domingo, 24 de octubre de 2010
Mi carta de desvinculación del PI
De mi mayor consideración:
Me presento ante ustedes a través de este medio a fin de manifestar mi voluntad indeclinable de desvincularme definitivamente del Partido Independiente. Esto implica la solicitud de desafiliación, así como la renuncia a mi cargo de suplente en la Mesa Ejecutiva Departamental de Canelones y a mi representación en la Comisión del Bicentenario de la Gesta Artiguista, en la cual a partir de este momento participaré en calidad estrictamente personal.
La resolución que hago pública en este momento ha sido la resultante de mis discrepancias con diversas circunstancias que se viven dentro del PI desde hace ya un tiempo y que hoy se materializan en el presente comunicado.
Fue con gran entusiasmo, ilusión y esperanza que me involucré en este proyecto; y es con gran dolor, tristeza y pesadumbre que hoy me alejo de él.
Siento que en el contexto actual, me es imposible encontrar un lugar dentro del partido en donde mis ideas y aportes puedan ser valorados y tomados en cuenta. Desde mi perspectiva tan subjetiva como cuestionable, percibo que ya no tiene ningún sentido permanecer en un sitio donde el esfuerzo y el compromiso no son reconocidos, ya que otros criterios menos compartibles son los que se utilizan al valorar el rol que cada quien ocupa dentro de este colectivo, que ni siquiera funciona como tal sino como un instrumento para satisfacer los deseos personales de una minoría. Más aún tratándose de un partido que en el actual panorama político uruguayo solo puede jugar un rol testimonial y carece de posibilidades ciertas de crecer electoralmente de manera significativa, lo cual constituye una situación coyuntural que escapa a sus ámbitos de control.
Otras puertas se me han abierto en donde creo poder encontrar el sentido de pertenencia y el grado de participación, que en un grupo con la filosofía de trabajo del PI jamás llegaré a obtener. No hablo de incidencia política ni electoral, sino del funcionamiento colectivo sin prejuicios ni actitudes maniqueas que se necesita para construir un grupo en donde todos sus integrantes puedan ser partícipes y sentirse protagonistas de su propio destino.
Solo me quedan palabras de agradecimiento para todos ustedes. Mi pasaje por el PI ha significado una excepcional e inolvidable etapa de aprendizaje y es con profundo dolor que estoy optando por este cambio de rumbo, aunque también con la esperanza que supone un nuevo comenzar.
Muchas gracias por todo compañeros!!! Hasta siempre!!!!
Lucía Machiarena
Me presento ante ustedes a través de este medio a fin de manifestar mi voluntad indeclinable de desvincularme definitivamente del Partido Independiente. Esto implica la solicitud de desafiliación, así como la renuncia a mi cargo de suplente en la Mesa Ejecutiva Departamental de Canelones y a mi representación en la Comisión del Bicentenario de la Gesta Artiguista, en la cual a partir de este momento participaré en calidad estrictamente personal.
La resolución que hago pública en este momento ha sido la resultante de mis discrepancias con diversas circunstancias que se viven dentro del PI desde hace ya un tiempo y que hoy se materializan en el presente comunicado.
Fue con gran entusiasmo, ilusión y esperanza que me involucré en este proyecto; y es con gran dolor, tristeza y pesadumbre que hoy me alejo de él.
Siento que en el contexto actual, me es imposible encontrar un lugar dentro del partido en donde mis ideas y aportes puedan ser valorados y tomados en cuenta. Desde mi perspectiva tan subjetiva como cuestionable, percibo que ya no tiene ningún sentido permanecer en un sitio donde el esfuerzo y el compromiso no son reconocidos, ya que otros criterios menos compartibles son los que se utilizan al valorar el rol que cada quien ocupa dentro de este colectivo, que ni siquiera funciona como tal sino como un instrumento para satisfacer los deseos personales de una minoría. Más aún tratándose de un partido que en el actual panorama político uruguayo solo puede jugar un rol testimonial y carece de posibilidades ciertas de crecer electoralmente de manera significativa, lo cual constituye una situación coyuntural que escapa a sus ámbitos de control.
Otras puertas se me han abierto en donde creo poder encontrar el sentido de pertenencia y el grado de participación, que en un grupo con la filosofía de trabajo del PI jamás llegaré a obtener. No hablo de incidencia política ni electoral, sino del funcionamiento colectivo sin prejuicios ni actitudes maniqueas que se necesita para construir un grupo en donde todos sus integrantes puedan ser partícipes y sentirse protagonistas de su propio destino.
Solo me quedan palabras de agradecimiento para todos ustedes. Mi pasaje por el PI ha significado una excepcional e inolvidable etapa de aprendizaje y es con profundo dolor que estoy optando por este cambio de rumbo, aunque también con la esperanza que supone un nuevo comenzar.
Muchas gracias por todo compañeros!!! Hasta siempre!!!!
Lucía Machiarena
sábado, 9 de octubre de 2010
Ley de caducidad ¿atropello o acuerdo?
La ley de caducidad ha sido ratificada dos veces mediante el voto popular con diferencia de dos décadas. Algunos sostenían que el veredicto de 1989 estuvo afectado por la situación política de ese entonces, en donde “sobrevoló o subyació” algún tipo de amenaza institucional. Es muy dudoso que el temperamento de la ciudadanía haya estado afectado por la supuesta amenaza, pero lo que resulta muy claro es que esos riesgos estuvieron totalmente ausentes de la consulta de octubre de 2009 y, sin embargo, la ciudadanía volvió a ratificar la ley.
Esta es una señal categórica que no puede ser soslayada en el debate ni en la búsqueda de nuevas soluciones jurídicas. Sin embargo, la bancada del Frente Amplio, amparada en su mayoría absoluta, acaba de presentar un proyecto de ley que pretende eliminar la ley de caducidad mediante un mecanismo que se lleva por delante varios principios generales del derecho.
La bancada del Frente Amplio pretende aprobar por cincuenta a cuarenta y nueve, en el Parlamento, lo que la ciudadanía rechazó hace solo un año. Para ello ha diseñado un mecanismo rotundamente ilegítimo que otorga a la norma proyectada una naturaleza supuestamente superior, en tanto interpreta la Constitución y luego interpreta su propia interpretación, dando un “doble salto mortal” que se pasa por encima al principio de la jerarquía de las normas y el principio de la soberanía del pueblo para definir los contenidos de su Carta Magna.
La proyectada ley se autoatribuye el poder ilegítimo de determinar nuevos contenidos a la Constitución, por la vía de una interpretación a todas luces abusiva. Y, a su vez, luego de atribuirle nuevos contenidos a la Ley Fundamental, utiliza esos contenidos para pretender anular la Ley de Caducidad.
Un disparate atrás de otro que sumados marcan seguramente un record en el desprecio al orden jurídico vigente.
La eliminación de la Ley de Caducidad, que en su contenido siempre hemos condenado y cuestionado por creerla inconstitucional e injusta, solo puede ser resultado de un procedimiento que cumpla con tres condiciones fundamentales: (a) que cuente con una nueva manifestación popular que modifique el pronunciamiento reciente, es decir que no alcanza con un pronunciamiento legislativo; (b) que sea el resultado de un entendimiento político amplio capaz de superar la vieja y radical división política de nuestro país y (c) tan importante como lo anterior, que su procedimiento sea acorde a los principios del Estado de Derecho y, por lo tanto, que se respeten las reglas de juego y la legitimidad de las formas.
Ninguna de esas condiciones está presente en la propuesta presentada. Es por eso que hemos trabajado, a partir de una idea del Dr. Hebert Gatto, en la propuesta de una reforma constitucional por la vía de una Ley Constitucional que cuente con el respaldo de todos los partidos, y que sea luego sometida a Plebiscito, para que los fallos de la Suprema Corte de Justicia referidos a la constitucionalidad de las leyes posean carácter general y determinen por tanto, en caso de ocurrir, la anulación de la ley impugnada.
La ampliación del alcance de la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte, posee numerosos ejemplos en el Derecho Comparado y evita las injustas situaciones que ocurren como resultado de que, en la actual normativa, el fallo de la Corte solo alcanza al caso concreto y los reclamantes específicos.
Este es el único camino posible que cumple con los tres requisitos fundamentales para lograr el punto final de un largo diferendo que ha fracturado a nuestra sociedad y a nuestro sistema político. Habría un pronunciamiento popular como resultado de un acuerdo político multipartidario y se utilizaría un camino jurídico legítimo y dentro de las reglas del Estado de Derecho.
A ello dedicaremos nuestro esfuerzo e intentaremos sumar todas las voluntades detrás de esta iniciativa.
La otra opción, en caso de avanzar, generará un aluvión de reclamos de inconstitucionalidad que tendrá altas probabilidades de prosperar habida cuenta del estropicio jurídico de su enunciado, por lo tanto las situaciones referidas continuarán empantanadas.
Esta es una señal categórica que no puede ser soslayada en el debate ni en la búsqueda de nuevas soluciones jurídicas. Sin embargo, la bancada del Frente Amplio, amparada en su mayoría absoluta, acaba de presentar un proyecto de ley que pretende eliminar la ley de caducidad mediante un mecanismo que se lleva por delante varios principios generales del derecho.
La bancada del Frente Amplio pretende aprobar por cincuenta a cuarenta y nueve, en el Parlamento, lo que la ciudadanía rechazó hace solo un año. Para ello ha diseñado un mecanismo rotundamente ilegítimo que otorga a la norma proyectada una naturaleza supuestamente superior, en tanto interpreta la Constitución y luego interpreta su propia interpretación, dando un “doble salto mortal” que se pasa por encima al principio de la jerarquía de las normas y el principio de la soberanía del pueblo para definir los contenidos de su Carta Magna.
La proyectada ley se autoatribuye el poder ilegítimo de determinar nuevos contenidos a la Constitución, por la vía de una interpretación a todas luces abusiva. Y, a su vez, luego de atribuirle nuevos contenidos a la Ley Fundamental, utiliza esos contenidos para pretender anular la Ley de Caducidad.
Un disparate atrás de otro que sumados marcan seguramente un record en el desprecio al orden jurídico vigente.
La eliminación de la Ley de Caducidad, que en su contenido siempre hemos condenado y cuestionado por creerla inconstitucional e injusta, solo puede ser resultado de un procedimiento que cumpla con tres condiciones fundamentales: (a) que cuente con una nueva manifestación popular que modifique el pronunciamiento reciente, es decir que no alcanza con un pronunciamiento legislativo; (b) que sea el resultado de un entendimiento político amplio capaz de superar la vieja y radical división política de nuestro país y (c) tan importante como lo anterior, que su procedimiento sea acorde a los principios del Estado de Derecho y, por lo tanto, que se respeten las reglas de juego y la legitimidad de las formas.
Ninguna de esas condiciones está presente en la propuesta presentada. Es por eso que hemos trabajado, a partir de una idea del Dr. Hebert Gatto, en la propuesta de una reforma constitucional por la vía de una Ley Constitucional que cuente con el respaldo de todos los partidos, y que sea luego sometida a Plebiscito, para que los fallos de la Suprema Corte de Justicia referidos a la constitucionalidad de las leyes posean carácter general y determinen por tanto, en caso de ocurrir, la anulación de la ley impugnada.
La ampliación del alcance de la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte, posee numerosos ejemplos en el Derecho Comparado y evita las injustas situaciones que ocurren como resultado de que, en la actual normativa, el fallo de la Corte solo alcanza al caso concreto y los reclamantes específicos.
Este es el único camino posible que cumple con los tres requisitos fundamentales para lograr el punto final de un largo diferendo que ha fracturado a nuestra sociedad y a nuestro sistema político. Habría un pronunciamiento popular como resultado de un acuerdo político multipartidario y se utilizaría un camino jurídico legítimo y dentro de las reglas del Estado de Derecho.
A ello dedicaremos nuestro esfuerzo e intentaremos sumar todas las voluntades detrás de esta iniciativa.
La otra opción, en caso de avanzar, generará un aluvión de reclamos de inconstitucionalidad que tendrá altas probabilidades de prosperar habida cuenta del estropicio jurídico de su enunciado, por lo tanto las situaciones referidas continuarán empantanadas.
Ley de caducidad: no violar las reglas de juego / Pablo Mieres
La ley de caducidad fue una respuesta a nuestro juicio equivocada con respecto al tratamiento judicial de los graves hechos y violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado dictatorial. En su momento estuvimos entre los que militamos enérgicamente contra ella y buscamos, por los caminos que nuestro orden jurídico permitía, su eliminación por la vía del recurso de referéndum.
Juntamos firmas y votamos. La ciudadanía no compartió nuestra opinión y en abril de 1989 votó mayoritariamente por la confirmación de la referida norma. Una vez que el Frente Amplio accedió al gobierno, durante la gestión del Dr. Vázquez, la ley de caducidad fue interpretada de manera jurídicamente más correcta y ello permitió avances en la investigación de diversos casos de violación de los derechos humanos. La ley de caducidad no era un manto extenso que permitía cobijar a todo y a todos, como lamentablemente interpretaron los gobiernos anteriores; como toda norma tenía sus límites y dejaba fuera de la impunidad a numerosos casos y situaciones.
Sin embargo, el partido de gobierno entendió que era necesario promover una reforma constitucional que eliminara la lamentable ley. Para ello presentó a plebiscito una iniciativa que era a todas luces contradictoria con el orden jurídico vigente, por cuanto pretendía consagrar la anulación, cosa que no está prevista en nuestro derecho.
La ciudadanía volvió a expresarse en octubre de 2009 y volvió a ratificar la vigencia de esta norma. Sin embargo, y a pesar de las ratificaciones populares, el Frente Amplio ahora insiste con un nuevo proyecto de ley que pretende, por la vía de la interpretación de la Constitución, anular la malhadada ley. Otra vez pretende llevarse por delante las reglas de juego. Otra vez se pretende que el hecho de sentir que se tiene razón es o debe ser más fuerte que el respeto a las instituciones.
El problema es, más allá de las razones o sinrazones, la mentalidad que está detrás de este tema, es un razonamiento que pone por encima de las reglas de juego un supuesto derecho superior que se construye sin fundamento jurídico.
La democracia reposa en el respeto a las reglas de juego y es por eso que, para nosotros que estuvimos y estamos en contra de lo que dispuso la ley de caducidad, de todos modos la lógica democrática se hace más fuerte que cualquier otra cosa.
Solo existen dos alternativas jurídicamente viables.
Una es la derogación de la ley de caducidad y nosotros estamos dispuestos a recorrer ese camino que quita de nuestro ordenamiento jurídico a una norma que viola el principio de separación de poderes restableciendo equilibrios más correctos. Se nos ha dicho que la derogación no permite el juicio de los casos que ya fueron liberados por el efecto de la mencionada ley, y es verdad porque el principio de no retroactividad de la ley es un principio básico de las garantías de los ciudadanos, de todos los ciudadanos de los que se lo merecen y de los que no se lo merecen.
La otra alternativa que estamos dispuestos a recorrer es la aprobación de una Ley Constitucional que, con el apoyo de dos tercios del Parlamento, pueda ser sometida a plebiscito y por la que se modifique el alcance de las sentencias de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia.
En buena parte de los países del mundo existe una potestad jurisdiccional que permite declarar la inconstitucionalidad de una ley y, por tanto, hacerla inaplicable para todos los casos. En nuestro país no es así, una sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte solo tiene efectos para el accionante o el recurrente, pero la ley continúa vigente y mantiene todos sus efectos.
Pero, la aprobación de una reforma constitucional que otorgue a las sentencias de la Suprema Corte un efecto general permitiría que la declaración de inconstitucionalidad sobre la ley de caducidad produjera efectos definitivos eliminando la norma de nuestro ordenamiento jurídico y permitiendo que las acciones referidas a aquellos hechos puedan presentarse sin obstáculo.
Esta será nuestra iniciativa, en la búsqueda de cerrar este largo e injusto capítulo, sin que para ello haya que violar la Constitución ni los principios generales del derecho.
Juntamos firmas y votamos. La ciudadanía no compartió nuestra opinión y en abril de 1989 votó mayoritariamente por la confirmación de la referida norma. Una vez que el Frente Amplio accedió al gobierno, durante la gestión del Dr. Vázquez, la ley de caducidad fue interpretada de manera jurídicamente más correcta y ello permitió avances en la investigación de diversos casos de violación de los derechos humanos. La ley de caducidad no era un manto extenso que permitía cobijar a todo y a todos, como lamentablemente interpretaron los gobiernos anteriores; como toda norma tenía sus límites y dejaba fuera de la impunidad a numerosos casos y situaciones.
Sin embargo, el partido de gobierno entendió que era necesario promover una reforma constitucional que eliminara la lamentable ley. Para ello presentó a plebiscito una iniciativa que era a todas luces contradictoria con el orden jurídico vigente, por cuanto pretendía consagrar la anulación, cosa que no está prevista en nuestro derecho.
La ciudadanía volvió a expresarse en octubre de 2009 y volvió a ratificar la vigencia de esta norma. Sin embargo, y a pesar de las ratificaciones populares, el Frente Amplio ahora insiste con un nuevo proyecto de ley que pretende, por la vía de la interpretación de la Constitución, anular la malhadada ley. Otra vez pretende llevarse por delante las reglas de juego. Otra vez se pretende que el hecho de sentir que se tiene razón es o debe ser más fuerte que el respeto a las instituciones.
El problema es, más allá de las razones o sinrazones, la mentalidad que está detrás de este tema, es un razonamiento que pone por encima de las reglas de juego un supuesto derecho superior que se construye sin fundamento jurídico.
La democracia reposa en el respeto a las reglas de juego y es por eso que, para nosotros que estuvimos y estamos en contra de lo que dispuso la ley de caducidad, de todos modos la lógica democrática se hace más fuerte que cualquier otra cosa.
Solo existen dos alternativas jurídicamente viables.
Una es la derogación de la ley de caducidad y nosotros estamos dispuestos a recorrer ese camino que quita de nuestro ordenamiento jurídico a una norma que viola el principio de separación de poderes restableciendo equilibrios más correctos. Se nos ha dicho que la derogación no permite el juicio de los casos que ya fueron liberados por el efecto de la mencionada ley, y es verdad porque el principio de no retroactividad de la ley es un principio básico de las garantías de los ciudadanos, de todos los ciudadanos de los que se lo merecen y de los que no se lo merecen.
La otra alternativa que estamos dispuestos a recorrer es la aprobación de una Ley Constitucional que, con el apoyo de dos tercios del Parlamento, pueda ser sometida a plebiscito y por la que se modifique el alcance de las sentencias de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia.
En buena parte de los países del mundo existe una potestad jurisdiccional que permite declarar la inconstitucionalidad de una ley y, por tanto, hacerla inaplicable para todos los casos. En nuestro país no es así, una sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte solo tiene efectos para el accionante o el recurrente, pero la ley continúa vigente y mantiene todos sus efectos.
Pero, la aprobación de una reforma constitucional que otorgue a las sentencias de la Suprema Corte un efecto general permitiría que la declaración de inconstitucionalidad sobre la ley de caducidad produjera efectos definitivos eliminando la norma de nuestro ordenamiento jurídico y permitiendo que las acciones referidas a aquellos hechos puedan presentarse sin obstáculo.
Esta será nuestra iniciativa, en la búsqueda de cerrar este largo e injusto capítulo, sin que para ello haya que violar la Constitución ni los principios generales del derecho.
martes, 5 de octubre de 2010
PI propone modificar Constitución por Ley de Caducidad
Dirigentes del Partido Independiente promoverán una Reforma Constitucional que modifique el alcance de las sentencias de la SCJ. En declaraciones a Montevideo Portal Pablo Mieres sostuvo que la iniciativa que impulsa el Frente Amplio para anular la Ley de Caducidad "viola las reglas democráticas del juego". Reunidos con el presidente José Mujica manifestaron que votarán la Ley de Presupuesto en términos generales.
Los dirigentes del Partido Independiente se reunieron con el presidente José Mujica para abordar diferentes asuntos. En el encuentro manifestaron que su fuerza política promoverá una Reforma Constitucional que modifique el alcance de las sentencias de inconstitucionalidad realizadas por la Suprema Corte de Justicia.
El líder del partido, Pablo Mieres, explicó a Montevideo Portal que si bien se busca aplicar esta iniciativa para el caso de la Ley de Caducidad, se apunta a que esto "tenga un alcance general".
A pesar de que Mieres coincide con la finalidad de que la Ley de Caducidad no tenga valor, insiste en que anularla por la vía parlamentaria, como propuso la bancada del Frente Amplio, no es la mejor forma. "No estamos de acuerdo porque el proyecto viola las reglas democráticas de juego", dijo Mieres. La propuesta del PI apunta a que "cualquier norma que sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, sea anulada".
Si bien el presidente no manifestó su opinión al respecto y se limitó a "escuchar", los integrantes del PI van a "iniciar una recorrida por los demás partidos para proponer esta iniciativa".
Por otra parte, los independientes le transmitieron a Mujica la voluntad de "acompañar la votación de la Ley de Presupuesto en forma general".
"Es el único partido de oposición que vota en términos generales el presupuesto y eso porque compartimos las prioridades estratégicas que plantea la ley en materia de educación, seguridad vivienda y protección social. Estamos de acuerdo tanto con el enunciado como en los instrumentos que se utilizan, entre los que figuran las asignaciones familiares, la eliminación del servicio 222 y la inversión en infraestructura. Esas son algunas de las razones del apoyo".
A pesar de eso, la fuerza no votará la creación de cargos de confianza, la de los coordinadores de Presidencia y los artículos que apuntan a minimizar la autonomía de la Unidad Reguladora de las Comunicaciones (URSEC).
En el encuentro con el presidente, Mieres reiteró la intención del partido de que se incluya en la Ley de Presupuesto un artículo que señale que "si el país crece más de lo previsto, una parte de ello se aplique a lo que sería abatimiento de deuda o generación de reserva". Ésta es una "señal de preocupación para que no haya un exceso en el gasto", señaló Mieres.
Montevideo Portal
Los dirigentes del Partido Independiente se reunieron con el presidente José Mujica para abordar diferentes asuntos. En el encuentro manifestaron que su fuerza política promoverá una Reforma Constitucional que modifique el alcance de las sentencias de inconstitucionalidad realizadas por la Suprema Corte de Justicia.
El líder del partido, Pablo Mieres, explicó a Montevideo Portal que si bien se busca aplicar esta iniciativa para el caso de la Ley de Caducidad, se apunta a que esto "tenga un alcance general".
A pesar de que Mieres coincide con la finalidad de que la Ley de Caducidad no tenga valor, insiste en que anularla por la vía parlamentaria, como propuso la bancada del Frente Amplio, no es la mejor forma. "No estamos de acuerdo porque el proyecto viola las reglas democráticas de juego", dijo Mieres. La propuesta del PI apunta a que "cualquier norma que sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, sea anulada".
Si bien el presidente no manifestó su opinión al respecto y se limitó a "escuchar", los integrantes del PI van a "iniciar una recorrida por los demás partidos para proponer esta iniciativa".
Por otra parte, los independientes le transmitieron a Mujica la voluntad de "acompañar la votación de la Ley de Presupuesto en forma general".
"Es el único partido de oposición que vota en términos generales el presupuesto y eso porque compartimos las prioridades estratégicas que plantea la ley en materia de educación, seguridad vivienda y protección social. Estamos de acuerdo tanto con el enunciado como en los instrumentos que se utilizan, entre los que figuran las asignaciones familiares, la eliminación del servicio 222 y la inversión en infraestructura. Esas son algunas de las razones del apoyo".
A pesar de eso, la fuerza no votará la creación de cargos de confianza, la de los coordinadores de Presidencia y los artículos que apuntan a minimizar la autonomía de la Unidad Reguladora de las Comunicaciones (URSEC).
En el encuentro con el presidente, Mieres reiteró la intención del partido de que se incluya en la Ley de Presupuesto un artículo que señale que "si el país crece más de lo previsto, una parte de ello se aplique a lo que sería abatimiento de deuda o generación de reserva". Ésta es una "señal de preocupación para que no haya un exceso en el gasto", señaló Mieres.
Montevideo Portal
lunes, 4 de octubre de 2010
Independientes acompañarán votación del Prespuesto
La Junta Federal del Partido Independiente (PI) resolvió votar en general la ley de Presupuesto que el gobierno envió al Parlamento. La discusión del articulado comenzó el domingo en comisión de Diputados. Blancos y colorados se pronunciaron en contra de la misma.
El diputado Iván Posada explicó a EL PAÍS digital que el voto positivo radica en que se comparten los lineamientos generales del proyecto de ley en materia de distribución de recursos en cuatro áreas que para el PI son de "alta prioridad": educación, seguridad pública, vivienda y protección social.
Posada agregó que se mantienen fuertes críticas sobre la creación de cargos, como los coordinadores departamentales, y normas relativas a los funcionarios que "a nuestro juicio tienen varias carencias".
Por otro lado y sobre la votación que se inició hoy, el presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, Doreen Ibarra, explicó que la finalidad es dividir la votación en tres días.
El domingo estuvieron reunidos hasta las 21:00 horas,hoy y el martes sesionarán desde las ocho de la mañana hasta las 21:00 horas, informó ayer El Espectador.
CADUCIDAD. En la reunión que mantuvo el Partido Independiente también se analizó la propuesta del Frente Amplio de anular la Ley de Caducidad. Posada dijo que se resolvió rechazar esta iniciativa por cuestiones de caracter jurídico y político.
"Consideramos que ese proyecto de ley es ajeno a nuestro estado de Derecho" y recordó que la sociedad ya expresó su rechazo, en octubre del año pasado, a un proyecto de reforma constitucional.
En ese sentido, el Partido Independiente analizar presentar un proyecto de reforma Constitucional por el cual se cambie el alcance de los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cuando declara una ley inconstitucional.
"Sería un cambio cualitativo que pondría a Uruguay en el mismo nivel que países europeos y de Latinoamérica, en cuanto a que un pronunciamiento de la SCJ en relación a la constitucionalidad de las leyes tendría carácter general y no exclusivo —como ocurre ahora— para la persona que hace el planteo", finalizó Posada.
El diputado Iván Posada explicó a EL PAÍS digital que el voto positivo radica en que se comparten los lineamientos generales del proyecto de ley en materia de distribución de recursos en cuatro áreas que para el PI son de "alta prioridad": educación, seguridad pública, vivienda y protección social.
Posada agregó que se mantienen fuertes críticas sobre la creación de cargos, como los coordinadores departamentales, y normas relativas a los funcionarios que "a nuestro juicio tienen varias carencias".
Por otro lado y sobre la votación que se inició hoy, el presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, Doreen Ibarra, explicó que la finalidad es dividir la votación en tres días.
El domingo estuvieron reunidos hasta las 21:00 horas,hoy y el martes sesionarán desde las ocho de la mañana hasta las 21:00 horas, informó ayer El Espectador.
CADUCIDAD. En la reunión que mantuvo el Partido Independiente también se analizó la propuesta del Frente Amplio de anular la Ley de Caducidad. Posada dijo que se resolvió rechazar esta iniciativa por cuestiones de caracter jurídico y político.
"Consideramos que ese proyecto de ley es ajeno a nuestro estado de Derecho" y recordó que la sociedad ya expresó su rechazo, en octubre del año pasado, a un proyecto de reforma constitucional.
En ese sentido, el Partido Independiente analizar presentar un proyecto de reforma Constitucional por el cual se cambie el alcance de los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cuando declara una ley inconstitucional.
"Sería un cambio cualitativo que pondría a Uruguay en el mismo nivel que países europeos y de Latinoamérica, en cuanto a que un pronunciamiento de la SCJ en relación a la constitucionalidad de las leyes tendría carácter general y no exclusivo —como ocurre ahora— para la persona que hace el planteo", finalizó Posada.
jueves, 30 de setiembre de 2010
Reunión de la Intendencia y los diputados electos por Canelones
El Intendente Carámbula se reunió con los diputados y diputadas de Canelones para explicar cual es la situación financiera de la Comuna. Estuvieron presentes legisladores de todos los partidos políticos. La reunión se realizó en la Sala de
Actos de la Intendencia de Canelones.
El Dr. Marcos Carámbula, acompañado por la Prosecretaria Gral. de la Comuna Loreley Rodríguez y el Director Gral. de Recursos Financieros Mario Mariño, recibió a los diputados y diputadas del departamento de Canelones, para explicar cual es la situación financiera de la Comuna y las soluciones que se están tomando al respecto.
Estuvieron presentes legisladores de todos los partidos políticos. Por el Frente Amplio concurrieron Sebastián Sabini, Juan Carlos Souza, Raúl Olivera, José Carlos Mahía y Horacio Yanes. Por el Partido Colorado estuvieron Gustavo Espinosa y Graciela Mattiaude. Por el Partido Nacional llegó Daniel López Villalba. Por el Partido Independiente concurrió Daniel Radío.
La Prosecretaria General de la Comuna Canaria Loreley Rodríguez, dijo que “la reunión estaba pautada dentro de una agenda de temas que el propio Intendente ha definido en conjunto con el equipo de gobierno, a efectos de poner a todos los niveles que participan en el departamento de Canelones, en conocimiento de lo que se ha divulgado en los últimos días, que es la situación económico financiera de la Comuna y una puesta a punto de los índices de morosidad que determinaron las distintas medidas que se están implementando en el departamento”.
Por su parte, el diputado Sebastián Sabini, comentó que era necesario este encuentro entre todos los sectores políticos para saber cual es la situación departamental. “Esto es muy importante para saber como está Canelones y cuales son las posibles soluciones”. En tanto, su colega José Carlos Mahía señaló que la reunión fue muy positiva. “Hacía tiempo que no participaba de una reunión de esta índole, es realmente para destacar porque hubo una información muy transparente de la Intendencia y además ideas de todos los partidos para revertir la situación”.
El diputado del Partido Colorado Gustavo Espinosa sostuvo que más allá de las diferencias es una buena señal hacía la población que se junten todos los partidos. “Una reunión altamente positiva y todos aportamos para construir el departamento. Los partidos seguirán teniendo matices, pero hay momentos en que hay que juntarse y dialogar para el bien de todos los pobladores de Canelones”.
El Nacionalista Daniel López Villalba coincidió con los demás legisladores que es
una buena señal hacía el ciudadano el reunirse todos los sectores políticos. “Por algo fuimos elegidos, para trabajar por los canarios, es estas cuestiones no podemos no juntarnos y conversar, debemos hacerlos, es muy positivo hacía la población este tipo de reuniones, si bien se marcan las diferencias también se debe aportar ideas”. IS
Actos de la Intendencia de Canelones.
El Dr. Marcos Carámbula, acompañado por la Prosecretaria Gral. de la Comuna Loreley Rodríguez y el Director Gral. de Recursos Financieros Mario Mariño, recibió a los diputados y diputadas del departamento de Canelones, para explicar cual es la situación financiera de la Comuna y las soluciones que se están tomando al respecto.
Estuvieron presentes legisladores de todos los partidos políticos. Por el Frente Amplio concurrieron Sebastián Sabini, Juan Carlos Souza, Raúl Olivera, José Carlos Mahía y Horacio Yanes. Por el Partido Colorado estuvieron Gustavo Espinosa y Graciela Mattiaude. Por el Partido Nacional llegó Daniel López Villalba. Por el Partido Independiente concurrió Daniel Radío.
La Prosecretaria General de la Comuna Canaria Loreley Rodríguez, dijo que “la reunión estaba pautada dentro de una agenda de temas que el propio Intendente ha definido en conjunto con el equipo de gobierno, a efectos de poner a todos los niveles que participan en el departamento de Canelones, en conocimiento de lo que se ha divulgado en los últimos días, que es la situación económico financiera de la Comuna y una puesta a punto de los índices de morosidad que determinaron las distintas medidas que se están implementando en el departamento”.
Por su parte, el diputado Sebastián Sabini, comentó que era necesario este encuentro entre todos los sectores políticos para saber cual es la situación departamental. “Esto es muy importante para saber como está Canelones y cuales son las posibles soluciones”. En tanto, su colega José Carlos Mahía señaló que la reunión fue muy positiva. “Hacía tiempo que no participaba de una reunión de esta índole, es realmente para destacar porque hubo una información muy transparente de la Intendencia y además ideas de todos los partidos para revertir la situación”.
El diputado del Partido Colorado Gustavo Espinosa sostuvo que más allá de las diferencias es una buena señal hacía la población que se junten todos los partidos. “Una reunión altamente positiva y todos aportamos para construir el departamento. Los partidos seguirán teniendo matices, pero hay momentos en que hay que juntarse y dialogar para el bien de todos los pobladores de Canelones”.
El Nacionalista Daniel López Villalba coincidió con los demás legisladores que es
una buena señal hacía el ciudadano el reunirse todos los sectores políticos. “Por algo fuimos elegidos, para trabajar por los canarios, es estas cuestiones no podemos no juntarnos y conversar, debemos hacerlos, es muy positivo hacía la población este tipo de reuniones, si bien se marcan las diferencias también se debe aportar ideas”. IS
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