Hace un par de semanas se suscitó una fuerte polémica en el Parlamento sobre el papel que este había jugado durante la crisis de febrero de 1973. El Diputado Fernando Amado cuestionó la actuación del Parlamento de la época y esta intervención generó reacciones airadas cuestionando los dichos del diputado.
Sin embargo, más allá de cierto tono desafiante y de ciertas referencias exageradas, lo que afirmó el diputado era básicamente cierto. En efecto, todas las crónicas de la época y los estudios posteriores mostraron con contundencia que el Parlamento no se había reunido durante los cuatro días que duró ese grave conflicto que, visto con perspectiva histórica, supuso la primera ruptura institucional de la que junio fue su culminación definitiva.
Pero que el Parlamento no se haya reunido no significa que el sistema político, los partidos y los dirigentes políticos estuvieran ajenos o alejados de lo que estaba ocurriendo. Nada de eso, por el contrario todos los partidos y sus principales dirigentes seguían muy de cerca los acontecimientos y asumieron actitudes y posiciones políticas concretas.
Las apuestas políticas y las actitudes asumidas por buena parte del sistema políticouruguayo en aquel momento fueron mucho peores que la omisión señalada. Antes, durante y después de los hechos de febrero, las posturas de muchos dirigentes denotaron un evidente debilitamiento de los reflejos democráticos de nuestro sistema político.
En efecto, en febrero dos de las tres armas desacataron una decisión del Presidente de la República, quien nombró a un Ministro de Defensa que fue desconocido por las jerarquías militares. Los hechos son bien conocidos, la Armada defendió la institucionalidad hasta que se generó un cambio en la correlación de fuerzas interna y todo el frente militar se unificó en una clara sublevación contra el orden establecido.
El Presidente de la época, que como todos sabemos nunca tuvo convicciones democráticas, rápidamente acordó con los militares y se puso en línea con el golpe de Estado en proceso.
Otros dirigentes apostaban en ese entonces a que las Fuerzas Armadas forzaran la renuncia del Presidente para realizar elecciones anticipadas.
Finalmente, otros apostaron a que el levantamiento militar se inscribía en una línea de transformación revolucionaria y que, Comunicados 4 y 7 de por medio, se asomaba un golpe “peruanista” que llevaría adelante los cambios sociales y económicos que se buscaban. Por lo que apoyaron con expectativa el levantamiento de febrero.
Fueron muy pocos los que señalaron con firmeza que las instituciones debían ser defendidas a toda costa. El Senador Amílcar Vasconcellos, el Dr. Carlos Quijano y seguramente unos cuantos más, con menor visibilidad, señalaron los peligros que se cernían sobre la democracia. Pero la mayoría del sistema político no interpretó los hechos ni actuó de esa manera.
Entonces, lo peor no fue que el Parlamento no se haya reunido, sino que buena parte de las apuestas de los partidos eran más bien claudicantes con respecto a la defensa de la democracia y el respeto a las reglas de juego.
Obviamente esto no ocurriría hoy en día, porque la historia nos ha “marcado a fuego” y es cierto, también, que los partidos fuimos los grandes actores del retorno a la democracia. Por otra parte, la actual fortaleza de nuestro sistema democrático se sustenta en los partidos políticos que son un bastión fundamental de nuestra institucionalidad.
Pero la reivindicación del enorme papel jugado por partidos y dirigentes políticos en la recuperación de la democracia, no nos debe llevar a negar la realidad de la claudicación mayoritaria ocurrida en aquellos tristes momentos.
El Diputado Amado puso el “dedo en la llaga”, ciertamente con un toque de “insolencia” que afectó la sensibilidad de muchos, pero dijo algo que es verdad. Y lo dijo uno de los diputados más jóvenes del Parlamento, quizás por ello en este sistema político gerontocrático se le hizo pagar un peaje aun mayor por su “atrevimiento”.
Lo cierto es que en aquel febrero, las posiciones de buena parte del sistema político fueron más graves que la mera omisión señalada. Es bueno no negar el pasado ni obviar los errores cometidos, es un paso imprescindible para construir con solidez el futuro.
jueves, 30 de setiembre de 2010
miércoles, 29 de setiembre de 2010
Inspectores de tránsito o cazadores de multas / Pablo Mieres
El sábado pasado volvía de participar en el Acto de Clausura de la Expo Prado 2010 por Bvar. Batlle y Ordóñez a las cinco y media de la tarde, un día espléndido de primavera, cuando de repente en el medio de una larga recta, se encontraban parapetados cinco Inspectores de Tránsito de la Intendencia Municipal de Montevideo quienes procedieron a hacerme señas para que me detuviera y me señalaron que había violado el límite de velocidad.
Supondrá el lector que yo circulaba a alta velocidad y que, por lo tanto, estaba manejando en forma imprudente por lo que era pertinente una sanción. Pues los propios Inspectores me indicaron que estaba circulando a 76 km por hora. ¡¡¡Por supuesto, la velocidad máxima en ese lugar era de 60km por hora!!! Por lo tanto, procedieron a multarme.
Tomo este episodio a modo de ejemplo de lo que cotidianamente sufren una gran cantidad de automovilistas de nuestra capital.
Resulta evidente que los Inspectores de Tránsito saben muy bien que en ese bulevar, en línea recta, en bajada, con visibilidad plena, a mitad de una tarde de sol, es obvio que el límite de velocidad es ridículo y anacrónico. Por eso mismo, los Inspectores de Tránsito se instalan allí. Para cosechar multas, para recaudar, a medias entre la Intendencia Municipal (voraz e insaciable captadora de recursos) y los propios Inspectores que cobran su porcentaje por cada multa que aplican.
Los Inspectores no se instalan en los lugares de riesgo o en las horas más difíciles con el objeto de ayudar a mejorar el tránsito y reducir los accidentes. No buscan cumplir con su función aportando para evitar los accidentes, reducir la siniestralidad y cumplir una tarea docente con los ciudadanos.
Por el contrario, eligen lugares en donde, hasta por inercia, los automovilistas superan un límite de velocidad absurdo y ajeno a toda lógica de la normal fluidez del tránsito, y entonces aplican sus multas con total descaro y amparados en una normativa notoriamente ajena a la realidad actual.
En casi toda la ciudad el límite de velocidad es de 45km por hora. Si ese límite fuera respetado el tránsito montevideano sería aun peor de lo que ya es, los congestionamientos y los “cuellos de botella” se multiplicarían y los semáforos, en vez de colaborar con la fluidez de la circulación, se convertirían en verdaderas barreras insoportables que aumentarían la insoportable lentitud.
La Intendencia sabe muy bien esto y, sin embargo, mantiene normativas inadecuadas que le permiten, cuando se le ocurre, completar ingresos simplemente saliendo a aplicar, en los lugares definidos, la normativa vigente que nadie cumple.
Se colocan a un costado, en algunos casos detrás de algún árbol, de a varios, porque saben que van a tener que defenderse de la indignación ciudadana, con el único objetivo de “cazar multas” para aumentar sus ingresos, en complicidad con una Intendencia que hace años que se alejó de los ciudadanos, a quienes considera como simples “contribuyentes” de los que hay que extraer la mayor cantidad de recursos posible.
De esta manera, la Intendencia Municipal paga los altísimos salarios de sus numerosos y crecientes cargos de dirección y de confianza, así como el salario de sus miles de funcionarios que son, sin dudas, de los funcionarios públicos mejores pagos del país; sin generar servicios de calidad proporcional a los aportes que todos hacemos. Por el contrario, ofreciendo servicios cada vezm de peor calidad y eficacia.
Pero el caso de los inspectores de tránsito es particularmente grave porque se produce una asociación de mutuo beneficio entre estos y el gobierno municipal que hace acordar a la Edad Media, cuando los reyes otorgaban a ciertos nobles el derecho de salir a cobrar impuestos en nombre de aquel, para que estos últimos se enriquecieran arbitrariamente.
Por ejemplo, nadie sabe con qué criterios se define que se paren los Inspectores en determinados lugares y horas. Nadie sabe qué fundamento de política de tránsito sostiene estas acciones. La impresión que tenemos los contribuyentes, simples ciudadanos, es que la estrategia está guiada por la pura arbitrariedad y el objetivo patético de juntar recursos a costa nuestra.
Ese mismo día el informativo de la noche daba cuenta de las declaraciones del Director de Tránsito de la Intendencia que se quejaba de que ya no hay respeto a la autoridad.
Se olvida el Director que la autoridad se acata porque no hay más remedio que hacerlo debido a las normas vigentes, pero el respeto se gana mediante el ejercicio correcto y justo de la autoridad. Nada más lejano a lo que ocurre con la política y el accionar de la Dirección de Tránsito de este gobierno departamental.
Mientras la comuna no cambie sus formas de actuar, sus inspectores seguirán siendo objeto de los mayores cuestionamientos, porque los ciudadanos sentimos que el objetivo de su accionar no consiste en ayudar a mejorar el tránsito y la calidad de vida de nuestra ciudad, sino a aprovecharse de las reglas que ellos mismos fijan.
Supondrá el lector que yo circulaba a alta velocidad y que, por lo tanto, estaba manejando en forma imprudente por lo que era pertinente una sanción. Pues los propios Inspectores me indicaron que estaba circulando a 76 km por hora. ¡¡¡Por supuesto, la velocidad máxima en ese lugar era de 60km por hora!!! Por lo tanto, procedieron a multarme.
Tomo este episodio a modo de ejemplo de lo que cotidianamente sufren una gran cantidad de automovilistas de nuestra capital.
Resulta evidente que los Inspectores de Tránsito saben muy bien que en ese bulevar, en línea recta, en bajada, con visibilidad plena, a mitad de una tarde de sol, es obvio que el límite de velocidad es ridículo y anacrónico. Por eso mismo, los Inspectores de Tránsito se instalan allí. Para cosechar multas, para recaudar, a medias entre la Intendencia Municipal (voraz e insaciable captadora de recursos) y los propios Inspectores que cobran su porcentaje por cada multa que aplican.
Los Inspectores no se instalan en los lugares de riesgo o en las horas más difíciles con el objeto de ayudar a mejorar el tránsito y reducir los accidentes. No buscan cumplir con su función aportando para evitar los accidentes, reducir la siniestralidad y cumplir una tarea docente con los ciudadanos.
Por el contrario, eligen lugares en donde, hasta por inercia, los automovilistas superan un límite de velocidad absurdo y ajeno a toda lógica de la normal fluidez del tránsito, y entonces aplican sus multas con total descaro y amparados en una normativa notoriamente ajena a la realidad actual.
En casi toda la ciudad el límite de velocidad es de 45km por hora. Si ese límite fuera respetado el tránsito montevideano sería aun peor de lo que ya es, los congestionamientos y los “cuellos de botella” se multiplicarían y los semáforos, en vez de colaborar con la fluidez de la circulación, se convertirían en verdaderas barreras insoportables que aumentarían la insoportable lentitud.
La Intendencia sabe muy bien esto y, sin embargo, mantiene normativas inadecuadas que le permiten, cuando se le ocurre, completar ingresos simplemente saliendo a aplicar, en los lugares definidos, la normativa vigente que nadie cumple.
Se colocan a un costado, en algunos casos detrás de algún árbol, de a varios, porque saben que van a tener que defenderse de la indignación ciudadana, con el único objetivo de “cazar multas” para aumentar sus ingresos, en complicidad con una Intendencia que hace años que se alejó de los ciudadanos, a quienes considera como simples “contribuyentes” de los que hay que extraer la mayor cantidad de recursos posible.
De esta manera, la Intendencia Municipal paga los altísimos salarios de sus numerosos y crecientes cargos de dirección y de confianza, así como el salario de sus miles de funcionarios que son, sin dudas, de los funcionarios públicos mejores pagos del país; sin generar servicios de calidad proporcional a los aportes que todos hacemos. Por el contrario, ofreciendo servicios cada vezm de peor calidad y eficacia.
Pero el caso de los inspectores de tránsito es particularmente grave porque se produce una asociación de mutuo beneficio entre estos y el gobierno municipal que hace acordar a la Edad Media, cuando los reyes otorgaban a ciertos nobles el derecho de salir a cobrar impuestos en nombre de aquel, para que estos últimos se enriquecieran arbitrariamente.
Por ejemplo, nadie sabe con qué criterios se define que se paren los Inspectores en determinados lugares y horas. Nadie sabe qué fundamento de política de tránsito sostiene estas acciones. La impresión que tenemos los contribuyentes, simples ciudadanos, es que la estrategia está guiada por la pura arbitrariedad y el objetivo patético de juntar recursos a costa nuestra.
Ese mismo día el informativo de la noche daba cuenta de las declaraciones del Director de Tránsito de la Intendencia que se quejaba de que ya no hay respeto a la autoridad.
Se olvida el Director que la autoridad se acata porque no hay más remedio que hacerlo debido a las normas vigentes, pero el respeto se gana mediante el ejercicio correcto y justo de la autoridad. Nada más lejano a lo que ocurre con la política y el accionar de la Dirección de Tránsito de este gobierno departamental.
Mientras la comuna no cambie sus formas de actuar, sus inspectores seguirán siendo objeto de los mayores cuestionamientos, porque los ciudadanos sentimos que el objetivo de su accionar no consiste en ayudar a mejorar el tránsito y la calidad de vida de nuestra ciudad, sino a aprovecharse de las reglas que ellos mismos fijan.
El desgaste de los paros / Pablo Mieres
El próximo 6 de octubre se realizará un nuevo paro general convocado por el movimiento sindical. En esta oportunidad la decisión fue tomada por mayoría estrecha, con la opinión contraria de buena parte de las delegaciones sindicales.
Incluso a la fecha se está discutiendo la original modalidad elegida para cumplir con el paro, desde el mediodía de un día hasta el mediodía del día siguiente, como si existiera un afán especial en generar afectación mayor al funcionamiento del país.
Este debate, esta división en torno a la medida aprobada y a su modalidad de ejecución, lleva inevitablemente a una reflexión sobre la utilización estratégica de esta medida por parte de las organizaciones sindicales.
Si uno analiza la medida de un paro general de 24 horas en el marco del conjunto de acciones y recursos que un sindicato tiene para ejercer presión sobre el gobierno o sobre los empresarios, llegará rápidamente a la conclusión de que esta es una de las medidas de mayor intensidad que puede adoptar un movimiento sindical.
En efecto, luego del paro general está el paro general por más de un día y después de eso solo existe la huelga general. De modo que el recurso al paro general es un recurso casi extremo al que se debería echar mano en situaciones correlativamente graves.
Sin embargo, en nuestro país los paros generales se han ido rutinizando debido a un uso y abuso del recurso de fuerza que, prácticamente, ha ingresado a formar parte de nuestro paisaje socio-`político cotidiano.
Antes los paros se hacían contra los gobiernos de la derecha que, a juicio de todos los dirigentes sindicales de los que la casi totalidad pertenecen al Frente Amplio, eran los culpables directos de la mala situación de los trabajadores. Sin embargo, cuando el Frente Amplio accedió al gobierno esta práctica continuó desarrollándose sin mayores cambios, aunque el movimiento sindical tomó partido expreso en las últimas elecciones apoyando la alternativa electoral del Frente Amplio.
Ahora con el actual gobierno que representa, dentro del Frente Amplio, a sus alternativas más a la izquierda, tampoco se le ha dado tregua y se ha desarrollado una estrategia de lucha con las mismas características que en tiempos anteriores.
Todos sabemos en este país lo que pasa cuando hay un paro general. Paran las oficinas públicas, el transporte público, los bancos, las fábricas grandes y la enseñanza. Muchas otras actividades continúan desarrollándose en paralelo y todos ya estamos acostumbrados a esta realidad.
El uso frecuente de la medida del paro general sin que se mantenga una proporción efectiva entre la entidad de la medida y el nivel del conflicto al que responde, afecta su significación y reduce su importancia. Todos nos acostumbramos a que cada cierto tiempo exista un paro general en el que ciertos servicios se interrumpen y los trabajadores de ciertas areas de la actividad no trabajan.
El país pierde producción, los estudiantes pierden otro día de clases y un gobierno que recién comienza y que busca representar a los trabajadores, recibe ya el segundo paro general en seis meses de gestión.
Habría que preguntarse por qué los sindicatos de este país no se dan cuenta de que los instrumentos de presión y protesta de los trabajadores deben guardar una proporción razonable con el nivel de conflictos que existe. De otro modo se convierte, como hoy es, en una costumbre sin mayores resultados.
Incluso a la fecha se está discutiendo la original modalidad elegida para cumplir con el paro, desde el mediodía de un día hasta el mediodía del día siguiente, como si existiera un afán especial en generar afectación mayor al funcionamiento del país.
Este debate, esta división en torno a la medida aprobada y a su modalidad de ejecución, lleva inevitablemente a una reflexión sobre la utilización estratégica de esta medida por parte de las organizaciones sindicales.
Si uno analiza la medida de un paro general de 24 horas en el marco del conjunto de acciones y recursos que un sindicato tiene para ejercer presión sobre el gobierno o sobre los empresarios, llegará rápidamente a la conclusión de que esta es una de las medidas de mayor intensidad que puede adoptar un movimiento sindical.
En efecto, luego del paro general está el paro general por más de un día y después de eso solo existe la huelga general. De modo que el recurso al paro general es un recurso casi extremo al que se debería echar mano en situaciones correlativamente graves.
Sin embargo, en nuestro país los paros generales se han ido rutinizando debido a un uso y abuso del recurso de fuerza que, prácticamente, ha ingresado a formar parte de nuestro paisaje socio-`político cotidiano.
Antes los paros se hacían contra los gobiernos de la derecha que, a juicio de todos los dirigentes sindicales de los que la casi totalidad pertenecen al Frente Amplio, eran los culpables directos de la mala situación de los trabajadores. Sin embargo, cuando el Frente Amplio accedió al gobierno esta práctica continuó desarrollándose sin mayores cambios, aunque el movimiento sindical tomó partido expreso en las últimas elecciones apoyando la alternativa electoral del Frente Amplio.
Ahora con el actual gobierno que representa, dentro del Frente Amplio, a sus alternativas más a la izquierda, tampoco se le ha dado tregua y se ha desarrollado una estrategia de lucha con las mismas características que en tiempos anteriores.
Todos sabemos en este país lo que pasa cuando hay un paro general. Paran las oficinas públicas, el transporte público, los bancos, las fábricas grandes y la enseñanza. Muchas otras actividades continúan desarrollándose en paralelo y todos ya estamos acostumbrados a esta realidad.
El uso frecuente de la medida del paro general sin que se mantenga una proporción efectiva entre la entidad de la medida y el nivel del conflicto al que responde, afecta su significación y reduce su importancia. Todos nos acostumbramos a que cada cierto tiempo exista un paro general en el que ciertos servicios se interrumpen y los trabajadores de ciertas areas de la actividad no trabajan.
El país pierde producción, los estudiantes pierden otro día de clases y un gobierno que recién comienza y que busca representar a los trabajadores, recibe ya el segundo paro general en seis meses de gestión.
Habría que preguntarse por qué los sindicatos de este país no se dan cuenta de que los instrumentos de presión y protesta de los trabajadores deben guardar una proporción razonable con el nivel de conflictos que existe. De otro modo se convierte, como hoy es, en una costumbre sin mayores resultados.
miércoles, 22 de setiembre de 2010
Acreditación y evaluación para todos / Pablo Mieres
Cualquier sistema universitario que se precie debe contar con una institución encargada de evaluar y acreditar a las instituciones universitarias y sus correspondientes carreras. Así ocurre en casi todas partes del mundo y su existencia promueve el desarrollo académico del sistema universitario de un país.
Por lo tanto, nadie puede negar la necesidad de que exista una Agencia de Acreditación y Evaluación Universitaria. Al contrario, esta tiene que cumplir un papel decisivo en varios sentidos. En primer lugar, una agencia de acreditación es una garantía para las instituciones universitarias porque les permite contar con un monitoreo y seguimiento que las ayuda a mejorar y avanzar en materia de calidad y excelencia académica. En segundo lugar, porque es una señal para los estudiantes y sus familias sobre cuáles son los niveles efectivos de calidad de cada propuesta educativa permitiendo que los ciudadanos elijan con mayor conocimiento de causa y con más elementos. En tercer lugar, genera una dinámica de sana competencia entre los diferentes actores universitarios que deben medirse contra un estándar común y objetivo y con respecto a los otros actores universitarios que ofrecen similares alternativas educativas.
Pero lo que no ocurre en ninguna parte del mundo es que el instituto encargado de evaluar y acreditar, solo evalúe a algunas instituciones universitarias y no a todas. Lo que tampoco ocurre en ninguna parte del mundo es que, además, ese organismo encargado de evaluar esté integrado por representantes de esa misma universidad que queda fuera del alcance de la evaluación. Eso es un verdadero desquicio, insostenible ante cualquier análisis con un mínimo de sensatez.
Pues bien, eso es lo que dice el proyecto de ley que el Ministerio de Educación acaba de enviar al Parlamento para su aprobación. Se crea una Agencia de Acreditación y Evaluación Universitaria que solo tendrá potestades de evaluar a las instituciones universitarias privadas, dejando a la Universidad de la República por fuera y por encima (lo que es más grave) del sistema.
Porque la Universidad de la República, además, nombrará dos de los cinco representantes del organismo rector de la Agencia, lo que aumenta y agrava el escándalo.
El único argumento que se ha sostenido para defender esta insólita solución es que la Universidad de la República no puede ser objeto de evaluación porque ello implicaría violar su autonomía.
Nunca habíamos escuchado un argumento tan falto de sentido. Nada tiene que ver la autonomía de una institución universitaria (las privadas también la tienen y casi todas las universidades del mundo la tienen) que refiere a su capacidad de tomar decisiones técnicas y académicas y de autogobernarse, con la posibilidad de que un actor externo la evalúe y emita juicios sobre la calidad o el nivel de su oferta.
Tan es así, que la Ley de Educación que aprobó el actual gobierno prevé la creación de un Instituto de Evaluación Educativa que tendrá por objeto evaluar los otros niveles de la enseñanza, es decir a la ANEP que tiene el mismo grado de autonomía consagrado en la Constitución, que la Universidad de la República. Tan falto de sentido es el argumento de la autonomía, que la propia Universidad de la República ha participado de procesos de evaluación a nivel internacional en el MERCOSUR.
Pero además de la falta de racionalidad que implica esta propuesta, tampoco le hace bien a la Universidad de la República. En efecto, someterse a evaluaciones y acreditaciones es la mayor garantía para la propia institución sobre la calidad y seriedad de su propuesta; ser objeto de evaluación ayuda al perfeccionamiento, a la mejora continua y evita el riesgo de la comodidad o de la autocomplacencia.
Por otra parte, la Universidad de la República representa el 80% de la matrícula universitaria de este país y aun más en materia de investigación académica, por lo que esta solución deja fuera del sistema de evaluación y acreditación a la inmensa mayoría de la realidad universitaria nacional, con lo cual la Agencia que se propone crear nace “renga”, limitada y mutilada, destinada a cumplir muy parcialmente con el aporte que debería hacer.
Por último, pero no menos importante, la aprobación de esta norma supone una violación explícita de los acuerdos alcanzados por el Grupo Multipartidario de Educación. En efecto, en ese ámbito se acordó explícitamente que el alcance de la Agencia de Evaluación y Acreditación debía ser con respecto a toda la oferta terciaria y sobre ese acuerdo se firmó el entendimiento de los cuatro partidos. Es más, la lectura del texto es unívoca, se habla de enseñanza terciaria y no se distingue entre pública o privada.
Los acuerdos se hacen para ser cumplidos, la falta de voluntad por parte de cualquiera de los firmantes para respetar lo acordado, afecta sustancialmente la credibilidad del sistema político y afecta también un entendimiento que, en su momento, todos los partidos valoramos con orgullo y convicción.
Todavía estamos a tiempo de corregir el error, de dar cumplimiento a lo acordado y de darle al país un sistema de acreditación y evaluación universitaria que trate a todos en igualdad de condiciones y les de a los ciudadanos información transparente, equitativa y veraz sobre las diferentes propuestas académicas de nuestro sistema universitario.
Por lo tanto, nadie puede negar la necesidad de que exista una Agencia de Acreditación y Evaluación Universitaria. Al contrario, esta tiene que cumplir un papel decisivo en varios sentidos. En primer lugar, una agencia de acreditación es una garantía para las instituciones universitarias porque les permite contar con un monitoreo y seguimiento que las ayuda a mejorar y avanzar en materia de calidad y excelencia académica. En segundo lugar, porque es una señal para los estudiantes y sus familias sobre cuáles son los niveles efectivos de calidad de cada propuesta educativa permitiendo que los ciudadanos elijan con mayor conocimiento de causa y con más elementos. En tercer lugar, genera una dinámica de sana competencia entre los diferentes actores universitarios que deben medirse contra un estándar común y objetivo y con respecto a los otros actores universitarios que ofrecen similares alternativas educativas.
Pero lo que no ocurre en ninguna parte del mundo es que el instituto encargado de evaluar y acreditar, solo evalúe a algunas instituciones universitarias y no a todas. Lo que tampoco ocurre en ninguna parte del mundo es que, además, ese organismo encargado de evaluar esté integrado por representantes de esa misma universidad que queda fuera del alcance de la evaluación. Eso es un verdadero desquicio, insostenible ante cualquier análisis con un mínimo de sensatez.
Pues bien, eso es lo que dice el proyecto de ley que el Ministerio de Educación acaba de enviar al Parlamento para su aprobación. Se crea una Agencia de Acreditación y Evaluación Universitaria que solo tendrá potestades de evaluar a las instituciones universitarias privadas, dejando a la Universidad de la República por fuera y por encima (lo que es más grave) del sistema.
Porque la Universidad de la República, además, nombrará dos de los cinco representantes del organismo rector de la Agencia, lo que aumenta y agrava el escándalo.
El único argumento que se ha sostenido para defender esta insólita solución es que la Universidad de la República no puede ser objeto de evaluación porque ello implicaría violar su autonomía.
Nunca habíamos escuchado un argumento tan falto de sentido. Nada tiene que ver la autonomía de una institución universitaria (las privadas también la tienen y casi todas las universidades del mundo la tienen) que refiere a su capacidad de tomar decisiones técnicas y académicas y de autogobernarse, con la posibilidad de que un actor externo la evalúe y emita juicios sobre la calidad o el nivel de su oferta.
Tan es así, que la Ley de Educación que aprobó el actual gobierno prevé la creación de un Instituto de Evaluación Educativa que tendrá por objeto evaluar los otros niveles de la enseñanza, es decir a la ANEP que tiene el mismo grado de autonomía consagrado en la Constitución, que la Universidad de la República. Tan falto de sentido es el argumento de la autonomía, que la propia Universidad de la República ha participado de procesos de evaluación a nivel internacional en el MERCOSUR.
Pero además de la falta de racionalidad que implica esta propuesta, tampoco le hace bien a la Universidad de la República. En efecto, someterse a evaluaciones y acreditaciones es la mayor garantía para la propia institución sobre la calidad y seriedad de su propuesta; ser objeto de evaluación ayuda al perfeccionamiento, a la mejora continua y evita el riesgo de la comodidad o de la autocomplacencia.
Por otra parte, la Universidad de la República representa el 80% de la matrícula universitaria de este país y aun más en materia de investigación académica, por lo que esta solución deja fuera del sistema de evaluación y acreditación a la inmensa mayoría de la realidad universitaria nacional, con lo cual la Agencia que se propone crear nace “renga”, limitada y mutilada, destinada a cumplir muy parcialmente con el aporte que debería hacer.
Por último, pero no menos importante, la aprobación de esta norma supone una violación explícita de los acuerdos alcanzados por el Grupo Multipartidario de Educación. En efecto, en ese ámbito se acordó explícitamente que el alcance de la Agencia de Evaluación y Acreditación debía ser con respecto a toda la oferta terciaria y sobre ese acuerdo se firmó el entendimiento de los cuatro partidos. Es más, la lectura del texto es unívoca, se habla de enseñanza terciaria y no se distingue entre pública o privada.
Los acuerdos se hacen para ser cumplidos, la falta de voluntad por parte de cualquiera de los firmantes para respetar lo acordado, afecta sustancialmente la credibilidad del sistema político y afecta también un entendimiento que, en su momento, todos los partidos valoramos con orgullo y convicción.
Todavía estamos a tiempo de corregir el error, de dar cumplimiento a lo acordado y de darle al país un sistema de acreditación y evaluación universitaria que trate a todos en igualdad de condiciones y les de a los ciudadanos información transparente, equitativa y veraz sobre las diferentes propuestas académicas de nuestro sistema universitario.
martes, 21 de setiembre de 2010
Críticas a acuerdo que se incumple
Los líderes partidarios Jorge Larrañaga, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres alertaron las consecuencias del incumplimiento del acuerdo educativo, en el entendido que la Agencia para la Promoción de la Calidad de la Educación Terciaria (Apacet) no controlará a la Universidad de la República (Udelar).
En una jornada organizada por el Instituto Manuel Oribe (IMO), el historiador Gerardo Caetano dijo que "los acuerdos que no se cumplen generan desconfianza" en la población.
"Si los acuerdos interpartidarios funcionan, el Parlamento funcionará de otra manera y habrá posibilidades de construir desde el Parlamento", ya que "hay temas que no se pueden resolver por mayorías exiguas, mucho menos 50 contra 49", opinó Caetano.
El historiador llamó a aprovechar el "clima colectivo optimista", donde "el gobierno es el más necesitado de acuerdos interpartidarios en la educación".
ALERTA. Larrañaga (Alianza Nacional) dijo que con el presidente José Mujica ha habido un "cambio sustantivo" en la participación de la oposición en el contralor, pero que "lo básico es el cumplimiento de acuerdos" y que si eso "se frustra", también "se frustra a la gente".
"Hay que pasar del papel de los acuerdos al ladrillo, a los contenidos. Si no, vaciamos el diálogo democrático y afectamos la credibilidad del sistema político y no solo del gobierno", apuntó.
Bordaberry (Vamos Uruguay) advirtió que la ciudadanía ve que los políticos cada cinco años "acuerdan y luego se olvidan de cumplir las cosas". A juicio del senador colorado, está en juego "la reputación y capacidad" de los políticos.
Respecto al tema de la agencia, Bordaberry disparó: "La Universidad no deja que la evalúen y además se sienta a evaluar a los otros. Si soy tan bueno, ¿qué me importa que me evalúen? En nuestro país confundimos autonomía con aislación".
Mieres (Partido Independiente) resaltó la voluntad del presidente Mujica de tender puentes entre "las dos mitades". Dijo que se trata de "un nuevo tiempo", con niveles de confrontación atenuados.
Pero agregó que "le hace mucho daño a la propia universidad pública" que no haya un control. "Se la perjudica. Una institución que no está sometida a la evaluación y acreditación corre un serio riesgo de perder calidad". A Mieres le preocupa mucho el incumplimiento, ya que el "texto es muy claro, se discutió expresamente en el ámbito" y "los acuerdos se firmaron para cumplir".
El País Digital
En una jornada organizada por el Instituto Manuel Oribe (IMO), el historiador Gerardo Caetano dijo que "los acuerdos que no se cumplen generan desconfianza" en la población.
"Si los acuerdos interpartidarios funcionan, el Parlamento funcionará de otra manera y habrá posibilidades de construir desde el Parlamento", ya que "hay temas que no se pueden resolver por mayorías exiguas, mucho menos 50 contra 49", opinó Caetano.
El historiador llamó a aprovechar el "clima colectivo optimista", donde "el gobierno es el más necesitado de acuerdos interpartidarios en la educación".
ALERTA. Larrañaga (Alianza Nacional) dijo que con el presidente José Mujica ha habido un "cambio sustantivo" en la participación de la oposición en el contralor, pero que "lo básico es el cumplimiento de acuerdos" y que si eso "se frustra", también "se frustra a la gente".
"Hay que pasar del papel de los acuerdos al ladrillo, a los contenidos. Si no, vaciamos el diálogo democrático y afectamos la credibilidad del sistema político y no solo del gobierno", apuntó.
Bordaberry (Vamos Uruguay) advirtió que la ciudadanía ve que los políticos cada cinco años "acuerdan y luego se olvidan de cumplir las cosas". A juicio del senador colorado, está en juego "la reputación y capacidad" de los políticos.
Respecto al tema de la agencia, Bordaberry disparó: "La Universidad no deja que la evalúen y además se sienta a evaluar a los otros. Si soy tan bueno, ¿qué me importa que me evalúen? En nuestro país confundimos autonomía con aislación".
Mieres (Partido Independiente) resaltó la voluntad del presidente Mujica de tender puentes entre "las dos mitades". Dijo que se trata de "un nuevo tiempo", con niveles de confrontación atenuados.
Pero agregó que "le hace mucho daño a la propia universidad pública" que no haya un control. "Se la perjudica. Una institución que no está sometida a la evaluación y acreditación corre un serio riesgo de perder calidad". A Mieres le preocupa mucho el incumplimiento, ya que el "texto es muy claro, se discutió expresamente en el ámbito" y "los acuerdos se firmaron para cumplir".
El País Digital
jueves, 16 de setiembre de 2010
Nueva reunión de comisión multipartidaria de Seguridad
El Secretario General de la Comuna Canaria, Prof. Yamandú Orsi, participó en otra reunión de trabajo con representantes de la oposición en la que se continuó intercambiando opiniones sobre Seguridad Ciudadana.
La entrevista tuvo lugar el 15 de setiembre en el local del Centro Coordinador de Emergencia Departamental (CECOED) en la ciudad de Canelones.
La Seguridad Ciudadana y su abordaje desde la Intendencia de Canelones, es uno de los cinco puntos considerados centrales por la Administración de Carámbula, en los que se pretende lograr acuerdos básicos con la oposición.
El Secretario General Profesor Yamandú Orsi, hizo un resumen de los temas analizados.
“La idea es conversar con todos los sectores políticos del departamento, incluso con las propias fracciones de los partidos que deseen concurrir. Aquí estamos los cuatro partidos presentes, para determinar que papel juega un gobierno departamental, o los
gobiernos locales ahora, o que pueden llegar a jugar en este tema tan sentido: el de la seguridad.
“Es simplemente eso, con la idea de llegar a algunos acuerdos en materia de plazos, porque los vecinos nos están exigiendo, nos están pidiendo a todos los que somos actores públicos, ya sea desde las tiendas políticas o de la gestión (de gobierno) nos piden que colaboremos...que aportemos nuestro granito de arena...en algo que no es solo una sensación, es una realidad, las carencias que la sociedad tiene a nivel de seguridad y así colaborar desde donde se pueda”.
El ex Jefe de Policía de Canelones, Yamandú Castro, que participó en representacion del Partido Nacional, comentó que según su experiencia, debe haber un relacionamiento entre la Intendencia y la Jefatura, factor que tildó de fundamental, como lo es obviamente el rol de los legisladores.
“La gente está enrejada, está asustada y este es un problema de todos los uruguayos y no de partidos, porque cuando roban no preguntan si somos blancos, colorados y frenteamplistas. Creemos que nos debemos juntar, buscar soluciones y encontrar
sugerencias para los legisladores”.
Para el Partido Independiente esta fue la segunda reunión con el Secretario General de la Intendencia de Canelones, por el tema seguridad y presentó propuestas puntuales con la intención de colaborar y que la gente sienta que se está trabajando.
Por su parte el partido Colorado que siempre vio con buenos ojos esta idea de dialogar junto a la Intendencia y todos los partidos por este candente tema que preocupa a todos, planteó una iniciativa presentada en la campaña electoral y propuso la creación del sereno municipal.
La entrevista tuvo lugar el 15 de setiembre en el local del Centro Coordinador de Emergencia Departamental (CECOED) en la ciudad de Canelones.
La Seguridad Ciudadana y su abordaje desde la Intendencia de Canelones, es uno de los cinco puntos considerados centrales por la Administración de Carámbula, en los que se pretende lograr acuerdos básicos con la oposición.
El Secretario General Profesor Yamandú Orsi, hizo un resumen de los temas analizados.
“La idea es conversar con todos los sectores políticos del departamento, incluso con las propias fracciones de los partidos que deseen concurrir. Aquí estamos los cuatro partidos presentes, para determinar que papel juega un gobierno departamental, o los
gobiernos locales ahora, o que pueden llegar a jugar en este tema tan sentido: el de la seguridad.
“Es simplemente eso, con la idea de llegar a algunos acuerdos en materia de plazos, porque los vecinos nos están exigiendo, nos están pidiendo a todos los que somos actores públicos, ya sea desde las tiendas políticas o de la gestión (de gobierno) nos piden que colaboremos...que aportemos nuestro granito de arena...en algo que no es solo una sensación, es una realidad, las carencias que la sociedad tiene a nivel de seguridad y así colaborar desde donde se pueda”.
El ex Jefe de Policía de Canelones, Yamandú Castro, que participó en representacion del Partido Nacional, comentó que según su experiencia, debe haber un relacionamiento entre la Intendencia y la Jefatura, factor que tildó de fundamental, como lo es obviamente el rol de los legisladores.
“La gente está enrejada, está asustada y este es un problema de todos los uruguayos y no de partidos, porque cuando roban no preguntan si somos blancos, colorados y frenteamplistas. Creemos que nos debemos juntar, buscar soluciones y encontrar
sugerencias para los legisladores”.
Para el Partido Independiente esta fue la segunda reunión con el Secretario General de la Intendencia de Canelones, por el tema seguridad y presentó propuestas puntuales con la intención de colaborar y que la gente sienta que se está trabajando.
Por su parte el partido Colorado que siempre vio con buenos ojos esta idea de dialogar junto a la Intendencia y todos los partidos por este candente tema que preocupa a todos, planteó una iniciativa presentada en la campaña electoral y propuso la creación del sereno municipal.
miércoles, 15 de setiembre de 2010
30 años: por la Democracia vote NO / Pablo Mieres
Este año, el próximo 30 de noviembre, se cumplen treinta años del NO a la propuesta autoritaria de reforma constitucional de la dictadura. Esa noche comenzó el retorno a la democracia en nuestro país.
Por eso hemos decidido proponer a todos los partidos la organización de un evento en común para celebrar un acontecimiento inolvidable que quedará en nuestra memoria de manera imborrable. La idea es que el próximo 30 de noviembre los representantes de todos los partidos junto al pueblo, protagonista indiscutible de aquella jornada, recordemos con emoción la enorme grandeza de aquel pronunciamiento.
Todos juntos, los partidos, por encima de banderas e ideologías, debemos recordar y saludar aquel episodio histórico que representó la enorme convicción democrática de la inmensa mayoría de nuestro pueblo.
Estamos seguros de que esta iniciativa contará con el aval de todos los partidos y que encontraremos la manera de celebrarlo y conmemorarlo de forma que todos nos sintamos parte de esa historia.
Ya hemos tomado contacto con los principales dirigentes de todos los partidos y hemos recibido respuestas favorables que nos permiten imaginar la gran instancia pública que el aniversario merece.
Aquel día los uruguayos mandábamos una memorable señal al mundo. Era posible derrotar a una dictadura en las urnas, a pesar de que esta contaba con el monopolio del poder político y de la fuerza, a pesar de que contaba con la suma de la arbitrariedad, a pesar de que solo hubo campaña publicitaria a favor del SI, a pesar de que muchos quisieron hacernos creer que votar el SI era un camino para la democracia.
A pesar de que dos meses y medio antes en Chile la dictadura de Pinochet había logrado legitimar por Plebiscito otro proyecto constitucional autoritario. A pesar de que durante más de siete años la dictadura uruguaya había hecho lo que quiso a su real antojo y sin permitir ninguna manifestación crítica o de oposición.
En esa noche inolvidable, dominada por un tremendo silencio elocuente y rotundo, los uruguayos habíamos decidido, a la uruguaya, en las urnas y sin escándalo, comenzar a ponerle final a la década oscura y negra.
En esa noche mágica, comenzamos a creer que se había producido el heroico pronunciamiento cuando en la pantalla de televisión apareció la imagen del Ministro del Interior, Gral. Núñez, cuyo perceptible temblor en sus manos indicaba que algo sorprendente había ocurrido. Ese fue el instante en que dimos el primer paso de regreso a nuestra perdida democracia.
Antes se había realizado una campaña clandestina, valiente y soterrada, fundada en el "boca a boca" que promovía el histórico voto por NO, en las familias, entre amigos, con los vecinos y compañeros de trabajo.
Unos recorrieron el país visitando a los viejos dirigentes locales en los diferentes pueblos y ciudades del Interior del país, despertando las viejas y guardadas convicciones; otros pegábamos pequeños "pegotines" en los baños públicos, en las paradas de ómnibus, en las columnas de alumbrado público reclamando el voto por NO. Otros pudieron organizar hasta un acto en un cine, y otros finalmente pudieron participar del único espacio público autorizado en una Mesa Redonda televisada en la que los Dres. Enrique Tarigo y Eduardo Pons Etcheverry arrollaron a los patéticos representantes de la dictadura.
Finalmente, otros desde la cárcel o desde el exilio esperaban con mayor o menor esperanza que los uruguayos les dieran el mayor regalo posible, como efectivamente ocurrió.
Así, todos juntos, vivimos aquella noche inaugural de un nuevo tiempo. Así, todos juntos, debemos conmemorar las tres décadas de aquel hecho memorable que nos reafirmó definitivamente como un pueblo libre y democrático.
Por eso hemos decidido proponer a todos los partidos la organización de un evento en común para celebrar un acontecimiento inolvidable que quedará en nuestra memoria de manera imborrable. La idea es que el próximo 30 de noviembre los representantes de todos los partidos junto al pueblo, protagonista indiscutible de aquella jornada, recordemos con emoción la enorme grandeza de aquel pronunciamiento.
Todos juntos, los partidos, por encima de banderas e ideologías, debemos recordar y saludar aquel episodio histórico que representó la enorme convicción democrática de la inmensa mayoría de nuestro pueblo.
Estamos seguros de que esta iniciativa contará con el aval de todos los partidos y que encontraremos la manera de celebrarlo y conmemorarlo de forma que todos nos sintamos parte de esa historia.
Ya hemos tomado contacto con los principales dirigentes de todos los partidos y hemos recibido respuestas favorables que nos permiten imaginar la gran instancia pública que el aniversario merece.
Aquel día los uruguayos mandábamos una memorable señal al mundo. Era posible derrotar a una dictadura en las urnas, a pesar de que esta contaba con el monopolio del poder político y de la fuerza, a pesar de que contaba con la suma de la arbitrariedad, a pesar de que solo hubo campaña publicitaria a favor del SI, a pesar de que muchos quisieron hacernos creer que votar el SI era un camino para la democracia.
A pesar de que dos meses y medio antes en Chile la dictadura de Pinochet había logrado legitimar por Plebiscito otro proyecto constitucional autoritario. A pesar de que durante más de siete años la dictadura uruguaya había hecho lo que quiso a su real antojo y sin permitir ninguna manifestación crítica o de oposición.
En esa noche inolvidable, dominada por un tremendo silencio elocuente y rotundo, los uruguayos habíamos decidido, a la uruguaya, en las urnas y sin escándalo, comenzar a ponerle final a la década oscura y negra.
En esa noche mágica, comenzamos a creer que se había producido el heroico pronunciamiento cuando en la pantalla de televisión apareció la imagen del Ministro del Interior, Gral. Núñez, cuyo perceptible temblor en sus manos indicaba que algo sorprendente había ocurrido. Ese fue el instante en que dimos el primer paso de regreso a nuestra perdida democracia.
Antes se había realizado una campaña clandestina, valiente y soterrada, fundada en el "boca a boca" que promovía el histórico voto por NO, en las familias, entre amigos, con los vecinos y compañeros de trabajo.
Unos recorrieron el país visitando a los viejos dirigentes locales en los diferentes pueblos y ciudades del Interior del país, despertando las viejas y guardadas convicciones; otros pegábamos pequeños "pegotines" en los baños públicos, en las paradas de ómnibus, en las columnas de alumbrado público reclamando el voto por NO. Otros pudieron organizar hasta un acto en un cine, y otros finalmente pudieron participar del único espacio público autorizado en una Mesa Redonda televisada en la que los Dres. Enrique Tarigo y Eduardo Pons Etcheverry arrollaron a los patéticos representantes de la dictadura.
Finalmente, otros desde la cárcel o desde el exilio esperaban con mayor o menor esperanza que los uruguayos les dieran el mayor regalo posible, como efectivamente ocurrió.
Así, todos juntos, vivimos aquella noche inaugural de un nuevo tiempo. Así, todos juntos, debemos conmemorar las tres décadas de aquel hecho memorable que nos reafirmó definitivamente como un pueblo libre y democrático.
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