Inflación de cargos de confianza y reforma del Estado / Pablo Mieres

Desde que comenzó este período de gobierno el Presidente Mujica ha impulsado un discurso firme y muy compartible sobre la necesidad de proceder a una profunda y auténtica reforma del Estado. Ha realizado llamados recurrentes a eliminar ciertas prácticas equivocadas y negativas en la gestión pública, ha cuestionado con fuerza y energía a los funcionarios públicos recordándoles que eran servidores de la sociedad y que no eran los dueños de las respectivas empresas públicas en las que trabajan.



Todas las definiciones y discursos que escuchamos han ido en consonancia con el sentido común y la sensatez, han representado además una sugestiva modificación de las actitudes que su partido había mantenido fundamentalmente cuando se encontraba en la oposición y animaba todas y cada una de las reivindicaciones de los gremios de los funcionarios públicos ahora cuestionados por el Presidente.



Se anunciaron grandes reformas y se nos dijo que el Presupuesto iba a ser un instrumento novedoso en el que se incorporarían normas que vincularían las mejoras salariales a los desempeños y el logro de objetivos y metas.



Muy poco o casi nada de estos anuncios se convirtieron en realidad. Por el contrario, uno de los jerarcas más comprometidos con una reforma estatal en profundidad, el Sub-Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Dr. Conrado Ramos, acaba de presentar renuncia a su cargo decepcionado por la falta de sustancia de la anunciada reforma estatal.



Parece que otra vez nos enfrentamos a la frustración de los anuncios grandilocuentes que son seguidos de pequeñas acciones de bajo impacto y poco efecto.



Pero el problema no es solo ese. En forma totalmente contradictoria con el discurso público del gobierno, la norma presupuestal proyecta un incremento inusitado de los cargos de confianza. De acuerdo a la información que ha proporcionado el Semanario Búsqueda el proyecto de ley de Presupuesto incluye la creación de 63 nuevos cargos de confianza. ¡¡¡63!!!



Un incremento mayor que el que se había registrado en las administraciones de gobierno anteriores.



Cuando gobernaban los partidos tradicionales, desde los partidos de oposición señalábamos que se hacía abuso de ese instrumento y que la proliferación de los cargos de confianza tendía a burocratizar aun más el Estado. No es una actitud en línea con la modernización del Estado el incremento de los funcionarios que solo dependen de la voluntad política de los gobernantes.



Sin embargo, desde que el Frente Amplio asumió el gobierno en Montevideo, hace ya más de veinte años, las sucesivas administraciones no hicieron otra cosa que incrementar los cargos políticos y, en la pasada administración nacional, durante el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, se volvió a producir un incremento de posiciones de confianza que no posee fundamento alguno en términos de mejora de la gestión gubernamental.



Uno imaginaba que dada la prédica del Presidente Mujica y su forma de actuar en lo personal, preocupado por la austeridad y la modestia en los recursos, este tema no habría de salirse de cauce, Pero, al contrario, esto supera por lejos las anteriores situaciones y bate los records de multiplicación de la discrecionalidad de los gobernantes en el nombramiento de personas de su confianza.



Pésima señal que, en caso de confirmarse, quita autoridad moral al discurso reformista que se ha impulsado desde el nuevo gobierno. No hay que olvidar que “la caridad bien entendida empieza por casa”.



Que quede constancia de que, por el contrario, nos parece de estricta justicia, que se equiparen los sueldos de los Ministros a los de los Senadores. Desde ya anunciamos que no nos sumaremos a los coros demagógicos que seguramente se alzarán en contra de esta propuesta. En todo caso resuelve una situación insólita que solo puede ocurrir en nuestro país, por la que un Ministro recibe una remuneración muy inferior a la de un legislador. Para que quede claro que no tenemos un reflejo meramente opositor a cualquier incremento del gasto en cargos de responsabilidad