar a gran escala energía eólica, aprovechamiento de biomasa, programas de biocombustibles, microgeneración o la incorporación de sistemas de redes inteligentes en la distribución de energía eléctrica.
En general el presupuesto no tiene ni una palabra sobre el financiamiento de estudios ni programas para el adecuado aprovechamiento de los recursos autóctonos, impulsar el desarrollo sostenible y generar trabajo de calidad para los uruguayos con el desarrollo energético.
Sí está incluido en el artículo 398 la asignación de casi un millón de dólares del presupuesto nacional para estudiar, analizar y elaborar propuestas para el desarrollo de la primera etapa (fase 1) de la eventual puesta en marcha de un programa nuclear para generación de energía eléctrica en Uruguay.
Traducido al castellano el presupuesto asigna casi un millón de dólares para proponer como desarrollar la fase 1 de un eventual programa nucleoeléctrico, no para desarrollarla.
Personalmente pienso que eso se da porque el artículo es copia textual de la parte dispositiva del decreto 593/2008 que creó una comisión en la que participan representantes del PI con ese mismo propósito y cuyos resultados e informes no han sido hechos públicos así como tampoco se han dado a conocer los resultados de la encuesta que sobre la percepción de la población del tema nuclear se desarrolló en el anterior período con fondos estatales.
No hay nada sobre la posibilidad de desarrollar la energía solar, incorporar a gran escala energía eólica, aprovechamiento de biomasa, programas de biocombustibles, microgeneración o la incorporación de sistemas de redes inteligentes en la distribución de energía eléctrica.
En general el presupuesto no tiene ni una palabra sobre el financiamiento de estudios ni programas para el adecuado aprovechamiento de los recursos autóctonos, impulsar el desarrollo sostenible y generar trabajo de calidad para los uruguayos con el desarrollo energético.
Sí está incluido en el artículo 398 la asignación de casi un millón de dólares del presupuesto nacional para estudiar, analizar y elaborar propuestas para el desarrollo de la primera etapa (fase 1) de la eventual puesta en marcha de un programa nuclear para generación de energía eléctrica en Uruguay.
Traducido al castellano el presupuesto asigna casi un millón de dólares para proponer como desarrollar la fase 1 de un eventual programa nucleoeléctrico, no para desarrollarla.
Personalmente pienso que eso se da porque el artículo es copia textual de la parte dispositiva del decreto 593/2008 que creó una comisión en la que participan representantes del PI con ese mismo propósito y cuyos resultados e informes no han sido hechos públicos así como tampoco se han dado a conocer los resultados de la encuesta que sobre la percepción de la población del tema nuclear se desarrolló en el anterior período con fondos estatales.
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